La jueza de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al jefe de los Mossos, acusado de un delito de sedición. La fiscalía pedía para él prisión sin fianza, como también ha hecho en el caso de los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, para los que sí se ha decretado cárcel. Soraya Sáenz de Santamaría ha lamentado que Carles Puigdemont haya decidido «no contestar al requerimiento» del Gobierno en la misiva enviada este lunes a Rajoy en la que sí solicita una reunión para llegar a acuerdos
17 oct 2017 . Actualizado a las 18:34 h.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para quien la Fiscalía solicitaba prisión incondicional por su inacción durante el 1-O. Trapero deberá entregar su pasaporte, no podrá viajar al extranjero y deberá comparecer cada quince días. También están en la Audiencia Nacional los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, respectivamente. Tras declarar ante la jueza, la Fiscalía ha solicitado para ambos prisión sin fianza, una solicitud que Lamela ha atendido al considerarlos promotores de las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre.
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene hasta el jueves para rectificar después de que en la carta enviada este lunes no aclarase si había proclamado o no la independencia de Cataluña. En la carta, Puigdemont ha fijado un plazo de dos meses para concretar la reunión con el Gobierno central y emplaza a Rajoy a que se «revierta la presión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña» y ha puesto como ejemplo la comparecencia ante la Audiencia Nacional este lunes de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Sin embargo, desde el Gobierno no consideran válida la misiva enviada por el presidente catalán por falta de claridad en su respuesta y reiteran que Puigdemont tiene un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicar las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones.
May asegura que «no reconocería» la independencia
La primera ministra británica, Theresa May, trasladó hoy en una conversación al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que el Reino Unido «no reconocería» una declaración de independencia de Cataluña.
May afirmó que el referéndum que se celebró en la región española de Cataluña el pasado 1 de octubre «no tenía base legal» y que «cualquier declaración unilateral de independencia sería inconsistente con la legalidad», informó un portavoz de Downing Street.
Lamela ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía, tras rechazar su solicitud de enviar a prisión por estos hechos al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que ha impuesto medidas cautelares leves, han informado fuentes jurídicas.
Sánchez y Cuixart, a los que la juez acusa de «promover» las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía durante un registro de la Guardia Civil, son los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación a ese asedio que ingresan en prisión por estos hechos tras reclamarlo la Fiscalía.
La jueza Carmen Lamela ha decretado prisión sin fianza para los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y Ómnium, Jordi Cuixart, por su participación en las sucesos del 20 y 21 de septiembre en Cataluña.
Los Mossos d'Esquadra han afirmado en un tuit publicado hoy en su cuenta oficial que seguirán «demostrando con pruebas» que las «graves acusaciones» que les atribuyen «no se ajustan a la realidad».
Después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya dejado en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras declarar éste durante casi dos horas como investigado por sedición, la policía catalana ha publicado dos tuits en relación con este asunto.
En el primero de ellos, los Mossos d'Esquadra señalan: «Un día más hemos dado todas las explicaciones requeridas y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta».
En el segundo, la policía catalana subraya: «Seguiremos demostrando con pruebas que las graves acusaciones que nos atribuyen no se ajustan a la realidad».
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido de que la situación política actual de Cataluña es «muy perjudicial» para la continuidad de la recuperación económica, constituye una «amenaza» para el empleo de los catalanes, y si persiste el desafío independentista «se va a empobrecer», al tiempo que ha señalado que «no se puede hacer un Estado sin Hacienda pública».
«Lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat, además de situarse fuera del Estado de Derecho, es una amenaza para el empleo que hoy tienen los catalanes y al que aspiran a tener los catalanes», ha remachado Montoro, quien ha asegurado que en tres años la recuperación económica permitiría que la «gran mayoría» de ciudadanos de Cataluña estuviera en «pleno empleo» al ritmo de creación de puestos de trabajo actual, sin embargo «la Generalitat está impidiendo que eso ocurra».
Los informes de la Guardia Civil señala que los presidentes de la ANC y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, para los que la Fiscalía solicita prisión sin fianza, fueron responsables de «alentar a la masa» llamando a la protesta durante los registros los días 20 y 21 de septiembre tanto frente a la Consellería de Economía -de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas- como luego ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigados por sedición en relación con su actuación en el asedio a la Guardia Civil el 20 y 21 de septiembre.
Sánchez y Cuixart han comparecido ante Lamela después de que ésta haya dictado libertad con medidas cautelares para Trapero, en contra del criterio de la Fiscalía, que también había solicitado prisión para él.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este lunes al soberanismo catalán de que sería «un monumental disparate y una decisión temeraria» declarar la independencia de Cataluña, y ha mentado que esto supondría la suspensión de la autonomía y dificultaría aún más encontrar una solución para el conflicto político. Lo ha hecho en un artículo publicado en The New York Times en el que también ha pedido diálogo para superar la «gravísima crisis institucional».
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha celebrado este lunes la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de mantener en libertad al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para quien la fiscalía había pedido prisión incondicional por un presunto delito de sedición. Según Esteban, encarcelar a Trapero «habría sido impresentable y desmedido», señaló en Twitter.
Jordi Sánchez ha declarado durante 45 ante la jueza Carmen Lamela, quien dispone de nuevas informaciones aportadas en los atestados de la Guardia Civil, que sitúa tanto a Sànchez como al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el propio Trapero, dentro del organigrama diseñado por la Generalitat de Cataluña para conseguir la independencia.
Al igual que hizo con el mayor y la intentente de los Mossos, la Fiscalía ha solicitado prisión sin fianza para Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Naciona de Cataluña.
El auto de la jueza Carmen Lamela en el que deja en libertad a Trapero y Laplana señala que la intendente de los Mossos desoyó de forma reiterada las peticiones de intervención de la Guardia Civil cuando numerosos ciudadanos se concentraron el día 20 ante la Consellería de Economía, donde se efectuaron registros, para impedir la labor de la comisión judicial.
Según el auto, Laplana negó que la actuación ciudadana pudiese afectar a la seguridad cuando fue informada de que los manifestantes habían cortado el tráfico y siguió negándose a intervenir cuando, en comunicaciones sucesivas, el teniente de la Guardia Civil que encabezaba el operativo le informó de que los manifestantes estaban «subiéndose a los vehículos y lanzando objetos» y que su actitud era cada vez más agresiva. La intendente contestó, según el auto, «que no podía y que su intención era mantener la situación».
Ciudadanos recurrirá al Tribunal Constitucional la «vulneración de derechos sin precedentes» de los diputados del Parlament catalán, después de que la mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP haya decidido suspender el pleno previsto para esta semana, y ha pedido la dimisión de la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, por «silenciar» a la oposición y permitir el «cierre» del Parlament.
La Consejería de Enseñanza de la Generalitat ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los autores de «ataques a los alumnos, docentes y al conjunto de la escuela catalana», entre ellos «destacados miembros del Gobierno español y las formaciones políticas que le dan apoyo».
Una petición en Change.org ha reunido más de 220.000 apoyos para que el Govern denuncie al presidente del PP catalán, Xabier García Albiol, por decir que en la escuela pública catalana «en lugar de enseñar a los niños, se les educa para odiar a España».
La decisión de la juez Carmen Lamela supone que Trapero tendrá el pasaporte retirado, no podrá salir de España y deberá comparecer en sede judicial cada quince días.
La jueza Carmen Lamela impone al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, libertad con medidas cautelares. La decisión de la magistrada es la misma que para la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, para la que la Fiscalía había solicitado prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.
El major de los Mossos d'Esquadra ya se encuentra en el interior de la Audiencia Nacional para conocer la resolución de la jueza Carmen Lamela. La Fiscalía ha solicitado para él prisión sin fianza.
La presidenta del Parlament ha advertido que continuará «defendiendo la libertad de expresión» después de que el TSJC haya confirmado este lunes la investigación contra ella por haber permitido la ley del referendo y la de transitoriedad.
Junts pel Sí y la CUP han decidido aplazar, aunque sin fecha, la sesión del Parlament prevista para esta semana (jueves y viernes) por «la situación excepcional que vive Cataluña y la posible activación del artículo 155 de la Constitución».
La junta de Portavoces se volverá a reunir el lunes para prever la posibilidad de que haya finalmente un pleno los días 35 y 26 de octubre.
TAB Spain, filial española del fabricante TAB Batteries, ha acordado trasladar su sede social, actualmente ubicada en Barberà del Vallès (Barcelona), a las oficinas que la compañía tiene en Madrid «ante la incertidumbre en el panorama socio-político en las últimas semanas en Catalunya y debido a la inseguridad jurídica que ello genera».
En un comunicado este lunes, la compañía ha defendido que el objetivo de esta medida es mantener la operativa habitual y preservar tanto sus intereses como los de sus empleados, clientes, proveedores y accionistas.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que «afortunadamente» en España «uno puede sentirse como quiera, independentista o no» porque lo que provoca la intervención de los tribunales y una condena judicial y también política son los hechos, lo que a su juicio constituye «uno de los grandes valores de la democracia».
Maillo ha respondido así preguntado en rueda de prensa por el presidente del PP catalán Xavier García Albiol, quien ha abogado por prohibir programas electorales «que no apuesten por la legalidad» al proponer la declaración de una república independiente.
Trapero llegaba a las 9.26 horas a la Audiencia Nacional y, a diferencia de la primera vez que compareció, que lo hizo con el uniforme de los Mossos, hoy ha optado por presentarse ante la juez vestido de paisano con un traje de chaqueta gris por recomendación de sus abogados.
Tanto la juez como la Guardia Civil creen que Sánchez y Cuixart «forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar» para conseguir la independencia de Cataluña e, incluso, les sitúan «en una posición decisoria similar» a la que ostenta el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, mientras que Trapero sería el brazo ejecutor del plan independentista.
Una vez que la juez comunique a Trapero si va a prisión o le impone otras medidas cautelares como ha hecho con la intendente, comparecerán ante ella Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, aún no han declarado ante la jueza. Volverán a la Audiencia Nacional para declarar a las 18:00 horas.
Trapero, tras prestar declaración durante casi dos horas como investigado por sedición y de que la Fiscalía haya pedido su ingreso en prisión, ha abandonado a las 15.25 horas la Audiencia Nacional y regresará a las seis de la tarde para conocer la decisión de Lamela, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la juez de la Audiencia Nacional decidirá si acepta esta solicitud a la seis de la tarde.
La jueza decana de Barcelona, Mercé Caso, ha afirmado en Bilbao que jueces y magistrados catalanes aplican la ley, pero la resolución de un problema político debe llegar del ámbito político y por ello ha pedido trabajar buscando puntos en común.
«Desearíamos que los problemas políticos se resuelvan políticamente, porque los jueces no somos los llamados a resolver conflictos políticos, pero en nuestro día a día en los asuntos que aparecen en nuestra mesa, les daremos una solución en Derecho y explicaremos por qué tomamos una determinada decisión».
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se reunirá este martes con los principales actores económicos y sociales de la ciudad para trasmitirles «un mensaje de confianza» ante la tensión social y económica que genera el conflicto político en Cataluña.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitará este martes los cuarteles de Sant Climent de Sescebes (Gerona) y El Bruch (Barcelona) para reconocer su colaboración y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su alojamiento durante su despliegue en Cataluña.
La inquietud en el mundo económico por la situación política en Cataluña está provocando en los últimos días la salida diaria de unas 150 empresas con sede en esta comunidad, entre las que se encuentran ya muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), que siguen así la senda iniciada por las grandes compañías.
El decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Luis Suárez, ha explicado a Efe que el traslado de sedes fuera de la Comunidad catalana empezó a coger un ritmo alto a partir del 7 de octubre, justo después de que el Banco Sabadell y la Caixabank aprobaran el cambio de su domicilio social.
Hasta el pasado jueves, eran ya 581 las firmas con sede en Cataluña que habían dejado la comunidad, cifra que se habrá incrementado en las últimas horas.
Pablo Echenique no ha hecho la misma interpretación de la carta de Puigdemont que la realizada por el Gobierno y considera que el presidente del Govern no ha hecho una declaración de independencia. «Yo, con dotes muy limitadas de interpretación de textos, creo que está siendo bastante claro», esgrimió y acusó al PP y PSO de haber pactado de antemano aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña «pase lo que pase» y «dijera lo que dijera» el presidente catalán.
El consejo de administración de Codorniu ha decidido trasladar su sede social a La Rioja ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra Cataluña.
El ministro del Interior no ha querido concretar si su departamento asumiría el control de los Mossos d'Esquadra en caso de que el Gobierno decidiera aplicar el artículo 155.
Zoido ha recordado a Puigdemont que «no era tan difícil decir sí o no» al requerimiento del Gobierno, y le ha instado a rectificar e ir al Congreso a «hablar de lo que quiera».
La jueza Carmen Lamela no ha atendido a la petición de la Fiscalía de decretar prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente de los Mossos Teresa Laplana y ha acordado para ella libertad con medidas cautelares.
La intendente no podrá salir del país, se le retirará el pasaporte y tendrá que comparecer en sede judicial cada 15 días.
El vicesecretario general del PP ha dejado claro en una rueda de prensa en la sede de Génova que será Puigdemont el único responsable de lo que pueda suceder a partir del jueves.
«La apelación que hace al diálogo no deja de ser curiosa, porque es el campeón de la imposición», ha denunciado.
El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de «inadmisible» la respuesta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado al Gobierno sobre la declaración de independencia catalana y ha dicho que si se aplica el artículo 155 de la Constitución será el único responsable.
«El diálogo es fácil y es posible (...) Los cauces están», ha subrayado el portavoz socialista, para quien basta con acudir al Congreso de los Diputados y con «sentarse» en la comisión para la reforma constitucional.
En su opinión, si el presidente de la Generalitat de verdad quiere dialogar, la oportunidad la «pintan calva», pero ha insistido en que para eso hay que seguir las reglas del juego democrático, retornar a la legalidad y dar una respuesta clara al requerimiento formulado por el Gobierno.
El diputado de Compromís en el Congreso ha manifestado que «no ha habido una declaración unilateral» de independencia por parte de Cataluña y por tanto aplicar el artículo 155 de la Constitución «podría producir más daño que ayudar a arreglar el problema».
Joan Baldoví ha esgrimido que «si hubiera habido declaración de independencia, no estaría la CUP o diferentes sectores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana pidiendo que, de manera explícita, se haga esa declaración».
El líder de Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno que actúe defendiendo la Constitución durante una llamada telefónica que ambos han mantenido esta mañana y ha insistido en que active el artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña para «desalojar» al presidente de la Generalitat a través de las urnas.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha avalado la carta de Carles Puigdemont: «Estamos satisfechos. Es un compromiso con el resultado del referendo y a la vez con mantener la voluntad de diálogo».
En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, Sabrià ha pedido a la CUP que no se vaya del Parlament si no se declara la independencia: «No puede ser que nos quedemos sin mayoría parlamentaria».
El grupo municipal de CUP-Capgirem quiere que el Ayuntamiento de Barcelona declare persona non grata al rey Felipe VI y al resto de miembros de la Casa Real en la ciudad y se le retiren las medallas y honores que les ha otorgado.
La CUP, que a principios de año presentó una proposición en el mismo sentido que no prosperó, ha anunciado hoy que volverá a proponerlo en la comisión municipal de Presidencia de esta semana, con la confianza de que ahora sí que se apruebe porque «las circunstancias han cambiado».
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha alertado este lunes de que, de seguir la incertidumbre en Cataluña, «en los próximos meses, podríamos tener riesgo de recesión» en esta región, lo que supone «destrucción de riqueza, de tejido productivo y, en el último caso, destrucción de empleo». Por ello, ha pedido al Gobierno de la Generalitat que «vuelva a la legalidad constitucional y estatutaria».
La ministra ha remarcado que la respuesta del gobierno de la Generalitat «no ha sido una clara, como se pedía en el requerimiento que se le hizo por parte del Gobierno de España», a lo que ha añadido que «la Generalitat tiene tres días para volver a la legalidad y a la normalidad constitucional que nos hemos dado todos los españoles».
El expresidente de la Generalitat depositó parte de los 5,2 millones que le reclama el Tribunal de Cuentas como fianza por la organización de la consulta soberanista del 9-N del 2014.
Al igual que hizo Puigdemont en la carta enviada esta mañana al presidente Rajoy, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aboga en su cuenta de Twitter por una reunión entre el Gobierno central y el autonómico.
La formación morada ilustra con un vídeo en sus redes sociales cuál es su solución al conflicto catalán.
El grupo municipal de ERC ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que exija al Gobierno el importe del gasto causado por los destrozos cometidos por la Policía Nacional el pasado 1-O.
Una vez obtenidos estos datos, ERC reclamará al Ayuntamiento que exija al Gobierno el importe de todos los gastos, y lidere las gestiones necesarias para que se haga efectivo el resarcimiento a todos los afectados, tanto materiales como personales.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha señalado que este ministerio mantendrá el «control reforzado» de las cuentas de la Generalitat mientras que sus dirigentes sigan con su «actitud» actual, con el fin de garantizar el pago y la prestación de los servicios públicos.
«Es evidente que aquí el responsable de la existencia o no de ese control es concretamente el Gobierno de la Generalitat», ha sentenciado De Moya, que ha apostillado que mientras mantenga «esa actitud» el Ministerio de Hacienda y Función Pública hará «efectivos y firmes» los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El exprimer ministro francés Manuel Valls ha pedido a los dirigentes europeos que sean «aún más claros» en relación a la independencia de Cataluña porque no se puede aceptar que «España se vaya fracturando».
«La Unión Europea tiene que ser fuerte. Si los grandes estados nación se van partiendo, Europa va a caer», ha advertido.
El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha confirmado la investigación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana por haber votado a favor de tramitar las leyes del referendo y de transitoriedad los días 6 y 7 de septiembre.
En un auto, la Sala Civil y Penal ha desestimado los recursos de súplica presentados por las defensas de Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Guinó y Joan Josep Nuet -también están siendo investigadas Anna Simó y Ramona Barrufet- al rechazar sus argumentos para paralizar la investigación, abierta tras una querella de la Fiscalía.
La vicepresidenta del Gobierno hizo una llamada al presidente catalán para que regrese al marco de la ley durante su comparecencia: «Tiene una oportunidad de rectificar. El diálogo tiene que hacerse, pero dentro de la ley, en el Congreso».
En su misiva, Rajoy recalca que, en contra de lo que afirma el presidnete de la Generalitat, el artículo 155 «no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía».
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, advierte en su carta de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que, en referencia al artículo 155, él será «el único responsable de la aplicación de la Constitución».
Rajoy lamenta «profundamente» que no haya contestado al requerimiento que le efectuó y explica que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo del texto constitucional.
Cataluña cerró el 2016 con un incremento del 376 % de su deuda pública respecto la 2007, el año en el que estalló la última gran crisis económica, y ya representa el 27 % del pasivo total que acumula el conjunto de las comunidades autónomas, según se desprende de un estudio realizado por la EAE Business School.
Con este nivel de deuda, Cataluña se convierte así en la región más endeudada de España, con un pasivo total de más de 75.000 millones de euros tras experimentar un incremento de casi 60.000 millones desde los 16.000 que registraba en el año 2007.
La vicepresidenta ha aclarado que ante la falta de respuesta, entra en marcha la segunda fase del requerimiento y entiende que es el momento de «revocar esa declaración si sigue insistiendo en no contestar».
E insiste en que la nueva fecha clave es el próximo jueves a las 10.00 horas.
La vicepresidenta del Gobierno valora la carta enviada por Puigdemont pero asegura que espera hasta el jueves a las 10.00 horas para que Carles Puigdemont responda con claridad a si ha declarado o no la independencia de Cataluña.
Soraya también ha confirmado que Rajoy ha respondido a Puigdemont con otra carta.
«No se puede hacer un llamamiento al diálogo cuando no se quiere hacer lo mismo con la oposición de Cataluña», aseveró en su comparecencia.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado, en relación a la respuesta de su homólogo catalán al Gobierno sobre si declaró o no la independencia, que es «evidente» que el Estado «tiene unas limitaciones» pero «todo lo que sea no pegar portazos es bueno».
«Hay que leer la carta muy bien y, desde luego, todas las puertas que se abran al diálogo y a la esperanza para mí son positivas», ha destacado Puig.
A juicio del jefe del Ejecutivo valenciano, «es evidente que el Estado tiene unas limitaciones, pero creo que todo lo que sea no pegar portazos es bueno».
La Mesa por la Democracia ha asegurado que no descarta movilizaciones «de forma pacífica y consensuada» y una respuesta de país ante cualquier acción que conculque los derechos fundamentales.
La plataforma ha defendido que la causa que lleva este lunes a Sànchez y Cuixart a comparecer es «una acción político judicial desproporcionada» y un «ataque» a la libertad de expresión, reunión y manifestación.
La Junta de Portavoces del Parlament de este lunes que debe fijar el orden del día del próximo pleno se ha suspendido hasta las 15.30, a petición de Junts pel Sí y la CUP.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha indicado que su partido «está de acuerdo con la estrategia y el contenido de la carta» enviada por Carles Puigdemont al Gobierno, y considera que hay que apostar por la vía del diálogo y la negociación.
En declaraciones a TV3, Rovira cree que lo que ha hecho Puigdemont «es priorizar» la vía negociadora y la mediación, y se ha mostrado de acuerdo con el plazo de dos meses propuesto en la carta.
La diputada de la CUP Mireia Boya ha criticado el contenido de la carta del presidente de la Generalitat: «La CUP habría hecho una carta muy diferente», y ha insistido en proclamar la república.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que Carles Puigdemont ha resumido lo que explicó en el Parlamento catalán en su respuesta al requerimiento del Gobierno, sobre el que ha criticado que se plantea «en términos de rendición, cosa que es un error».
Colau ha afirmado que la gran mayoría social pide «diálogo real, no epistolar, con gobernantes que se sienten a dialogar», y ha añadido que ni la judicialización del Estado ni la vía unilateral están ayudando.
Los presidnetes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; y el Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han llegado a las 9.47 horas a la Audiencia Nacional para declarar por sedición por su papel «esencial» en la hoja de ruta independentista del Govern.
El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha afirmado que, si el diálogo con el Gobierno no es correspondido, el siguiente paso será la declaración de independencia, y no ha descartado que esta se produzca antes de Navidad.
En una entrevista de Catalunya Ràdio, Forn ha reconocido que la vía del diálogo es difícil pero ha pedido «no quemar etapas» antes de conocer la respuesta del Gobierno central a la carta del presidente de la Generalitat.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a las 10.30 horas en Moncloa para valorar la respuesta que ha dado el presidente catalán, Carles Puigdemont, al requerimiento que le realizó Mariano Rajoy el miércoles de la semana pasada, según informan fuentes de Moncloa.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha avisado de que las entidades soberanistas no renunciarán a sus objetivos, si bien ha respetado que el presidente de la Generalita haya marcado un plazo de dos meses para dialogar con el Gobierno central: «Que nadie nos pida ninguna renuncia, pero podemos esperar estos dos meses que nos piden».
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha llegado a la Audiencia Nacional para declarar por segunda vez imputado por un delito de sedición pro la «inacción» que, según la Guardia Civil, mantuvo la Policía catalana en los días previos al 1-O y durante el referendo.
Trapero está citado a las 10.00 horas junto con los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente de los Mossos Teresa Laplana, todos ellos investigados por un delito de sedición penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta por carta que el president Carles Puigdemont ha dado a su pregunta de si declaró la independencia el pasado martes, según ha explicado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, esta mañana.
En declaraciones durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia, Catalá ha recordado que, además de preguntarle si había declarado la independencia, el presidente Mariano Rajoy le dio un segundo plazo, hasta el jueves, para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones.
El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha dicho que Puigdemont sigue sin asumir la realidad e intenta mantener la «ficción» de las leyes de transitoriedad y referendo suspendidas por el Tribunal Constitucional.
En lugar de aclarar el requerimiento del Gobierno con un sí o un no, como le demandó Rajoy, el presidente catalán optó por remitir una carta de cuatro folios en la que emplaza al presidente del Gobierno a que acepte ahora la apertura de un diálogo directo entre los dos mandatarios.
El presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha afirmado que la carta del presidente de la Generalitat demuestra que «pretende reventarlo todo», ya que el texto no aclara si proclamó o no la independencia en el Parlament el 10 de octubre.
En un apunte en Twitter, Albiol ha sostenido que «es evidente que es un inconsciente» ya que el Gobierno especificó que la respuesta al requerimiento como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución debía ser binaria.
El presidente catalán finaliza su misiva con dos peticiones:
«Que se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno em Cataluña». Y hace referencia a la citación hoy en la Audiencia Nacional del jefe de los Mossos y de los líderes de la sociedad civil catalana «que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010».
La segunda petición se refiere a concretar «lo antes posible» una reunión «que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución».
«La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayorías del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo».
El pasado 1-O, un grupo de bomberos catalanes acudieron a colegios electorales para proteger las urnas. Otro escoltó al mismísimo vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desde su casa hasta el centro donde depositó su papeleta. Pero no todos los bomberos son independentistas. Los que no comulgan con esa idea son señalados con el dedo. Es el caso de este bombero de una localidad de Barcelona de 30.000 habitantes que solicita el anonimato por temor a más represalias de las que ya ha sufrido.
