El expresidente de Novagalicia asegura que se negó a ceder a las extorsiones de Pineda y sufrió una campaña de acoso a partir de ese momento
30 jun 2016 . Actualizado a las 12:01 h.El expresidente de Novagalicia José María Castellano ha afirmado este jueves, tras declarar en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc, que había entidades que cedían a las extorsiones de la falsa asociación de consumidores y «pagaban desde hacía veinte años» para no sufrir críticas. Castellano ha comparecido como testigo ante el juez Santiago Pedraz como uno de los directivos de banca que se negó a ceder a las extorsiones y sufrió una campaña de acoso a partir de ese momento.
Ha explicado que cuando llegó a la presidencia del banco Ausbanc le mandó una carta con un artículo muy positivo sobre él y al preguntar de qué se trataba le dijeron que tuviera «cierto cuidado porque había muchos rumores de que cobraban dinero del sector bancario». A su banco, ha dicho, le pidieron 300.000 euros anuales «como chantaje», pero se negó a pagarlos, cuando se trataba además de un momento en el que la entidad tenía una situación financiera muy complicada «con los preferentistas y las cláusulas suelo». «Dije que yo no pagaba y le cancelamos todas las cantidades anteriores que pagaban por hablar bien», ha apuntado en relación a las cajas gallegas que sí pagaban a Ausbanc y que luego se fusionaron en Novagalicia.
A partir de ese momento, ha explicado, empezaron a «hablar muy mal» de él en Twitter, donde le llamaban «gangster» y le acusaban de robar al banco. Castellano llevó entonces el problema a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que dijo que por sus estatutos «no podía hacer nada corporativamente» y que era un asunto que debía gestionar cada entidad.
«Era clarísimo que había entidades que sí pagaban y cantidades muy importantes a estos señores», ha indicado, y ha añadido que todas menos las cuatro que han denunciado pagaron a Ausbanc. «A mi me dijeron que había entidades que pagaban desde hacía veinte años», ha añadido. Castellano ya declaró como testigo ante la Policía por estos chantajes y explicó, según consta en el sumario, que Ausbanc le exigió esos 300.000 euros anuales en concepto de convenios de publicidad, los cuales en realidad, según los investigadores, eran una especie de impuesto revolucionario a cambio de no ser víctima de publicidad negativa ni demandas judiciales.
Hoy también declara testigo Montserrat Suárez, la abogada que trabajó para Ausbanc en varios casos y denunció luego ante la Policía las actividades presuntamente irregulares de presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en prisión por estas extorsiones.