Segundo intento de Chile de enterrar la Constitución de Pinochet

Héctor estepa RÍO DE JANEIRO / E. LA VOZ

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 10 de enero.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 10 de enero. RODRIGO GARRIDO | REUTERS

Catorce partidos cierran un nuevo texto, tras el fallido referendo del 2022

16 ene 2023 . Actualizado a las 14:49 h.

Fumata blanca en Chile. Hasta catorce partidos de todo el espectro político han llegado a un acuerdo para la elaboración de una nueva Constitución que sustituya a la aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. El acuerdo se produce tres meses después del fracaso, el pasado septiembre, de la anterior propuesta de Carta Magna, rechazada por un 63 % de los chilenos en un referendo tras haber sido elaborada por una Asamblea Constituyente, ya clausurada.

«Hemos dado un paso necesario y, espero, decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia, de más libertades y más derechos sociales. Chile no puede seguir esperando», ha expresado el presidente del país andino, Gabriel Boric, tras el final de unas negociaciones de tres meses en las que tanto el progresismo como el conservadurismo han tenido que ceder. La política tradicional tendrá un peso mucho mayor en la elaboración del nuevo texto que, según el calendario acordado, será refrendado en noviembre del 2023.

¿Qué ha cambiado?

La fallida Constitución de septiembre fue elaborada desde cero por una convención de elección íntegramente popular, de la cual emanó una mayoría progresista que elaboró un texto con disposiciones rupturistas, que era rechazado por amplios sectores de la derecha, el centro y la centroizquierda.

Eso no se repetirá ahora. El futuro texto viene ya sujeto a doce principios mínimos acordados por las fuerzas políticas y que afrontan algunos de los puntos más polémicos de la propuesta anterior. Entre ellos, destaca que Chile será definido como un Estado unitario y descentralizado —la anterior propuesta se basaba en una polémica plurinacionalidad—, social —como exigía el progresismo— y democrático de derecho, destacando la separación de los tres poderes, la protección del derecho a la vida y a la propiedad —exigencia del conservadurismo—, y en el que se reconoce a los pueblos indígenas originarios como parte de la nación chilena.

 ¿Quién elaborará el nuevo texto?

A partir de esos doce principios trabajará, desde enero, un consejo de 24 expertos, que será designado íntegramente por el Legislativo, algo que, según su composición actual, debería propiciar un equilibrio ideológico. Ese órgano, una novedad clave en el proceso, elaborará un anteproyecto que será después completado por una nueva convención, llamada ahora consejo, compuesto por cien miembros elegidos íntegramente por elección popular, en abril del 2023 y con puestos reservados para pueblos indígenas. No podrá participar ninguno de los redactores del texto rechazado en septiembre. 

¿Ha sido apoyada por todos los partidos?

No. El ultraderechista Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast se ha desmarcado del proyecto y defiende la Constitución de Pinochet. Otra formación minoritaria, el conservador Partido de la Gente, tampoco ha apoyado el acuerdo. Del lado progresista se cayó del pacto el Partido Humanista, pero finalmente sí se ha adscrito el Partido Comunista, que tenía sus reparos con respecto a las bases del nuevo proceso, tras no haber apoyado, de inicio, el anterior. «La alternativa era quedarnos fuera y dejar que la derecha y los sectores más conservadores hicieran una Constitución lo más parecida a la de Pinochet», apuntó Daniel Jadue, líder de la formación.

 ¿Hay más sectores críticos?

Sí, aunque minoritarios, por ahora, porque la mayoría de las fuerzas aplauden haber evitado el mal mayor, que era el fracaso del proceso constituyente. Quienes censuran el acuerdo creen que la nueva carta magna no expresará la soberanía popular al haber sido negociadas sus bases por un grupo pequeño de personas o partidos, y exigen que haya una mayor participación ciudadana. Son respondidos por quienes argumentan que esa participación ya se propició con el anterior proceso, resultando un fracaso.