Los letrados del Congreso, a favor de tramitar la amnistía porque no es un indulto general
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Argumentan que no hay un choque «palmario» del texto de la proposición con la Constitución, pero sí «posibles motivos de inconstitucionalidad»
20 nov 2023 . Actualizado a las 21:39 h.Los letrados del Congreso, encabezados por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, recusado por el PP, se mostraron a favor de tramitar la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE. Argumentan que no supone un indulto general como la rechazada por la Mesa en el 2021 y no ven contradicciones «evidentes y palmarias» con la Constitución, aunque sí puede haber, dicen, «posibles motivos de inconstitucionalidad».
Los jurídicos de la Cámara Baja a esas dos premisas añaden, entre otros, tres razonamientos a tener en cuenta: la admisión a trámite de las iniciativas que llegan a la Mesa no debe ejercerse como una función de «control previo de constitucionalidad». Por ello defienden que todas sean admitidas y debatidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios. Bajo ese argumento recuerdan que se admitió una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos con el pretexto de que cumplía con todos los criterios y porque la Mesa no debía coartar al pleno la posibilidad de debate de todas las iniciativas.
Una segunda consideración, entienden los letrados, es que la Cámara no debe ser una primera instancia judicial, cuestión que corresponde al Tribunal Constitucional. El informe aboga por que se rechacen solo las iniciativas que carezcan de elementos formales o cuyo contenido consideren «viciado por una inconstitucionalidad palmaria y evidente».
Sin carácter vinculante
Los letrados además justifican que esta proposición de ley de amnistía es distinta de la presentada por los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos en el 2021 y que rechazó el PSOE y los letrados, entonces encabezados por Carlos Gutiérrez.
Aquella, recogen, no incluía una disposición que «individualizara las causas abiertas identificándolas de una manera concreta y específica, como sí ocurre con la proposición de ley actual».
En la del 2021, el letrado mayor consideró que se trataba de un indulto generalizado, mientras que en la de ahora, el actual secretario general del Congreso indica que la presente proposición de ley desliga de «manera clara las figuras del indulto y de la amnistía».
El informe no tiene carácter vinculante, pero la Mesa lo tendrá en cuenta al estudiar en su reunión de hoy la proposición para darle trámite o no.
Recusación del PP
El PP había avisado de que intentaría por todos los medios a su alcance frenar la ley de amnistía. Además de la reforma del Reglamento del Senado la semana pasada, ayer el partido de Alberto Núñez Feijoo recusó al secretario general del Congreso, Fernando Galindo. El objetivo era que no pudiera pronunciarse ni asesorar a la Cámara en la proposición de ley de amnistía.
El secretario general de la Cámara Baja es nombrado por la Mesa de entre los letrados de las Cortes Generales con más de cinco años de servicio efectivo.
Galindo carece de «imparcialidad y objetividad», argumentó el PP, por haber sido hasta el 31 de octubre subdirector en el Ministerio de Política Territorial. Entienden los populares que el texto «elaborado y redactado» por el Gobierno pudo ser conocido por Galindo antes de ser registrado en el Congreso, por lo que «queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo». Según la ley de altos cargos, si no se abstiene podría incurrir en una «falta disciplinaria grave», según el PP.
Galindo es conocido por su sensibilidad autonomista frente a su antecesor Carlos Gutiérrez, quien en el 2021 frenó la iniciativa de amnistía de ERC, Junts, PDECat y CUP por considerarla inconstitucional.
Tras ser aceptada por la Mesa, la proposición de ley de amnistía necesitará la luz verde del Tribunal Constitucional, donde hay una mayoría progresista de siete a cuatro, aunque no se descarta que el exministro Juan Carlos Campo, firmante de los indultos a los presos del procés, sea recusado, al igual que Laura Díez, ex alto cargo en la Moncloa.