Díaz negociará con los agentes sociales la reforma del subsidio de desempleo
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Defiende eliminar la sobrecotización de los mayores de 52 por innecesaria
12 ene 2024 . Actualizado a las 08:52 h.La resaca de la agónica jornada parlamentaria vivida el miércoles en el Senado fue especialmente dura para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Los votos en contra de los diputados de Podemos —antiguos compañeros de coalición, convertidos ahora en azote— dieron al traste con la convalidación del decreto para reformar el subsidio de desempleo por el que pretendía elevar la cuantía que perciben quienes han agotado su prestación contributiva o no tienen derecho a ella. El punto de la discordia fue la rebaja de la cotización social que se le aplica a los beneficiarios mayores de 52 años, que la formación morada considera inaceptable, ya que impacta negativamente en la futura jubilación de estos trabajadores que quedan descolgados del mercado en el último tramo de su vida laboral —de media, casi 450.000 personas se ven obligadas anualmente a completar sus carreras de cotización por esta vía, estima CC.OO.—.
Al fracasar la convalidación del decreto, Díaz anunció este jueves que convocará «con carácter inmediato» a los agentes sociales para negociar con ellos la reforma, algo que, de hecho, ya habían criticado sindicatos y patronal que no se hubiera producido antes. Cabe recordar que la negociación del alcance de los cambios se llevó a cabo entre los ministerios de Trabajo y Economía y que a los agentes sociales únicamente se les informó de lo finalmente acordado.
«Única» reforma no negociada
La líder de Sumar admitió que la del subsidio de desempleo fue «la única» reforma que el Gobierno no pudo consensuar en la mesa del diálogo social y lo excusó alegando falta de tiempo. Argumentó que los cambios tenían que aprobarse antes del 31 de diciembre del 2023, ya que así estaba pactado con Bruselas para que el Ejecutivo pudiera solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, una partida de 10.000 millones de euros, que ahora queda en el aire.
«Ahora sí, abriremos la mesa de diálogo social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales», aseguró la vicepresidenta desde Namur (Bélgica), donde este jueves participó en una reunión informal de ministros de Empleo y Política Social de la UE. La pretensión es convocar a los agentes sociales después de cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año, cuestión para la que están citados empresarios y sindicatos a las 8.30 horas de este viernes en el ministerio, después de que Díaz avanzara que habrá un incremento importante, tras la negativa de la patronal a respaldar el 4 % que proponía Trabajo.
Díaz cargó contra Podemos, acusando a la formación que lidera Ione Belarra de haber «golpeado» a los trabajadores «de la mano de PP y Vox», ya que fueron los votos en contra de los tres partidos los que hicieron decaer el decreto.
Por su parte, sus excompañeros de filas insisten en su negativa a la reforma del subsidio asistencial defendida por Díaz. Archiconocidos los desencuentros entre las lideresas de Sumar y Podemos, ayer profundizaron en ellos, al asegurar la exministra de Igualdad y número dos de los morados, Irene Montero, que no iban a aceptar un «trágala» con los recortes que suponían para los mayores de 52 años, pero que sin tales mermas, «el decreto puede salir hoy mismo». Podemos sustenta su negativa en el hecho de que la reforma reduce progresivamente la cotización en el caso de estos trabajadores de mayor edad, lo que se traduciría en sus futuras pensiones de jubilación. Actualmente, estos perceptores del subsidio cotizan por una cuantía equivalente al 125 % de la base mínima, pero quienes comenzasen a cobrarlo a partir de junio —cuando estaba previsto que entrase en vigor la reforma— lo harían por el 120 %, un porcentaje que iría rebajándose a razón de un 5 % anual hasta quedar en el 100 % en el 2028.
Este ajuste, que no tendría efectos para quienes ya están cobrando la ayuda, fue una de las cesiones de Trabajo en su pulso con Economía para sacar adelante los cambios. Sin embargo, Podemos lo considera inaceptable, a pesar de que Díaz explicó que se había comprometido con el BNG a tramitar el decreto como proyecto de ley para poder introducir enmiendas.
Nada movió a los morados de su posición, pese a que desde el Ejecutivo sostienen que esa sobrecotización se implantó cuando el SMI era mucho más bajo. En el 2018 —cuando Sánchez llegó al Gobierno— estaba en 735,90 euros y desde entonces se ha elevado un 46 %, hasta los 1.080 euros actuales, que también se espera que se incrementen este viernes.
«El hecho de que hayamos subido el SMI un 50 % permite que muchas de las políticas de los salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás. Una de ellas era la necesidad de que el subsidio para mayores de 52 años tuviera que tener una sobrecotización para la jubilación, porque con esos salarios indecentes, los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones de jubilación dignas», decía estos días el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Sin embargo, Podemos discrepa.
Patronal y sindicatos lo aplauden y piden más mejoras
Tras el duro primer revés sufrido, Yolanda Díaz admitió este jueves lo que no era un secreto: que la actual legislatura es «convulsa» y «muy difícil» y que «va a tocar negociar mucho más». Y esa obligación de negociar fue aplaudida por los agentes sociales, que esperan la llamada del Ministerio de Trabajo para sentarse a la mesa del diálogo social a abordar los cambios en el subsidio de desempleo, por los que hasta ahora no se les había consultado, sino únicamente informado como mero trámite.
Como la sabiduría popular asegura que no hay mal que por bien no venga, la derogación del decreto es —a ojos de CC.OO.— «una mala noticia que, sin embargo, abre la posibilidad de abordar ahora en el seno del diálogo social una reforma necesaria y evitar los elementos negativos que, sin duda, tenía la reforma propuesta». El sindicato que lidera Unai Sordo coincide con el Ejecutivo en que la sobrecotización para los mayores de 52 años se implantó cuando el SMI era mucho más bajo, pero —dice— «puede abordarse sin perjudicar la pensión futura de las personas beneficiarias de esta prestación». Y ya pone sobre la mesa nuevas cuestiones, recordando que el decreto «no mejoraba la prestación de este subsidio en los primeros 12 meses [parados mayores de 52], como si hacía con los demás».
Por su parte, desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, aseguró que no hay «líneas rojas», en referencia a lo que pedirán en la nueva mesa, y que irán a ver «qué ofrece» el Gobierno.
Desde la patronal celebraron la vuelta de la reforma a la mesa del diálogo social. «Ese era el camino adecuado desde el principio», señaló el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
El PNV vigilará que se apruebe la prevalencia del convenio autonómico
El decreto de la reforma de los subsidios por desempleo también contenía otras medidas que, al no salir adelante el texto legal, también decaen. Una de las más polémicas es la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales y los sectoriales «siempre que beneficien más a los trabajadores», ya que dicha medida formaba parte del acuerdo de investidura alcanzado entre el PNV y el PSOE.
Por ello, a través de un comunicado este jueves la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, envió un mensaje claro al Ejecutivo, al afirmar que en el grupo vasco están «seguros» de que en cuanto el Gobierno vuelva a legislar en materia de subsidios o en cualquier otro asunto laboral, la prevalencia de los convenios autonómicos «estará presente» en el texto legislativo.
El PNV ha indicado que estará vigilante para que se cumpla con dicha medida del acuerdo de investidura, que provocó un gran malestar en los agentes sociales, ya que supone enmendar lo recogido precisamente en la última reforma laboral.
Sindicatos y empresarios se quejaron de que el Ejecutivo no les había consultado y de que había tomado unilateralmente decisiones contrarias a las establecidas en la reforma.
De hecho, ayer mismo el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, afeaba era deriva unilateral del Gobierno en materia laboral. «Creo que realmente se hace un flaco favor al futuro de España, a la estabilidad, a la certidumbre, con esas decisiones unilaterales fuera de la mesa del diálogo social», señaló.
Volver al diálogo social. «Ese sería el camino correcto. Despreciar el diálogo social, que ha traído ese bien que es la paz social en España en los últimos 45 años, es un gravísimo error por parte del Gobierno», advirtió.
Pero no solo los agentes sociales le piden al Ejecutivo un «cambio de actitud» a la hora de negociar sus iniciativas, ya que el PNV también se lo reclamó, en el sentido de llegar al Congreso «con los deberes hechos» —los apoyos atados— para evitar situaciones como la del miércoles.