Antidroga pide al Ministerio de Defensa que colabore en la lucha contra el narcotráfico

Carlos Peralta
Carlos Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de archivo de un portaaviones de la Armada.
Imagen de archivo de un portaaviones de la Armada. ARMADA | EUROPAPRESS

La fiscala jefa afirma que la falta de medios se evidencia en que la jueza que instruye la causa de los guardias civiles de Barbate dejará el caso en unos días

15 feb 2024 . Actualizado a las 20:03 h.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio de Defensa que la Armanda colabore en la lucha contra el narcotráfico en alta mar. La fiscala jefa, Rosa Ana Morán, aseguró a Efe que el 23 de enero mantuvo una reunión con representantes de Defensa y de la Armada para abordar que una eventual colaboración sea más fácil.

El ministerio se muestra predispuesto a colaborar, pero exhibe que son necesarios cambios en su protocolo interno de actuación. Defensa se escuda en que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir con la autorización de un auto judicial. El departamento castrense retiró su última aeronave de patrulla marítima, un P-3 Orion, en diciembre del 2022. Defensa adquirió un año más tarde 16 Airbus C-295, pero las previsiones son que no estarán operativos hasta el 2027. Margarita Robles añadió ayer que las Fuerzas Armadas ya colaboran en operaciones con la Audiencia Nacional.

La fiscala jefa aseguró ser consciente del colapso de los juzgados gaditanos, en los que recaen la mayoría de las causas de narcotráfico de la provincia. Los magistrados de estas instancias inciden en la falta de estabilidad de las plantillas. De hecho, Morán aseguró que la jueza que instruye el caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate dejará el caso en unos días. Su reemplazo será un juez recién salido de la escuela judicial.

Tanto Rosa Ana Morán como Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, coinciden en reclamarle al Ministerio de Justicia más recursos. El último informe anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía refleja que, en el 2022, aumentó un 22 % la pendencia de casos judiciales. Estrella asegura que le advirtió a Marlaska de que los refuerzos policiales no compensan el «embudo» en los juzgados.

Hasta 18 entidades (sindicatos de ámbito general o policial y asociaciones contra la droga) firman un documento en el que piden que la comarca del Campo de Gibraltar sea declarada zona de especial singularidad. Además, es una reclamación que, en el 2018, en los días de la moción de censura a Rajoy), expusieron ante la Comisión de Interior del Congreso. Esta condición dotaría de mayor incentivos a los funcionarios desplazados a esta zona. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el Ejecutivo destinó «recursos económicos tanto a nivel personal como a nivel material» en la comarca y que, «de facto, no de derecho», ya cuenta con esta declaración». Lo cierto es que, en mayo del año pasado, el Gobierno rechazó declarar zona de especial singularidad tanto al Campo de Gibraltar como a Cataluña.

Plan Nacional Sobre Drogas

Morán insistió en que Interior recupere sus antiguas competencias del Plan Nacional Sobre Drogas. La fiscala jefa asegura que ahora depende de Sanidad y que no se centra en la oferta del consumo de drogas, sino solo en la demanda. Este antiguo plan, añade Morán, estuvo activo entre 1993 y el 2003 y contaba con un órgano que considera clave recuperar: el Consejo Superior de la Lucha contra el Tráfico de Drogas, que integraba al ministro del Interior, a los directores general de la Guardia Civil y la Policía Nacional, al delegado de Hacienda, al responsable de Vigilancia Aduanera y al fiscal jefe Antidroga.

Morán propone una nueva «organización judicial» que incluye dos cambios. Por un lado, la creación de juzgados específicos para descongestionar los juzgados territoriales. Y, por otro, revisar las competencias de la Audiencia Nacional.

El alcalde de Algeciras pide que se endurezcan las penas para que no sea «barato» delinquir

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, abogó ayer por endurecer las penas por tráfico de drogas para que delinquir «no sea rentable» y «muy barato», además de reclamar la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar, habida cuenta de que dos guardias civiles perecieron arrollados por una narcolancha en Barbate.

Landaluce puso también sobre la mesa el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan actuar en la zona «mientras se reparan las lanchas averiadas» con otros medios como los de Salvamento Marítimo o «cualquier otro tipo de embarcación que les faciliten que puedan realizar su labor», informa Europa Press. Matizó que se trataría de una labor «en condiciones de protección adecuadas» porque «no pueden salir con las zódiac, es un disparate». Además de reclamar el endurecimiento de penas relacionadas con el tráfico de drogas y eliminar «los juicios de colaboración», en los que «se permite que los que están delinquiendo están en la calle nada más terminar el juicio», insistió en que «delinquir no puede ser rentable ni puede ser poco condenado porque al final incitas». Y reclamó mejoras para los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar y para policías y guardias civiles como había en el País Vasco ya que «aquí se trabaja más y se corre más riesgo».

Los seis tripulantes de la narcolancha detenidos son repartidos en cuatro prisiones

Los seis tripulantes de la narcolancha que provocaron la muerte de los dos guardias civiles en Barbate han sido repartidos por cuatro centros penitenciarios de Andalucía, según «El Diario de Cádiz». Tres fueron trasladados el miércoles, mientras que los restantes cambiaron de prisión ayer. En un principio, todos fueron recluidos en el centro penitenciario de Puerto II. La jueza titular del Juzgado Mixto número 1 de Barbate autorizó el traslado a distintas cárceles por «razones de seguridad».