La ONU acusa a Daniel Ortega de crímenes políticos de lesa humanidad en Nicaragua
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Hasta 317 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, según refleja el informe de la organización internacional
01 mar 2024 . Actualizado a las 17:14 h.Durísimo informe de la ONU contra el Gobierno de Nicaragua. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha acusado a la Administración de Daniel Ortega de haber aumentado exponencialmente, en el 2023, las «graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos», equivalentes, según el documento, a crímenes de lesa humanidad.
El informe censura, específicamente, la persecución política a los familiares de los opositores —también niños— incluso más allá de Nicaragua, ya que hasta 317 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad —al menos 110 de ellos aceptaron la española— y todos sus bienes en el país han sido confiscados.
«Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Además, el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», detalló el experto independiente Jan Simón.
El documento subraya también que Ortega y su mujer, la «copresidenta» Rosario Murillo, controlan todos los poderes del Estado. «El Gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida y aniquilar a cualquiera que intente romperla», asegura la experta Ana Peralta.
Ese ánimo de control ha cristalizado también en la supresión de más de 3.500 partidos políticos, asociaciones y oenegés desde el 2018, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, a finales del 2023.
Esta misma semana han sido eliminadas una decena de asociaciones, entre las que están los boy scouts, a quienes han confiscado todos sus bienes.
Algunos analistas aseguran incluso que se está preparando una sucesión dentro de la Administración ante las ausencias cada vez más largas del mandatario.
«Con independencia de cuál sea la causa de la incapacidad de Ortega para asumir sus funciones como gobernante, es evidente que ya comenzó la sucesión dinástica en el poder, como se demuestra en la intervención policial y la barrida de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, donde aún está pendiente el nombramiento de 13 nuevos magistrados ya no bajo la tutela de Ortega, sino únicamente leales a Murillo», advierte el periodista Carlos Fernando Chamorro, que vive en el exilio.
Además, el país centroamericano está recientemente también en el candelero por los asilos que otorga a políticos señalados por corrupción de distinta ideología, entre ellos funcionarios afines al expresidente hondureño conservador Juan Orlando Hernández, en juicio en EE.UU. por narcotráfico, o del panameño Ricardo Martinelli.