La mayoría conservadora del Poder Judicial aprueba un informe que ve «inconstitucional» la amnistía

El debate duró tres horas, aunque las posiciones eran inamovibles. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —órgano caducado desde hace más de cinco años— aprobó ayer un duro informe contra la proposición de ley de amnistía que le había solicitado el Senado, cámara donde el PP tiene mayoría absoluta y a la que llegó el perdón hace hoy una semana. El dictamen, que tacha de inconstitucional la medida de gracia en todos sus términos sin salvar ningún aspecto, fue redactado por el vocal conservador y magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea. Su texto fue aprobado, sin ningún cambio, por nueve votos a favor de los vocales conservadores propuestos por el PP, cinco en contra de los progresistas propuestos por el PSOE, y dos en blanco: los emitidos por el presidente interino del consejo, Vicente Guilarte, y por el vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV.

Este informe —que no es vinculante, pero da argumentos a la estrategia de los populares en la Cámara Alta— es demoledor, como se preveía: la ley de amnistía socava el derecho a la igualdad, vulnera el principio de separación de poderes, y la tramitación parlamentaria elegida es arbitraria y «no se motiva su urgencia». En definitiva, el CGPJ hace una «valoración crítica del texto en su conjunto por su inconstitucionalidad y por su deficiente técnica jurídica», y aboga por dejar fuera del perdón todos los delitos de terrorismo.

El presidente suplente del consejo justificó su voto en blanco aduciendo que «debería haberse profundizado» en la «causa real y onerosa» de la amnistía, que no es, dijo, la «pretensión pacificadora de la sociedad catalana» —como figura en la exposición de motivos de la proposición de ley—, sino el acuerdo entre PSOE y Junts en el que como «mutuas contraprestaciones se ofrecía la ley de amnistía a cambio del apoyo a la investidura» de Pedro Sánchez, alegó.

Olea versus Cabrejas

Pese a esta crítica rotunda, Guilarte reconoció que comparte muchas de las reflexiones de los dos informes que se votaron este jueves: el de Olea, que fue aprobado y ahora se remitirá al Senado; y el redactado por la vocal progresista Mar Cabrejas que fue desestimado, pero que sirve de advertencia sobre los puntos conflictivos que la ley deberá afrontar cuando llegue al Tribunal Constitucional.

Cabrejas presentó un voto particular discrepante —al que se adhirieron los otros cuatro vocales progresistas—, en el que expuso los argumentos de su ponencia rechazada. Así, consideró que el «silencio constitucional» sobre la amnistía no implica un «vacío jurídico» y defendió que la ley encaja en la carta magna y no supone una intromisión en la actuación de los jueces. Sin embargo, coincidió con Olea en varias críticas a tener en cuenta cuando el perdón arribe a la corte de garantías.

La vocal lamentó que la ley contenga «fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas» y que los plazos temporales de los actos amnistiados no se razonen lo suficiente, afeó que cuando se refiere a terrorismo no defina lo que considera violaciones graves de los derechos humanos y advirtió que «modular o eliminar el efecto suspensivo» del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad «no parece que esté al alcance del legislador nacional».

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