Bukele afianza su poder dos años después de su ley antibandas
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Los salvadoreños ya suman 24 meses en régimen de excepción
27 mar 2024 . Actualizado a las 22:12 h.El Salvador cumplió este miércoles dos años desde la implementación de un régimen de excepción, cuyas acciones han sido bautizadas por el presidente, Nayib Bukele, como una «guerra contra las pandillas», que le ha garantizado mantenerse en el poder entre constantes denuncias por violaciones de los derechos humanos.
El 27 de marzo del 2022, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó, a petición de Bukele, la implementación de un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales como el derecho a la defensa y en cuyo contexto han sido capturadas más de 78.000 personas. Si bien la polémica medida ha sido señalada por violentar derechos, ha contribuido a bajar aún más la cifra de homicidios en el país centroamericano —tendencia que ya venía desde el 2015— y ha elevado la popularidad de Bukele.
La organización Human Rights Watch señaló el miércoles que Bukele sigue siendo muy popular, en gran medida porque algunos indicadores de violencia parecen haber mejorado en el corto plazo. Los homicidios han caído aún más, aunque las restricciones gubernamentales para acceder a datos sobre homicidios y los cambios en la forma en que se cuentan los asesinatos hacen que sea más difícil estimar el verdadero alcance de la reducción, apuntó. El mandatario usó el régimen de excepción como su principal herramienta de campaña de las elecciones del pasado 4 de febrero, que ganó con una amplía mayoría, lo que le permitirá continuar en el Ejecutivo hasta el 2029, a pesar de que la Constitución no permite la reelección inmediata.
Bukele también apoyó a los candidatos a diputados de su partido, Nuevas Ideas (NI), y llamó a la población a que votaran por ellos para que el régimen continúe. Nuevas Ideas seguirá siendo la formación principal en el Congreso tras ganar la mayoría de escaños (54 de 60).
El presidente tiene el control de los tres órganos del Estado, lo que incluye la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron elegidos sin que los diputados del Congreso siguieran el debido proceso. Se desconoce cuándo se dará por concluido este régimen o si será una medida permanente, la única por el momento del Gobierno de Bukele contra las pandillas, un fenómeno que resistió a los planes de seguridad de las pasadas administraciones.
Bukele aseguró recientemente que la tasa de homicidios en El Salvador en el 2024 será «aún más baja» que la registrada el año pasado. En el 2023 hubo 154 asesinatos, 341 menos que los 495 contabilizados en el 2022, según datos de la Policía Nacional Civil. El cuerpo confirma que la tasa de homicidios en 2023 por cada 100.000 habitantes fue de 2,4 e indicó que el promedio diario de muertes fue de 0,4.
Se desconoce el impacto real de la medida
La diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) Anabel Belloso reconoció en una declaración a EFE que la violencia ha disminuido bajo el régimen de excepción pero que, «al no tener datos oficiales reales, es imposible conocer el impacto real de la medida».
«Es una medida de control social, es una estrategia en aras de concentrar el poder que es su objetivo principal (el de Bukele), porque es una herramienta que la ha utilizado para acallar voces que lo critican, y perseguir a lideres comunitarios y de los territorios», afirmó.
«Tanto muchacho preso»
Ana María Alfaro, una mujer de 70 años, dice aplaudir la medida de Bukele contra las maras, ya que en la comunidad donde vive había fuerte presencia de miembros de estas bandas e incluso recordó una ocasión en que «algunos de ellos» rompieron una de sus ventanas y la amenazaron de muerte a ella y a sus hijos.
«Está bien que los metan presos a ellos (pandilleros), pero yo he escuchado que han detenido a muchos muchachos (jóvenes) que no tienen que ver con ellos y eso yo lo veo mal, deberían, digo yo, dejarlos libres», dijo en una conversación con EFE.
Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.
La «formula mágica»
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló hoy en un comunicado que «sin ningún tipo de evaluación y contrapeso al interior del país y con una respuesta tímida de parte de la comunidad internacional, se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos -como el de la violencia y la criminalidad-, de manera aparentemente sencilla».
No obstante, advirtió que «no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal» y añadió que «las autoridades salvadoreñas deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales y respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones de largo plazo».