Guardas de cotos, agentes del medio natural, Guardia Civil y conservacionistas se reúnen para tratar de mejorar su coordinación y disuadir a los delincuentes
29 may 2016 . Actualizado a las 12:37 h.Por primera vez asociaciones profesionales asturianas vinculadas a la protección de la naturaleza se han aliado para hacer frente a los delincuentes ambientales y, especialmente, a furtivos y pirómanos. Son agentes del medio natural, guardas de caza, agentes de la Guardia Civil, vigilantes privados y personal de colectivos ecologistas confundidos ante la telaraña administrativa tejida en torno a la vigilancia de la montaña. Hartos de ver cómo los delincuentes se cuelan por las grietas de un sistema de trabajo poco flexible y nada coordinado, han decidido tomar cartas en el asunto. Denuncian la escasez de personal y medios, la falta de cooperación entre entidades y la desprotección que sienten. El listado de carencias es tan inabarcable como las miles de hectáreas que cada uno de ellos tiene que proteger. Su objetivo primordial no es pillar a los furtivos sino disuadirlos, crear una barrera tan eficaz que nadie haga ni siquiera el intento de cometer un delito
Esa primera reunión tuvo lugar hace unos días. En la misma sala se sentaron los responsables de las asociaciones profesionales en las que se integran los guardianes de la montaña. Estaban representantes de los agentes del medio natural dependientes del Principado, los guardas de caza de los cotos, vigilantes privados, la asociación unificada de la Guardia Civil y también el Fondo de Animales Salvajes del Principado (Fapas). Aunque no se han constituido en una plataforma, sí que han sentado las bases para una colaboración estable. Pretenden organizar cursos de formación, impulsar mejoras legislativas que les amparen cuando están sobre el terreno, denunciar los problemas que sufren en su día a día y reclamar a los Gobiernos medidas concretas para frenar los delitos ambientales. Los virulentos incendios del mes de diciembre que calcinaron la región o los furtivos abatiendo incluso crías son imágenes que tienen frescas en su retina. Aseguran que esos son los casos con los que lidian y que no beneficia a nadie tratar de enterrarlos porque no desaparecerán.
El portavoz de la Asociación de Vigilantes del Principado de Asturias (Avispa), Jorge Cuesta, fue el impulsor de la reunión. Cuesta puso en contacto a cada uno de los colectivos profesionales, concertó la cita y puso sobre la mesa la agenda de temas pendientes. Una vez juntos, comenzaron a brotar en cascada los problemas que afrontan. Los guardas de caza son, en realidad, personal sujeto a la legislación de seguridad privada y no están considerados autoridad. Además, son muy pocos. Aunque los cotos tienen que contratar un guarda cada 8.000 hectáreas, la normativa se cumple a duras penas. Por su parte, los agentes forestales, un cuerpo conocido como la Guardería del Principado -que tiene diversas ramas como la de forestales, caza y pesca-, son funcionarios del Principado y están sujetos a un horario de oficina y cuando salen al monte fuera de esas horas lo hacen bajo su responsabilidad. No disponen de material adecuado, ni chalecos antibalas ni tampoco guantes anticortes, denuncian, pese a que se enfrentan a pirómanos y furtivos, que son delincuentes armados. Tampoco el Seprona o las patrullas rurales de la Guardia Civil, que estuvieron representadas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cuentan con muchos más medios y también cubren gigantescas proporciones de territorio.
Manuel Fernández acudió en representación de los agentes del Medio Natural del Principado, es decir de la Guardería, un cuerpo que se encarga de la protección de la naturaleza, que cuenta con 240 profesionales y que no depende de un único departamento de la Administración del Principado sino que está repartido entre varias direcciones generales. Fernández, presidente de Agumnpa (Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado) plantea que la actual gestión se ha comprobado «que es completamente inadecuada para funcionar con eficacia» y que los agentes se enfrentan, «sin apenas medios, a delincuentes armados que saben que pueden terminar en la cárcel». Por eso, dos de sus principales demandas son que se flexibilicen los horarios y que se les permita patrullar en parejas y no solos, como sucede en la actualidad. También reclaman más material y que se les permita utilizar armas cortas como medio de defensa. «El furtivismo está ahí, igual que los incendios, y nosotros somos responsables», lamenta.
Los Guardas del Medio Natural, al igual que el resto de colectivos implicados, repiten hasta la saciedad la necesidad imperiosa de coordinarse. Le pasa lo mismo a Isaac Díaz Montes, presidente de la Asociación de Guardas de Caza (Asguca), que habla con total franqueza. «Los caraduras y los delincuentes conocen nuestros puntos débiles y los aprovechan. Hacen burla de todos los asturianos», señala. Explica que los guardas de caza, que son los contratados por el coto, mantienen una estrecha relación con el resto de colectivos, pero a nivel personal. Es decir, se conocen y se ayudan cuando pueden. Pero eso no es una estrategia profesional seria. En su caso, cubren hasta 8.000 hectáreas por persona y no son una figura de autoridad, por lo que lo tienen todo en su contra. Son auxiliares de la Guardia Civil y de la Guardería del Principado y, aunque no pretenden ocupar su lugar, quieren que les otorgue un cierto reconocimiento para estar un escalón por encima del furtivo. Creen que es necesario un desarrollo reglamentario de la ley de seguridad privada que así lo reconozca. El incremento de personal es otra urgencia. «Esto no es Castilla y León, donde con unos prismáticos cubres 4.000 ó 5.000 hectáreas. Aquí estás en un valle y escuchas un disparo en el de al lado y cuando llegas ya no hay nadie», explica Díaz Montes.
Para acabar con los furtivos, los profesionales reclaman la colaboración ciudadana, de los vecinos de los cotos, las reservas y los territorios especialmente sensibles. Porque su objetivo primordial no es pillar al furtivo sino disuadirlo. Así lo ven los guardas de caza y también Roberto Hartasánchez, presidente de Fapas. Hartasánchez cree que lo mejor de esta alianza es que «es la sociedad civil da un paso al frente». El hecho de que sean los propios profesionales los que lancen esta llamada de socorro es ya un avance. «Hasta ahora querían hacernos pasar por locos y el Gobierno nos llamaba desleales por decir que había furtivismo», lamenta. Pero la alianza profesional demuestra que las cosas han cambiado, que «más gente se ha dado cuenta de que la situación es grave». Ve positivo que guardas y agentes de diversos cuerpos «hablen de los problemas que tienen a la hora de frenar la delincuencia en el medio ambiente». A su juicio, ahora lo que hace falta es que el Principado les dote de los medios y herramientas necesarios. «Han creado un marco de relación, de intercambio de información y de apoyo. Los únicos que permanecen al margen son los de la administración», lamenta.
Los agentes de la Guardia Civil poco pueden hacer en esta alianza salvo sumarse a las denuncias y dar apoyo moral al resto de los colectivos con los que trabajan codo con codo en el medio rural. Así lo explica Alberto Llana, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que también estuvo presente en la reunión. «Tenemos un Paraíso Natural pero no se vigila lo suficiente», ironiza. Critica que se hayan unificado patrullas del Seprona, que es el cuerpo destinado a la protección de la naturaleza, en territorios muy extensos. «Aunque se dice que el objetivo es ser más operativo, la realidad es que quitan personal para destinarlo a seguridad ciudadana que es donde existen más carencias», explica Llana. Cita un ejemplo. Se han fusionado los puestos de Tineo y Belmonte de Miranda y se ha centralizado el servicio en Grado. El número de agentes actual es menor a la suma de los que había cuando estaban separados. Esta escasez de personal es especialmente grave porque la guardia civil es la autoridad a la que tienen que recurrir otros cuerpos como los guardas de caza cuando se encuentran con un delito. Si hay menos sobre el terreno, el desamparo es mayor.