«Hay abogados que lo están pasando mal por la crisis»

Ignacio Cuesta Areces (Manresa, 1972) está al frente del Decanato del Colegio de Abogados de Oviedo, que aglutina a un colectivo integrado por 4.200 ejercientes y no ejercientes. Defensor a ultranza de los acuerdos para evitar los pleitos, «de resultados más inciertos», cree que la Justicia funciona «razonablemente bien». Partidario de modificar el examen de acceso a la profesión para ofrecer una formación más práctica, confía en que el próximo Gobierno escuche «a todos los operadores jurídicos».

-¿Los estudiantes de Derecho salen preparados para ejercer la profesión?

-En conocimientos teóricos sí, pero para ejercer la Abogacía deben complementarlo con una formación práctica que garantice que el acceso al ejercicio profesional es el adecuado. El examen de acceso debe valorar los conocimientos teóricos y la posibilidad de enfrentarse a un asunto como lo haría después un abogado ante un tribunal de justicia. En ese sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para modificar ese examen de acceso.

-¿Influiría un cambio de Gobierno?

-Tenemos una interlocución muy buena con el Ministerio de Justicia en todos los ámbitos. El ministro en funciones, Rafael Catalá, y su equipo son sensibles a las reivindicaciones y planteamientos de la Abogacía institucional. No lo era antes evidentemente el ministro anterior, pero sí creemos que ahora se procura que los temas se realicen de forma consensuada. No hay miedo a que haya un cambio en el ministerio, pero sí nos gustaría que si lo hubiera esa interlocución que hay ahora con el Ministerio de Justicia y con el ministro se mantuviera.

-¿Cuáles serían los principales planteamientos para el próximo Gobierno?

-Reivindicamos la necesidad de un pacto por la Justicia, que no se vaya haciendo planteamientos legislativos atendiendo a las necesidades, sino que se establezca un contexto general, que se vean cuáles son las necesidades y hacia dónde se quiere ir y, con el consenso de todos, se alcance un pacto por la justicia. Pretendemos que en las reformas o planteamientos legislativos que haya en el futuro se cuente con la Abogacía y no se haga como se hizo con proyectos como la Ley de Demarcación y Planta, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley del derecho a la defensa.

-¿Tiene cuantificados los casos de abogados en dificultades por la crisis?

-Hay colegiados que pasan con dificultades y las facilidades que ofrece el Colegio son todas, pero no es habitual que los colegiados se dirijan en esas circunstancias al Colegio. La contratación por cuenta ajena es reducida. Existe, pero hay mucho trabajo por cuenta propia. Hay colegiados que van tirando, poco a poco, en los despachos, pero no lo sabes. Aquí somos sensibles a esta situación.

-¿Con la coyuntura económica actual, ha cambiado la modalidad de la litigiosidad?

-Los pleitos civiles y laborales aumentaron al igual que los procesos concursales.

-¿Cómo es la relación con el Colegio de Gijón?

-Extraordinaria, a nivel institucional y personal. Es imprescindible que tengamos una sola voz frente a la administración, a los ciudadanos y a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

-Han creado nuevas secciones especializadas dentro del turno de oficio.

-Sí: Menores, Vigilancia Penitenciaria y Extranjería. Hemos conseguido muchos logros en el turno de oficio. Siempre reivindicamos una gestión ágil, que hemos conseguido con la Oficina del Turno de Oficio así como una regularidad en los pagos, para tener la certeza de cuándo nos iban a pagar y que hay desde el acuerdo firmado en 2015 con la Consejería de Justicia, que cumple escrupulosamente así como aumentar las retribuciones, que en determinadas materias son muy exiguas para el trabajo que desarrolla. Trabajamos a través de una comisión mixta, que constituimos los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón y la Dirección General de Justicia.

-¿Qué retos se plantea para los próximos tres años de mandato?

-Mejorar en el turno de oficio y en la atención a la formación de los colegiados jóvenes en el Centro de Estudios. Hemos iniciado una reorganización, con la implementación de nuevas tecnologías, la grabación de más cursos, retransmisión online de conferencias para colegiados de partidos judiciales distantes de Oviedo, la potenciación de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos, la mejora del acuerdo que trasladamos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de compañeros en momentos especiales, como es el caso de las mujeres letradas embarazadas.

-Es novedosa su petición para la suspensión de vistas para las abogadas embarazadas.

-Es una cuestión de justicia. Esta es una profesión sin derecho a coger una baja laboral y es un problema que pueden tener las compañeras embarazadas que tengan señalado un juicio. Queremos facilitar que se les pueda suspender esos señalamientos. Es una decisión que queda al arbitrio del juez, pero es importante que la Junta de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estén a favor de esa suspensión.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la posible supresión de juzgados?

-La Demarcación y Planta es un proyecto que creo que va a salir adelante, pero sin uno de los elementos que ha generado más controversia como es la supresión de los juzgados. Por las noticias que tenemos, el proyecto es su modificación. Estamos en una organización muy antigua y hay que ir a unos juzgados más especializados, a una reestructuración pero sin suprimir juzgados que supongan un perjuicio a los ciudadanos, que se tengan que trasladar a otros sitios distintos y en ese sentido creo que el proyecto puede ir por esa vía.

-¿El Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía saldrán adelante?

-Saldrá adelante la modificación del Código, porque una de las funciones básicas de los Colegios de Abogados es autorregularnos. Quién mejor que nosotros para poder regular el ejercicio de la profesión. Con la modificación se pretende adaptar el Código Deontológico a las circunstancias actuales y tener en cuenta cuáles han sido los mayores problemas en ese campo para darles una solución. El Estatuto General de la Abogacía se aprobó en su momento, pero debe aprobarse por un real decreto. Estamos funcionando con el antiguo, al no haber entrado todavía en vigor.

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