El Estado debe al Principado 40 millones por los recortes acumulados desde 2012. El Principado reclama una revisión de la ley que garantice la financiación
28 oct 2016 . Actualizado a las 08:47 h.Diez años después de su entrada en vigor, el futuro de la ley de dependencia está en una encrucijada. Las necesidades reales de los beneficiarios, los planes del Estado y los recursos disponibles están lejos de sintonizar. La factura generada por los recortes del PP con las comunidades es millonaria y está sin saldar. Si el pasado reciente es poco esperanzador, el futuro no lo es más. La financiación no parece garantizada. Al Principado, el Gobierno central le adeuda 40 millones de euros solo de los recortes acumulados desde el 2012. Lejos de arrancar un compromiso, el PP ha vetado en el Senado una iniciativa lanzada por el PNV para recuperar esos cuartos. Los populares han hecho valer su mayoría para no tener que saldar cuentas. El Ejecutivo asturiano quiere recuperar esos 40 millones, pero su prioridad consiste en conseguir recursos estables mediante un pacto de estado similar al que se reclama en educación y así lograr la supervivencia de la norma. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, no se ha cansado de repetirlo en todos los foros.
La nueva legislatura comenzará con esos 40 millones de euros en el aire. La deuda comenzó a acumularse en el año 2012, cuando el PP aplicó un tijeretazo a la ley de dependencia. Rebajó los dos conceptos por los que transfiere dinero a las autonomías. El primero, denominado nivel acordado, es una cantidad fija establecida en función de una serie de parámetros. El segundo es el nivel mínimo, una cantidad que se concede por cada dependiente que entra en el sistema. Esta parte se redujo en un 13%. Esos recortes, sumados todos los ejercicios desde 2012, suman esos 40 millones de euros. Hay otros datos significativos. De media en España, el Estado aporta el 18. En Asturias, está en el 15%. Es decir, del coste del plan individual de atención (pia), el Principado pone el 75%, el Estado el 15% y el 15% restante corresponde al copago de las familias.
Ante este panorama, Pilar Varela tiene clara su prioridad: negociar un pacto de Estado para revisar, diez años después de su entrada en vigor, el funcionamiento de la Ley de Dependencia y su financiación. Uno de sus objetivos es ver el reparto de la responsabilidad y quién aporta los recursos. El espíritu inicial de la ley era la cofinanciación. En principio, el Estado debía aportar el 50%. Ese horizonte nunca se cumplió. Es más, la tendencia es justo la contraria. Su participación es ya casi residual. Paga lo mismo que el beneficiario. «Quien más esfuerzo está haciendo es la comunidad autónoma y, aunque estamos encantados de hacerlo, lo que pedimos es colaboración del Gobierno de España para revisar los principios y la financiación de una ley que en estos momentos atiende a más de 19.000 personas en Asturias», argumenta la propia Varela.
El Principado no está solo en sus reivindicaciones. La asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales ya ha alertado del desequilibrio de recursos y de los recortes del Gobierno. En un informe reciente, precisa que el gasto público por beneficiario es de 8.500 euros al año de media, de los que 7.000 euros los aportan las autonomías y la Administración General solo 1.500 euros. En proporción un 82% frente a un 18%. Las denuncias sobre la infrafinanciación del sistema se han extendido a lo largo de los años pero hasta ahora no había cifras concretas para sostenerlas. Con este informe, los números han quedado claros. El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, que en Asturias es de 40 millones, se eleva en toda España a más de 2.865 millones.
Otras comunidades mantienen reivindicaciones similares a la de Asturias. Hace apenas unos días, el Senado debatía una moción del PNV que reclamaba al Estado todo el dinero adelantado por las autonomías. El texto exigía que se habilitaran las partidas necesarias para devolver el dinero adelantado por aquellas regiones han cumplido las exigencias previstas en la ley. La propuesta fue tumbada por la mayoría del PP y tampoco obtuvo el respaldo del PSOE, que había intentado sin éxito introducir dos enmiendas para mejorarla. Estas enmiendas, en la línea defendida por Varela, suponían -además de recuperar cantidades del pasado- incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado de la financiación acordada y también asegurar unos ingresos estables con el nuevo sistema de financiación autonómica.