Calos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, defiende que el impuesto «tiene un lugar en nuestro sistema fiscal»
10 ene 2018 . Actualizado a las 18:00 h.En la negociación abierta en la Junta General sobre los tributos de competencia autonómica y la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario, el impuesto de sucesiones y donaciones tiene el protagonismo absoluto. Desde el PP se ha tendido la mano al Ejecutivo socialista para respaldar el proyecto de presupuestos que presenten (sin tener que recabar así el apoyo de Podemos e IU) a cambio de suprimir el impuesto. Desde Foro se ha reclamado también su eliminación «de facto» con bonificaciones del 99%, mientras Ciudadanos y los morados comparten la reclamación de incrementar el mínimo exento a las herencias de 200.000 euros. PSOE e IU apuesta por una reforma que corrija el denominado «error de salto» por el que pagan la misma cantidad todas las personas incluidas en el primer bloque, es decir los que heredan entre 150.000 y 240.000 euros.
Los detractores del impuesto lo califican como «injusto» y «discriminatorio», ya que la tasa en Asturias es la más alta del Estado y algunas comunidades, como Madrid, no se aplica. También aseguran sus críticos que se trata de una «doble imposición» algo que no comparte el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio. «Es una simpleza decir que es una doble imposición, no lo es. Alguien que haya acumulado patrimonio en su vida paga el impuesto de la renta, pero quien paga el de sucesiones es el heredero, que está recibiendo una cantidad gratuitamente», señala Monasterio.
El catedrático explica que el impuesto a las herencias es uno de los más antiguos y también que está presente en las legislaciones de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que nace del concepto de que cuando alguien «cede su patrimonio» después de su muerte «una parte vaya a la sociedad en las que se desarrolló su negocio y que sus herederos reciban otra». Monasterio destacó además que es «una quimera de un nivel bastante pobre» insistir en la idea de que se grava dos veces un mismo dinero y a un mismo sujeto mientras que «todos los contribuyentes al recibir nuestro sueldo pagamos la renta y luego, al consumir, el IVA de la compra, eso sí es una doble imposición», y añadió que, pese al debate, «a mí no me cabe duda de que tiene un lugar en nuestros sistemas fiscales».
Progresividad
Los paganos efectivos del impuesto de sucesiones en Asturias son, en todo caso, una minoría. Sin embargo, al abono de este tributo se suma en muchas ocasiones el pago del impuesto de plusvalías (de ámbito municipal) que grava la venta de viviendas y fija su precio en función del valor catastral. Para Carlos Monasterio, destaca en todo caso el problema «grosero» del error de salto. «Cada sociedad, la española y la asturiana, debe decidir qué es una herencia normal y qué se grava» y acusó de «pereza» a los cargos públicos de la administración asturiana que no han resuelto aún este problema «que se debió corregir hace muchos años».
Los críticos con Sucesiones argumentan además que el hecho de que la asturiana sea la tasa más alta del Estado provoca deslocalizaciones fiscales, y que algunas fortunas se trasladan a Madrid. De hecho, durante el debate sobre el estado de la región, el presidente asturiano acusó a la capital del estado de actuar como un «paraíso fiscal interior» ya que su recaudación, por nivel de población y el elevado número de sociedades que tienen allí su sede, les permite prescindir sin mucha merma de ingresos del impuesto a las herencias.
En este sentido, Monasterio indicó que «si tenemos un país federal, aunque lo llamemos de comunidades autónomas, los impuestos deben estar armonizados» ya que se se establecen grandes diferencias entre territorios, algunos patrimonios «se pueden ir a vivir a Madrid de verdad, o hacer algo que llamaré ingeniería fiscal por no llamarlo fraude, y es decir que se van a vivir allí». Han sido varios los colectivos empresariales que han hablado de la marcha de empresas y patrimonio a Madrid para eludir el impuesto asturiano aunque no hay datos que confirmen esta tesis. En todo caso sería una práctica difícil y arriesgada, la capital exige demostrar un mínimo de tres años de residencia en la comunidad para acogerse a ese beneficio fiscal y Hacienda es meticulosa en la búsqueda de engaños, con casos en los en un mismo sujeto afirma vivir en Madrid pero sus ingresos hospitalarios son todos en Asturias.
A los problemas del «error de salto» o la confusión con las plusvalías, Monasterio suma la necesidad, no asumida en su opinión, de modernizar y facilitar la formas de pago. «El caso tipo es el de que el bien de mayor valor que se recibe es una vivienda, y queda poco dinero en efectivo en la herencia. Pero el heredero tiene un problema de liquidez y el pago tiene que hacerlo en efectivo. Si la hacienda autonómica fuera sensible, se podría arreglar esto graduando los mecanismos de pago».