Su abogado afirma que la tasa de 6.000 euros que le reclama el Principado no está justificada porque no hubo «imprudencia»
10 ene 2017 . Actualizado a las 14:16 h.Un escalador que sufrió un accidente en Picu Urriellu y al que los Servicios Tributarios del Principado de Asturias pretenden cobrarle unos 6.000 euros en concepto de tasa ha decidido recurrir por la vía administrativa. Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado experto en Derecho Deportivo y Derecho de Montaña que lleva el caso, Alejandro López.
En principio solicitan la suspensión del pago de la tasa, por lo menos hasta que se tome una decisión definitiva. Al escalador se le pide unos 5.900 euros por Medios técnicos y helicóptero medicalizado y otros 82 euros por Servicio de personal de intervención-Bombero rescatador.
El accidente tuvo lugar en octubre de este año. No hubo negligencia o dejadez alguna, al ser un escalador experimentado. Estaba con otra persona en la cara Norte de Picu Urriellu cuando sufrió una caída y tuvo se lesionó en el fémur.
Ante esa circunstancia, llamaron al 112. Acudió al lugar el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que le bajó para estabilizarlo y luego lo llevó a un centro hospitalario en aproximadamente un espacio temporal de algo más de dos horas. Nadie le advirtió que le iban a cobrar. La reclamación le llegó hace unos días, el 15 de diciembre. «No estaba federado, pero es que no es obligatorio federarse», ha apuntado el abogado.
López señala que una de las cuestiones en las que se basa su recurso se refiere a la falta de desglose en la reclamación que hace a su cliente la Administración.
Pero además, hay otras razones que son más de fondo. La petición de que se suspenda el pago se refiere además a la situación económica del afectado, que no es precisamente boyante.
Pero además, López ha explicado que tras este tipo de casos se esconden la «privatización» de este tipo de servicios que no se solicitan por capricho, sino por «absoluta necesidad». La tendencia, sin embargo, es que sea el ciudadano el que termine pagando un servicio que era público. «No se ha justificado ningún tipo de imprudencia, es un accidente como el que puede tener cualquiera», ha señalado.
Y ha añadido que las administraciones públicas están privatizando los servicios de rescate cuando se supone que son servicios que se solicitan por necesidad, algo relacionado con un derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos, ha argumentado.
Asturias, junto a comunidades como Canarias o País Vasco tienen una legislación en la que «objetivizan» el cobro de tasas objetivando la práctica deportiva, sin que tenga que haber negligencia. «Cobran por el mero hecho de hacer un deporte», ha alegado López. Curiosamente, en la lista por la que se cobra de actividades «que entrañan riesgo o peligro» sí figura la escalada, pero no la el montañismo o el alpinismo. «¿Que ocurre entonces si rescatan a alguien este invierno con el helicóptero medicalizado en Picos de Europa? ¿No le van a cobrar el rescate?»
Pero la legislación asturiana, canaria o vasca no es la misma que la que tienen en otras comunidades autónomas. López ha dicho que este tipo de rescates no serían objeto de tasas en otras comunidades autónomas, donde sí cobran por negligencias probadas.
Más aún, ha dicho que existen otras diferencias importantes en función de quién haga el rescate. Se le está reclamando a su cliente porque le atendió un helicóptero del SEPA, pero si para el rescate se hubiese recurrido a un helicóptero de Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil no se le hubiese reclamado tasa alguna. La decisión depende del teléfono 112, que es quien centraliza las llamadas de emergencia. «Es una lotería, en función de qué helicóptero vaya», ha manifestado.
Peor para los accidentes
Alejandro López no cree que con este tipo de tasas por rescate que se cobran en Asturias en función del deporte que se practica se contribuya a reducir accidentes. «Creo más bien que se está equivocando, porque una persona que vaya hoy a la montaña conociendo lo que ocurre va a tardar más en llamar por teléfono si le pasa algo, con lo que aumentaría el tiempo de intervención y de riesgo para lesionados», ha indicado.
«Creo que sí tiene que haber algún tipo de sanción o cobro para gente que sea manifiestamente imprudente y que quede probado por ejemplo por un atestado de la Guardia Civil, pero no le corresponde a la Administración decidirlo de motu propio, y mucho menos de manera arbitraria», ha apuntado. «Lo que no se puede hacer es objetivizar, porque eso o tiene un afán recaudatorio, que yo ahí no me meto, o es un camino equivocado para reducir accidentes», ha apostillado.