Los directores de servicios sociales exigen al Gobierno del PP esa cantidad para asumir la parte del copago que le otorga la ley
25 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los directores y gerentes en servicios sociales han hecho números y han puesto sobre la mesa el agujero negro en la financiación de la Ley de Dependencia. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debería poner 500 millones de euros para igualar la financiación que entregaba a las comunidades autónomas antes de llegar a la crisis. Pero si en realidad pretende cumplir su compromiso de pagar el 50% del gasto generado, y no el 18% como está haciendo ahora entonces la factura crece de forma exponencial. Debería encontrar 4.000 millones de euros. De esa cantidad, a Asturias le corresponden 115,6 millones de euros. De hecho, en el Principado no está cubriendo ni ese 18%, que es la media nacional. En Asturias no llega ni al 15%.
Los expertos aglutinados en la asociación de directores y gerente en servicios sociales creen que, en el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, ha llegado el momento de darle un impulso definitivo. Lo primero sería recuperar esos 500 millones de euros que se evaporaron con los recortado con los decretos del año 2012. El paso inmediato sería abrir la negociación de un nuevo sistema de financiación, que garantice la estabilidad y suficiencia, y en el que la Administración nacional asuma de forma real el 50% del coste sistema, algo que aparece reflejado en la propia legislación.
Los gerentes, que publican periodicamente el Observatorio de la Dependencia, recuerdan que detrás de estas cifras hay personas afectadas. Los 500 millones de euros que el Estado ha dejado de aportar a las comunidades sirven para atender a unos 72.000 beneficiarios más y habrían generado unos 20.000 empleos. La cantidad se convierte en crucial cuando, además, hay 350.000 atrapadas en el limbo de la dependencia en España. Son personas con el derecho reconocido pero que todavía no está siendo atendidas. Ese limbo, en Asturias, cuenta 3.703 asturianos que necesitan ayuda y, además, tienen derecho a ella.
«La financiación de esta política debe pactarse considerando la necesaria suficiencia que corrija la alarmante y paulatina retirada de la Administración General del Estado respecto al mínimo garantizado por el Estado para la atención a las personas dependientes sin olvidar que esta ley se amparó en la Constitución Española y que los desequilibrios territoriales actuales resultan inadmisibles», argumentan los expertos.
Las cifras para Asturias
El estudio toma como referencia el balance final de 2015 y cifra el gasto del Principado para sufragar la Ley de la Dependencia en 161,4 millones de euros. Del total, el Gobierno del PP solo pone 22,8 millones, esto supone que ni siquiera llega al 15%. Asturias es una de las comunidades que, proporcionalmente, tiene que hacer un mayor esfuerzo junto con la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. Para llegar a asumir el 50% que le corresponde, tendría que presupuestar exactamente 115.696.917,9 euros. Para cumplir con todas las comunidades por igual, el desembolso sería de 4.007.448.161,4 euros. A la región que más le debe, en términos absolutos, es a Madrid, con 692 millones.
«Existen muchas posibilidades de mejorar la calidad del sistema, pero solo partiendo de unos mínimos de suficiencia financiera será posible flexibilizar y personalizar las magras atenciones que actualmente se prestan a las personas en situación de dependencia», señala el colectivo, que reclama al Estado que «atienda el clamor de la sociedad, refrendado en el Congreso de los Diputados, y sea leal con las comunidades».