Hacienda estima que sucesiones afectará a unos 200 asturianos con la exención de 300.000 euros

L.O. / Agencias REDACCIÓN

ASTURIAS

Concentración en contra del impuesto de sucesiones en Oviedo.Concentración en contra del impuesto de sucesiones en Oviedo
Concentración en contra del impuesto de sucesiones en Oviedo

Los datos fiscales revelan que entre el periodo de 2012 a 2015 apenas 821 personas tuvieron que abonar la tasa en el Principado

04 mar 2017 . Actualizado a las 17:06 h.

La media de asturianos herederos de primer grado --los ascendientes y descendientes, pero no, por ejemplo los hermanos-- que tuvieron que abonar en Asturias el Impuesto de Sucesiones de 2012 a 2015 fue de 821 personas, una cifra que la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado estima se verá reducida en 2017 a algo más de 400 personas con la subida del mínimo exento a los 200.000 euros. Las mismas fuentes estiman que una vez se establezca en 300.000 euros ese mínimo exento serán poco más de 220 los herederos de primer grado que se vean obligados a abonar el tributo en la región.

La media de los últimos años --en el periodo que va de los años 2012 a 2015-- recoge que han sido 28.759 declarantes del impuesto de sucesiones en Asturias. De esa cifra son 4.191 los que tienen una cuota positiva, es decir, les corresponde pagar dicho tributo, según los datos ofrecidos por la Consejería de Hacienda y Sector Público a Europa Press. En cuanto a la recaudación, según datos de la Consejería la media ingresada por este tributo en 2016 ascendería a unos 94 millones de euros, cifra en la que se incluyen pagos atrasados. En concreto, y según los datos adelantados por La Voz de Asturias el pasado mes de noviembre, de todas las personas (sumando a los grupos III y IV, que incluyen colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, primos, sobrinos, etc; y a los herederos sin vínculo sanguíneo) que tuvieron que declarar el impuesto de sucesiones sólo lo pagó el 14,5%.

Respecto al periodo 2012-2015, en el Grupo II, esto es, los descendientes directos mayores de 21 años, las herencias entre 150.00 y 240.000 euros (que son las directamente afectadas por el denominado error de salto, de manera que paga lo mismo el heredero el que recibe el tramo mínimo que el máximo) le correspondieron a un total de 411, fueron 224 los que heredaron montos entre 240.000 y 400.000 euros; 103 asturianos recibieron herencias entre 400.000 y 800.000 euros; y sólo 52 heredaron fortunas de más de 800.000. Para los primeros, los afectados por el 'error de salto' la cuota media (en este segmento la herencia media es de más de 205.000 euros) que tuvo que ser abonada a la administración fue de 15.654 euros; pero para los 52 herederos del grupo más alto (con herencias medias de 2,1 millones de euros), la cuota media fue de 330.000).

Por el impuesto de sucesiones, en esos años, Asturias recaudó 86,3 millones de euros de los que algo menos de la mitad (41,3 millones) corresponde a herencias de familiares directos; y hasta algo más de los 45 millones restantes corresponde a herencias de afinidad indirecta).

Con el mínimo exento hasta 200.000 contemplada en el Presupuesto de 2017, la cifra de declarantes caerá -siempre según estimaciones de la consejería-- hasta los 421, siendo unos 3.700 los declarantes que contarán con una cuota positiva, es decir con resultado a pagar.

Los detractores de este tributo en la región han protagonizado esta semana una multitudinaria concentración en las inmediaciones del parlamento asturiano exigiendo la abolición de un impuesto que consideran «injusto» a todas luces, más aún si se compara con las comunidades vecinas.

La plataforma que promueve la abolición del pago de sucesiones ha entregado en el registro de la Cámara más de 108.000 firmas apoyando su petición y están dispuestos a seguir adelante en su lucha. Así, el siguiente paso que tienen en mente es acudir a Madrid unidos a quienes también se oponen al pago de este tributo en Andalucía y Extremadura.

No descartan tampoco la creación de un «partido apolítico» cuyo único objetivo sea el de llegar a la Cámara para suprimir el impuesto.