Los sobrecostes por las fugas de agua de Pajares ya superan a los de El Musel

Las modificaciones ascienden a los 260 millones. Los informes de inspectores de Adif señalan que el proyecto no evaluó adecuadamente las características del terreno ni la capacidad de los acuíferos


Redacción

Entre los muchos problemas de una obra tan compleja como la de los túneles de la Variante de Pajares, las filtraciones de agua --provocadas por haber pinchado las obras varios acuíferos que han secado arroyos en la vertiente leonesa-- no son uno de los menores. Diversos informes de la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a los que ha tenido acceso La Voz de Asturias recogen una serie de modificaciones derivadas en su mayor parte de la necesidad de ir haciendo frente a las inundaciones que ascienden hasta los 260 millones de euros, una cifra superior a los sobrecostes de la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, y que rondan los 200 millones.

En concreto, un primer lote de documentos (relativo a la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC y Acciona Infraestructuras) recoge modificaciones que abarcan un periodo entre agosto de 2007 y septiembre de 2009 que suman más de 96,8 millones de euros y que obligaron a acumular 24 meses de retrasos en el desarrollo de las obras. En un segundo grupo de documentos (sobre los trabajos correspondientes a la UTE de Dragados S.A.y Obras Subterráneas), los sobrecostes ascienden a 39,5 millones de euros por modificaciones realizadas entre febrero de 2009 y diciembre de 2010; esto supuso 22 meses de retrasos. El lote de la UTE de Ferrovial, Sacyr y Cavosa Obras y Proyectos, se refiere a cambios efectuados en las obras entre agosto de 2007 y junio de 2011 supusieron sobrecostes por valor de 83,1 millones de euros y hasta 71 meses de retrasos en los trabajos. Por último, el grupo de documentos referido a la UTE de Assignia Infraestructuras, Bruesa Construcción, Copcisa y AZVI, recoge modificaciones por valor de 41,2 millones de euros, correspondientes a julio de 2009 y que supusieron hasta 21 meses de retrasos respecto a los plazos previstos inicialmente.

Muchos de los parones, modificaciones y cambios que devienen el sobrecostes tienen su origen en una mala planificación de las obras, a medida que se horadaban los túneles se topó con acuíferos subterráneos que inundaron las obras y que además tuvieron un impacto ecológico aún muy difícil de calibrar: se alteró el flujo de agua en numerosos ríos de la vertiente de la cordillera hacia León. un caudal que probablemente nunca se llegue a recuperar y que ha llevado a varios ayuntamientos de la zona a plantear una denuncia ante la justicia europea. Los documentos revelan que las obras se iniciaron sin haber realizado estudios adecuados de los materiales que se iban a encontrar en el desarrollo de los túneles y tampoco del impacto que tendrían sobre esos acuíferos. También que, a pesar de haberse encontrado estos problemas durante las primeras fases de la excavación, los trabajos no se detuvieron.

En uno de los documentos, fechado en julio de 2017, uno de los inspectores de Adif advierte de que los datos del estudio geotécnico realizado en ese momento indican «la existencia de una distribución de litotipos más compleja que la considerada en el proyecto constructivo» e insta a las modificaciones porque «lejos de trabajar como inicialmente se pretendía en una formación caliza, se estaría haciendo en una formación pizarrosa con un pésimo comportamiento deformacional y por tanto proclive a generar serios problemas de estabilidad». 

En otro de los informes, fechado en enero de 2017, el inspector de Adif señala que «las grandes afluencias de aguas y lodos» en uno de los túneles «demostraron que las capacidades de las balsas de decantación previstas en proyecto eran insuficientes». Un caso en el que, además el técnico recoge que teminaron por provocarse vertidos al cauce de sólidos en suspensión que motivaron la apertura de un expendiente por parte de la Confederación Hidrográfica. 

El diputado asturiano de Podemos, Segundo González, denunció el pasado sábado que Fomento ya tenía indicios de que existían los acuíferos que originaron estos sobrecostes. Este martes insistió en que el Ministerio «tenía información» sobre todos estos problemas que, en su opinión, tienen su origen en «la precipitación de adjudicar la obra entre los años 2003 y 2004, al final del último Gobierno de José María Aznar para utilizarlo como bandera en la campaña electoral». En este sentido, el diputado morado destacó que no se realizó un estudio hidrogeológico previo al inicio de las obras «para identificar la magnitud de los acuíferos» y apuntó a que hubo «una negligencia en la gestión que se puede atribuir a Adif» durante el mandato del PP con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, pero también «a los del gobierno del PSOE con Magdalena Álvarez». Además añadió que en última instancia hay una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente por no haber valorado adecuadamente el impacto de las obras en los acuíferos.

Segundo González se encontrará este miércoles, un cuarto de hora antes del mediodía, con Álvarez-Cascos en los juzgados de Oviedo por la demanda de protección del honor interpuesta por el exministro contra el diputado por haber expresado sus sospechas respecto a la relación de todos estos sobrecostes con la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel. «No se puede establecer una causalidad porque es algo que tendrán que decir los tribunales», señaló González «pero desde luego las grandes constructoras que aparecen en estos documentos sí sabían de la existencia de esos acuíferos y de los sobrecostes». Los morados han relacionado en varias ocasiones el hecho de que algunas de estas compañías aparezcan también en los denominamos «papeles de Bárcenas» como donantes de fondos al PP a cambio, presuntamente, de la adjudicación de obras.

González afirmó que afronta el inicio del juicio con «tranquilidad» sin bien destacó el hecho de que «quienes denunciamos públicamente e investigamos casos de una posible prevaricación, al final tenemos que ir a juicio contra quienes serían los presuntos prevaricadores, es lo que suele pasar en este país con este tipo de casos».

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