Algunas de las iniciativas legislativas más importantes de la legislatura se retrasan por la falta de acuerdo entre los grupos
14 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Sobre el camino de los peregrinos dice el refrán que quien va Santiago y al Salvador, visita al criado y olvida al señor, porque el Salvador es el patrón de Oviedo. Aún así, la fiesta de la capital es San Mateo porque la festividad del evangelista es el 21 de septiembre, justo el último día en que era posible acogerse a una indulgencia plenaria en la Catedral si se habían cumplido con las limosnas correspondientes. Quiere decir todo esto que la tradición de dejarlo todo para el último día está arraigada en Asturias al menos desde el siglo XV y no se renuncia a las costumbres así como así. Dos de las principales leyes de esta legislatura --la de Transparencia y Buen Gobierno y la de la reforma electoral asturiana-- han vivido un cierto revivir en el debate político (no habrá pleno esta semana en la Junta General como deferencia de los grupos hacia el PSOE, que celebra en Madrid su congreso federal) aunque su tramitación definitiva no es ni mucho menos inmediata.
La Ley de Transparencia, iniciativa legislativa del Gobierno, cumplía esta semana el plazo de presentación de enmiendas aunque su debate no tendrá lugar hasta septiembre. Desde el comienzo del nuevo ejercicio, en enero, los grupos han debatido la posibilidad de llegar a acuerdos para reducir el «atasco legislativo» en la cámara pero con resultados desiguales. Si lo hubo para limitar el número de comparecencias en las comisiones, no se logró en la tentativa de suprimir un pleno al mes en la Junta para agilizar los trabajos de los diputados. Tampoco se logró ningún pacto respecto a la iniciativa de tratar de reunir esta iniciativa con otras similares que atañen a la lucha anticorrupción presentadas por otros grupos. Ciudadanos propuso una reforma de la Inspección General. Y la propuesta de Podemos de crear una Oficina Anticorrupción fue rechaza por una mayoría de grupos después de un informe desfavorable sobre su redacción elaborado por los servicios jurídicos de la cámara. Pero no se pudo refundir las tres iniciativas en una por falta de acuerdo entre los partidos. A la hora de presentar sus enmiendas, Podemos recuperó la idea de la Oficina Anticorrupción, que, según explicó su secretario general, Daniel Ripa,debe incluir la posibilidad de recibir denuncias anónimas. Ripa cargó en todo caso contra una ley del Ejecutivo que consideró «obsoleta» y demandó desvincular las iniciativas de transparencia de las relaciondas con la lucha contra la corrupción. Entre las 77 enmiendas de Podemos, se encuentras propuestas para que se deba dar información pública sobre las cuentas bancarias del Principado cada 15 días (una iniciativa de «cuentas abiertas» que ya fue presentada por los morados y rechazada por el pleno) y también la inclusión de un registro de lobbies.
El control de los «grupos de interés» forma parte también de las enmiendas presentadas por Ciudadanos. Los naranjas anunciaron 38 enmiendas entre las que se cuentan la creación de un Estatuto del Denunciante. La Ley de Transparencia no contempla (y es un punto de fricción entre socialistas y morados que se puedan presentar denuncias anónimas), y así desde Ciudadanos han propuesto establecer un sistema de protección de estos denunciantes frente a las represalias que pudieran sufrir por su actuación. En todo caso, el reglamento de la cámara marca que ni julio ni agosto son meses hábiles para los plenos por lo que la ponencia encargada de elaborar el dictamen que será sometido a votación en el hemiciclo para su aprobación definitiva volverá a reunirse después del verano, ya en septiembre.
La Ley electoral
La reforma de la ley electoral asturiana ha sufrido un camino accidentado ya desde la pasada legislatura. Entonces se intentó un acuerdo a tres bandas entre PSOE, IU y UPyD que fracasó por un desacuerdo entre los grupos por la interpretación de uno de los puntos del acuerdo sobre qué significaba la «mayoría reforzada» necesaria para sacarla adelante. Para la coalición y los magentas bastaba la mayoría absoluta que los tres grupos sumaban entonces en la cámara, para los socialistas (que aducían que la que se derogaba había tenido un respaldo unánime) era necesario contar además con el apoyo de alguna formación más. Tras las nuevas elecciones volvió a repetirse el acuerdo (esta vez con PSOE, IU y Ciudadanos) aunque ya se explicitó de forma mucho más precisa que, en todo caso, la reforma debería contar con el apoyo de tres quintos del parlamento autonómico. Eso hacía imprescindible el respaldo de Podemos que vinculó su negociación a propuestas (como una reforma sobre las iniciativas legislativas populares) que escapaban a esa legislación. Los morados también mostraron sus reticencias a puntos de la ley como el voto anticipado que, a su juicio, podían favorecer el establecimiento de «redes clientelares».
Era una reforma muy ambiciosa que optaba por cambiar el reparto de escaños sin tocar las tres circunscripciones para darle mayor representatividad al área más poblada que es la central. También incluía la posibilidad de bajas temporales de diputados o la creación de listas abiertas, la obligatoriedad de debates electorales o incluso la celebración de primarias en los partidos. Muchos de esos puntos fueron barridos por el Ejecutivo central, que apuntó que invadía sus competencias, y también por informes jurídicos de los letrados. Tras demoras constantes, la reforma quedó en el aire a la espera de que se debata en el Congreso de los Diputados una normativa de carácter estatal, algo previsto en esta legislatura.
Pero esta semana, Podemos Asturies apostó por retomar el debate y, entre fuertes críticas a los socialistas a los que acusaron de «boicotear su propia reforma», plantearon que, en caso de no existir acuerdo en la Ponencia, ellos defenderían que el texto original de la reforma de ley electoral se debata, artículo a artículo, en la Comisión de Presidencia y que planteen enmiendas transaccionales. Para Ciudadanos este interés podría abrir la puerta a que los morados se sumaran al «consenso» de la reforma. Pero quizá sea demasiado tarde y se hayan perdido demasiados meses por la falta de interés en cimentar ese acuerdo desde el inicio.