Archivada la denuncia sobre el trato de favor a cargos públicos en las listas de espera
ASTURIAS
La Fiscalía estima que el tiempo de espera fue inferior al de otros pacientes pero también mayor al de otros muchos casos
26 jun 2017 . Actualizado a las 17:06 h.La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por Podemos por un presunto trato de favor a dos cargos públicos del Principado en el servicio de Urología del HUCA al no ver indicios de que se aprovecharan de su cargo para ser favorecidos.
Podemos presentó la denuncia ante la Fiscalía en noviembre de 2016, lo que dio lugar a la apertura de diligencias.
La denuncia, presentada por el diputado Andrés Fernández Vilanova, se sustentaba en un dossier recibido de forma anónima que parecía ser la copia de un registro de lista de espera quirúrgica (LEQ) de 20 de enero de 2015 donde figura un cargo público.
Según la denuncia, en los documentos no se describían diagnósticos sino que se mencionan fechas de entrada en la LEQ y fechas de intervención por el servicio de Urología que, si se comparan, reflejaban que el cargo público fue intervenido en un plazo de un mes y veinte días mientras que el resto de pacientes esperaron cuatro meses pese a haber sido incluidos en la lista con anterioridad.
Además, el dossier incluía lo que aparentaba ser una copia del archivo del HUCA correspondiente a un segundo cargo público donde figura una operación en Urología en el que se especifica «Programado no LEQ», es decir, sin paso previo por lista de espera.
Fuentes del Ministerio Público han explicado a Efe que la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia tras constatar que el tiempo de espera del primer cargo público fue inferior al de otros pacientes, pero también mayor al de otros muchos casos.
En el caso del segundo cargo público, la Fiscalía apunta que el término «no LEQ» corresponde a los casos en los son necesarios estudios médicos preferentes o en los que se produce un empeoramiento del paciente.
El facultativo del HUCA acreditó una «acentuación muy importante de su sintomatología», un criterio médico que el Ministerio Público considera que no se tiene por qué cuestionar.
Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía entiende que no hay ningún dato que corrobore que ninguno de estos pacientes se beneficiara de su cargo para obtener un trato de favor.