Todos los condenados tendrán que entregar el lunes los pasaportes. El tribunal no aprecia riesgo de fuga ni posibilidad de reincidencia delictiva
29 sep 2017 . Actualizado a las 13:35 h.El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial no aprecia la existencia de riesgo de fuga, alarma social, reincidencia delictiva hacia sus víctimas, ni posibilidad alguna de que los cinco principales condenados del denominado Caso Marea puedan ocultar o destruir pruebas o hacer desaparecer fuentes de prueba. Así lo ha determinado a la hora de acordar la puesta en libertad provisional del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero, la exjefa de servicio del Principado, Marta Renedo y de los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A. (APSA) y Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Igrafo.
La única medida cautelar que se les ha impuesto ha sido la retirada del pasaporte, para evitar que puedan fugarse al extranjero, y la obligatoriedad de notificar cualquier cambio de domicilio definitivo, temporal o durante las vacaciones. Una medida que se hará efectiva el próximo lunes, a las 11 de la mañana, en una comparecencia judicial. A algunos de los condenados ya se les había impuesto esta medida con anterioridad, si bien el tribunal ha fallado a favor de su retirada siguiendo el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La fiscal había reiterado su posicionamiento a favor de la libertad provisional al estimar que los cinco condenados habían cumplido «escrupulosamente todos los requerimientos judiciales» a lo largo de los seis años que duró la instrucción de la causa, un año desde que tuvieron conocimiento de la sentencia y un mes desde que se les notificó la resolución condenatoria y, sin embargo, no se habían sustraído a la acción de la justicia, lo que echaba por tierra cualquier indicio de riesgo de fuga. «Incluso hoy, que se decide si entran o no en prisión han comparecido», señaló la fiscal.
Todos los abogados defensores se adhirieron a la petición de la Fiscalía, por lo que el abogado Alberto Suárez, que ejercita la acusación en representación del Grupo Parlamentario de Podemos, se quedó solo reclamando al tribunal que dictase un auto de ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.
Las defensas, por el contrario, cuestionaron las verdaderas intenciones del letrado de Podemos, al entender que más que argumentos jurídicos, trataba de llevar a la Sala motivos extraprocesales de índole política. Censuraron abiertamente que intentara una maniobra de presión hacia el Gobierno regional y los propios jueces, al haber emprendido a través de las redes sociales una campaña de recogida de firmas para conseguir, a través de una iniciativa popular, el encarcelamiento de los condenados y realizar un chantaje político, jugando con la ley de transparencia.