Izquierda Unida se resiste a aceptar un intercambio por tributos a los que pone cifras en la caida de ingresos a las arcas del Principado
02 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Hubo ya en el inicio de la legislatura debate sobre el coste de implantar la oficialidad (demasiado a menudo con argumentos disparatados y números fantasiosos); pero lo que ha terminado por poner precio a la reforma en el Estatuto ha sido la demanda de Foro de comprometer rebajas fiscales paralelas y una propuesta de Podemos para no dar por cerrado el diálogo. ¿Qué impacto tendría en la recaudación?
Los morados presentaron un documento con varias aportaciones: reducir donaciones de manera relevante, una bonificación muy concreta para sucesiones en el caso de vivienda habitual en zona rural, y, entre otras, una reducción de medio punto en los tres primeros tramos del IRPF autonómico. El cálculo de la pérdida de ingresos que supondría para las arcas asturianas sólo puede ser estimativo. Por donaciones Asturias recauda una media de 10 millones de euros anuales, en el presupuesto vigente está recogida una expectativa de superar los 8 millones. Pero en el IRPF está el grueso de la rebaja. Es un impuesto de gran tamaño para el Principado y de ese tributo recoge cifras por encima de los mil millones de euros en cada ejercicio. Desde el entorno de Izquierda Unida de Asturias, que ha recelado de forma intensa de la propuesta, se hacen cábalas que pasan de los 30 millones de euros menos en recaudación si se aplicara tal cual la iniciativa morada.
La coalición se ha visto enfrentada de forma repentina a un callejón de difícil salida; han continuado las conversaciones más allá del 31 de enero que habían fijado como plazo definitivo y además el diálogo ha empezado a girar sobre tributos, algo que incluso con un acuerdo deberá pactarse fuera de la reforma estatutaria; de momento y a día de hoy, IU se niega aceptar esas condiciones. Sin duda tendrá su peso en ello que además los sindicatos mayoritarios han llamado la atención para que no se tomen las rebajas fiscales a la ligera. No gusta en UGT y tampoco en CCOO, su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico advirtió de forma explícita que «no apoyaremos una reforma fiscal que ponga en peligro la financiación de la educación o sanidad públicas en Asturias. Los ricos no quieren pagar impuestos pero la mayoría de la sociedad necesita más justicia fiscal para garantizar igualdad de oportunidades» y añadió que «por eso nos gustaría conocer la posición del presidente asturiano: ¿aceptará cambiar privilegios fiscales por derechos? La ambigüedad no es una opción».
Si hasta que se cumplió enero el foco de la premura del asturianismo estaba puesto sobre Foro, llegado febrero todo o parte de él podrá su mirada ahora sobre IU pese a que afecte a un pilar ideológico fundamental, el de la fiscalidad, en la organización.
A Foro le ha valido de momento para retomar los contactos, aunque no hay agendas ni calendarios de ningún sentido. En el partido de Adrián Pumares creen que el debate fiscal les favorece. Su propuesta inicial, lanzada en el debate sobre el estado de la región, planteaba incrementar las exenciones al impuesto de sucesiones hasta el millón de euros, lo que haría casi testimonial el grupo de personas afectadas por el tributo.
Pese a las campañas adversas interesadas, sucesiones es un impuesto progresivo pero al estar cedido a las comunidades las diferencias territoriales sobrepasan la percepción social de las escalas de renta. Entra dentro de los escenarios posibles que el Ejecutivo central lleve a la palestra esta legislatura una propuesta de armonización de tributos autonómicos que, en la práctica, supondrían una rebaja de algunos de Asturias, como el de las herencias, al igualar el intervalo de los territorios.
Es una baza con la que juega Foro a la hora de señalar que no se trata de un asunto inadmisible si en una carambola termina siendo presentado, aún con otros porcentajes y medidas, por un gobierno de coalición de PSOE y Podemos en el Estado.
Pero Foro, IU y Podemos, las tres fuerzas juntas, sólo suman siete de los 27 diputados necesarios para la reforma del estatuto, el grueso y veintena lo aporta el PSOE que apenas se pronuncia. Barbón insiste en los últimos días en que «cualquier acuerdo tiene que ser acordado por los cuatro y si no es pactado por los cuatro no habrá ese acuerdo» y lamenta no poder contar con el respaldo del PP para la modificación de la máxima norma autonómica.