Eutanasia a «modo de protesta»: las dificultades que tendrá Trashorras para «morir dignamente»
ASTURIAS
El minero asturiano que facilitó los explosivos empleados en los atentados del 11-M, que cumple en el Centro Penitenciario de Asturias, denuncia no recibir la debida atención sanitaria pese a padecer una enfermedad mental diagnosticada
04 mar 2024 . Actualizado a las 13:59 h.José Emilio Suárez Trashorras, el exminero condenado en los atentados del 11-M por haber sido el facilitador de los explosivos empleados, solicitó el pasado viernes en prisión acogerse a la ley de eutanasia como protesta por «la falta de tratamiento médico y psicológico» que recibe en el Centro Penitenciario de Asturias. El avilesino de 47 años ha argumento en su solicitud de «morir dignamente» también su larga pena de prisión, condenado a más de 34.000 años -de los que al menos deberá cumplir 40- por actuar como cooperador del atentado. Una tragedia en la que murieron 191 personas.
En este sentido, cabe recordar que La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, en vigor desde el 25 de junio de 2021, solo permite dar esta prestación a las personas mayores de edad «con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal, o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física podrán pedir una eutanasia a su médico». De igual modo, es necesario «haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria por un medio que permita dejar constancia y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas», así como «prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir».
Este gesto de Suárez Trashorras sería «una manera de protestar» porque no recibe «la debida atención médica ni psicológica pese a que padece una enfermedad mental diagnosticada». Como médico de la prestación, Suárez Trashorras refiere al psiquiatra Julio Bobes, quien le ha atendido en numerosas ocasiones, según recoge El Comercio.
Desde prisión, Trashorras ha formulado «decenas de instancias solicitando» permisos carcelarios y otros beneficios pero no le han sido concedidos. Algunas de las razones que argumenta el Ministerio del Interior, para rechazar sus reclamaciones, según han destacado, son «la gravedad y repercusión» de los hechos protagonizados por él y la necesidad de evitar la revictimización de las personas dañadas por su actuación delictiva.