El taxi, el móvil y la miseria

OPINIÓN

13 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La nuevas tecnologías están abriendo posibilidades insospechadas hasta hace muy poco. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en una pantalla táctil. Una aplicación relativamente sencilla puede desatar un conflicto de alcance internacional porque, efectivamente, con un par de pulsaciones queda amenazada la subsistencia de cientos de miles de familias en decenas de ciudades de todo el mundo.

Estamos hablando del sector del taxi y de aplicaciones como Uber. Una  multinacional norteamericana que ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles que permite poner instantáneamente en contacto a usuarios que necesitan hacer un traslado urbano con una red de conductores no profesionales que, con su vehículo particular, hacen el servicio que hasta ahora era competencia del taxi en un mercado regulado. La ventaja para los usuarios del servicio es el precio de la carrera, muy inferior al del taxi, debido a las ventajas que sirven de reclamo a los conductores de Uber: sólo necesitan un vehículo, es decir, no están sometidos a ninguna exigencia económica o legal por parte de la Administración, salvo las que les conciernen como ciudadanos. El conflicto es inevitable, pues se trata de una competencia desleal insostenible y algunos gobiernos, y la Comisión Europea, quieren mirar hacia otro lado amparándose en la libertad de mercado.

¿Debe la Administración obligar a quien quiera ganarse la vida como taxista a superar una prueba de capacitación, a adquirir una licencia municipal, tener un vehículo homologado con fecha de caducidad que cumpla con estrictos requisitos de seguridad, pagar taxímetro y sistema de comunicación, tasas, seguros, impuestos, etc, y permitir, por otro lado, que cualquiera con un vehículo particular haga lo propio sin ninguno de estos requisitos?.

Pero no es solo el daño a los trabajadores del taxi. El deterioro del servicio prestado es evidente. Muchos pasajeros, especialmente en un contexto de crisis y precarización, prefieren pagar mucho menos a cambio de renunciar a las garantías que ofrece un servicio público regulado. Y no debemos olvidar que la mayoría de los que se enrolan a trabajar en este tipo de servicios, perversamente llamados «colaborativos», son personas que, ante la desesperante falta de empleo y de prestaciones sociales, están dispuestas a renunciar a condiciones de trabajo dignas para poder ingresar algo con lo que subsistir.

Hay muchos perjudicados y un solo beneficiario neto: la multinacional que desarrolla la aplicación y, sin apenas riesgos, se lleva el 20% de lo que cobra el conductor por la carrera. Beneficios que no se declaran en el país en el que se desarrolla la actividad, sino que suelen ir a parar a paraísos fiscales, ya que eluden la tributación. Es acertado poner a UBER como ejemplo, a pequeña escala, de lo que supondría la entrada en vigor del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que, por razones como las que ilustran este caso, se está negociando en secreto entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Desproteger sectores laborales permitiendo formas de competencia desleal es una forma de propagar la miseria en vez de velar por que en nuestra país siga habiendo empleos de calidad. Empresas como Uber deberían de tributar en nuestro país, ofrecer puestos de trabajo con derechos laborales y cumplir las mismas reglas que el resto del sector.  Nuestro trabajo consiste en que, en democracia, las normas sean iguales para todos, no débiles con los poderosos e indolentes con los débiles.