Hay dos expresiones anglosajonas que se repiten como un salmo en la liturgia de nuestra crisis y que revelan como pocas hasta qué punto se ha abordado la Gran Recesión no como un problema económico sino religioso. Se trata de «moral hazard» (el riesgo moral que, se supone, sufren los acreedores en el caso de perdonar total o parcialmente las deudas ya que, de no cobrarlas, los deudores volverán a las andadas de despilfarro y fiesta sinfín que les han llevado a estar ahora arruinados); la otra es «too big to fail» (demasiado grande para caer, que se refiere a veces a las entidades financieras más relevantes pero que, pese a sus tropelías, no podemos dejar que se arruinen en los casos de desastrosa gestión porque nos arrastrarían con ellos). Ambas matracas, asumidas como lema vital de todo nuestro gremio de grandes emprendedores que deben toda su fortuna a la herencia de papá, no sirven más que para reforzar una idea clave en todo este asunto: que el que es pobre, está parado o sufre necesidad, es porque se lo merece y se lo ha buscado por pecador y así lo ha designado la providencia, a la que los tecnócratas gustan llamar «la mano invisible del mercado».
Pero, como decía Buñuel, gracias a dios yo soy ateo y no tenemos por qué comulgar con estas ruedas de molino. Aún falta la sentencia, pero todos nos hemos empezado a llevar las manos a la cabeza ante el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Paolo Mengozzi, sobre las cláusulas suelo que desplegó la banca española. Pensemos en este muy particular sector, subvencionado como ninguno, y que al inicio de la crisis decidió que para ir salvando los muebles lo mejor sería ir vendiendo preferentes a ancianos seniles o analfabetos, y colocando estas cláusulas en las hipotecas de gente a la que nunca se explicó de qué se trataba; y lo hicieron de una manera tan burda que ni siquiera los tribunales pudieron negar que se trataba de una estafa. Ahora bien, tanto el Supremo español, como ahora Mengozzi, defienden que para cobrar lo debido por el fraude no se puede reclamar todo el dinero porque supondría la quiebra de un sector ya rescatado, en un momento en que además la banca de otros países como Italia, sufre enormes zozobras. No hay «moral hazard» para los bancos, si seguimos la doctrina dominante concluiremos que podrán seguir estafando y defraudando sin freno porque no hay temor al castigo, por la impunidad total con la que pueden saltarse todas las leyes. ¿No tiene merecida su ruina? ¿Cómo osan estos herejes oponerse a los designios de la providencia y su mano invisible?
Poca gente habrá que desee un descalabro masivo del sistema bancario pero menos aún habrá que entiendan y justifiquen que los mismos responsables de todos sus desmanes sean rescatados una y otra vez por los que sí cumplen las reglas sin que haya, al menos, una demanda de dimisiones, de sanciones. A los bancos los dirigen personas individuales, que han tomado estas decisiones. Ellos no son «too big to fail», si se les pincha, sangran, tienen ojos y proporciones y sentidos. También se ríen si se les hacen cosquillas. ¿Por qué a ellos la justicia no les afecta?
Hay algo que sí es verdaderamente demasiado grande para dejarlo caer: la idea de que todos somos iguales ante la ley, que existe la equidad y que hay unas instituciones que así lo garantizan. Pero con esta desproporción de la exigencia de responsabilidad para los plebeyos y los privilegiados se está destruyendo la confianza social. Crece luego la desafección hacia el estado, hacia la UE, mientras se aprietan las tuercas a cualquier alternativa de política económica que se aleje de la ortodoxia de los sacerdotes de la austeridad, mientras se tolera a líderes xenófobos que recogen ese descontento despertando al peor de los fantasmas de Europa, el fascismo. Todo en nombre de la responsabilidad.