«Un mero trámite» es una expresión que se escucha o lee con cierta frecuencia. Cuando por ejemplo una persona se muda de ciudad, compra o alquila una vivienda, es un mero trámite hacer el cambio de empadronamiento. Sí, hay cosas que son meros trámites porque teniendo la documentación necesaria no va más allá de presentarla en el lugar y momento adecuado.
Pero desgraciadamente la realidad nos hace ver que muchas veces se pretende hacer pasar por un mero trámite cuestiones que no lo son. Por ejemplo, alguien quiere abrir un negocio ruidoso en un solar y pretende que con presentar «cuatro papeles» ya esté el trámite cubierto.
Mucho más grave es el caso de los estudios de impacto ambiental. Hemos comprobado como en multitud de ocasiones todo el procedimiento administrativo inherente a los estudios de impacto ambiental han sido convertidos en meros trámites. Según la ley, los planes y proyectos que cumplan una serie de requisitos han de someterse a evaluación de impacto ambiental. Esto significa que al estudio habitual de índole económico hay que sumar otros, referentes a las afecciones que puede provocar el proyecto. Hay que poner en la balanza de la viabilidad muchas más cosas que un «mero» estudio económico y de mercado; la viabilidad del proyecto (o plan) estará supeditada al resultado de esa evaluación.
Para muchos empresarios y políticos, las evaluaciones ambientales aún no son más que una pejiguera, algo que está ahí molestando y ralentizando la puesta en marcha de sus proyectos. Y los han estado convirtiendo en un mero trámite; «tu presenta los papeles que ya se harán los informes necesarios para solventar el trámite». El papel todo lo aguanta y el compadreo y el clientelismo tienen sus peajes.
Desgraciadamente estamos muy lejos de la forma de actuar de países mucho más avanzados que el nuestro. Me decía mi padre que en otros países piensan mucho las cosas antes de hacerlas y en España hacemos las cosas a las bravas y luego tenemos que pensar mucho como solucionar los problemas ocasionados. O si no recordemos la urbanización de Valdecañas (Extremadura) o el hotel del Algarrobico (Almería). O los problemas del agua en Daimiel con la desecación de acuíferos por culpa de los pozos ilegales, o los terremotos causados por el proyecto Castor.
Estamos hartos de esta situación; si, mucha gente está harta de que cada cual haga de su capa un sayo y los bemoles, los favores y los trapos sucios permitan ningunear la letra y el espíritu de las leyes. Y no olvidemos que estas leyes están pensadas precisamente para proteger al ser humano de posibles efectos nocivos de sus propias actividades. No puede ser que el egoísmo y el cortoplacismo político sirvan para campar a sus anchas.
Lo peor de todo esto es que quien quiera trabajar para proteger el cumplimiento de las leyes para con ello proteger a las personas y al medio en el que viven, denunciando cuantas veces se intenten soslayar, será tachado de querer hundir la economía de la región o del país, o de querer emponzoñar o judicializar la vida política, de persecuciones, cuando no de querer llevarnos a las cavernas. Bueno, pues será el peaje que tendremos que pagar, ladrarán mientras cabalguemos. Pero cada cual que pague por sus acciones y omisiones.