La Región de Murcia se ha convertido en una especie de laboratorio en el que se lleva a cabo una suerte de experimento científico cuyo objetivo último es determinar cuál es el grado máximo de tontería que se puede alcanzar en política. Sin que exista una razón de peso, y sin que nadie haya sido capaz explicar por qué, el PP se ha metido en Murcia en un verdadero jardín en el que parece perdido y con graves dificultades para encontrar la salida. Un laberinto que se embrolla cada día más y que amenaza con convertirse en una grave crisis de Gobierno que afecte a toda España.
El origen de este descabellado enredo se sitúa en un hecho muy simple. El expresidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, que gobernaba en minoría gracias al apoyo de Ciudadanos, fue imputado por prevaricación, malversación de caudales, fraude y falsedad. Un hecho que por sí mismo le obligaba a dimitir, según el acuerdo de investidura firmado entre ambos partidos. Pero es que, además, él mismo se había comprometido públicamente a dejar el cargo si resultaba imputado. En coherencia, habría bastado con que presentara su dimisión, aún defendiendo su inocencia, para que la crisis se zanjara de inmediato y el PP siguiera gobernando. Pero, en lugar de ello, Sánchez se aferró a su cargo. E, inexplicablemente, y a pesar del acuerdo firmado, Mariano Rajoy y la dirección del PP le respaldaron, asegurando que Sánchez no iba renunciar en ningún caso.
Una decisión tan arbitraria como absurda, que solo sirvió para que Ciudadanos acabara humillando al PP obligándole a retractarse y a hacer dimitir a Sánchez bajo amenaza, -igualmente incongruente, por cierto-, de entregar el Gobierno de Murcia al PSOE pactando también con Podemos. Algo que los de Rivera juraron que no harían jamás. Y que sirvió también, de paso, para que se pusiera en duda el compromiso de Rajoy y del PP contra la corrupción. Pero, consumado el esperpento, con Sánchez dimitido -e imputado de nuevo en el camino por graves delitos en un caso diferente-, el asunto parecía solucionado con la decisión más obvia, la de situar en la presidencia de Murcia a otro dirigente del PP con el respaldo de Ciudadanos.
Pero no. Populares y naranjas parecen no tener suficiente y prolongan el culebrón. En lugar de pasar página y disfrutar de su victoria política, Ciudadanos sobreactúa y se descuelga con la exigencia de eliminar inmediatamente el aforamiento de diputados en Murcia -en vez de plantear un pacto en el Congreso para toda España, como sería lógico-, si el PP quiere su apoyo en la investidura del sustituto de Sánchez. Algo que convertiría a la región en una isla con normas políticas y judiciales distintas al resto esto del país. Y el PP remata la faena contestando al absurdo con algo aún más absurdo: te cambio la retirada de aforamientos en Murcia por la prohibición de que partidos y sindicatos puedan poner querellas contra los políticos. Es decir, más munición para los que acusan al PP de proteger a los corruptos. Que alguien les diga que dejen de hacer el ridículo.