La Audiencia pone fin a la guerra del Chao Samartín

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCIÓN

CULTURA

Chao Sanmartín
Chao Sanmartín

El tribunal desestima sin posibilidad de recurso las demandas del alcalde de Grandas de Salime contra el arqueólogo Ángel Villa

02 jun 2017 . Actualizado a las 13:20 h.

No cabe ya posible recurso ante esta sentencia y no han sido pocos los que se han presentado durante una década. La sección número 2 de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado definitivamente las apelaciones planteadas por el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, contra la última sentencia, con fecha de marzo de este año, que desestimaba sus acusaciones de fraude y prevaricación contra el arqueólogo Ángel Villa, que trabajaba para la Consejería de Cultura por un conflicto que atañe a los trabajos del castro Chao Samartin y que, dada su prolongación en el tiempo, han afectado a la investigación y restauración del yacimiento.

El alcalde había planteado un recurso de apelación al sobreseimiento de la causa por parte del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo por esos delitos y la Audiencia  ha confirmado ese fallo descartando la prevaricación así como que se hubieran fraccionados contratos en la adjudicación de los trabajos referidos al expediente de «Restauración y Consolidación de las Ruinas Arqueológicas del Castro Chao de San Martín». En este punto, el tribunal señala que las explicaciones ofrecidas desde la Consejería de Cultura justifican la «la conveniencia de efectuar tres contratos diferenciados por la diversa naturaleza de los trabajos a desarrollar, distinguiendo entre actuaciones de índole estrictamente arqueológica, intervenciones sobres estructuras arquitectónicas y restauración de pinturas murales». Respecto a la acusación de fraude y exacciones ilegales, la sentencia de la Audiencia afirma que se trata «de meras conjeturas carentes de base fáctica alguna», con lo que termina desestimado la apelación del edil «al no deducirse de las actuaciones que existan indicios para sostener que se ha cometido hecho punible alguno».

Se pone así punto final a una batalla legal emprendida entre la alcaldía de Grandas de Salime y la administración autonómica, del mismo signo político, ya que en todos estos años han coincidido responsables socialistas al frente de ambas administraciones y que diversos especialistas implicados atribuyeron a una manifiesta enemistad personal del alcalde del concejo hacia el arguéologo Villa. Una guerra en los tribunales que ha sido feroz y sin tregua. Las demandas comenzaron en el año 2010 por presuntas actuaciones irregulares por parte de la Consejería de Cultura; siguieron en 2012 por expolio ante el juzgado de Castropol; volvieron en 2013 otra vez ante la Consejería y ante el Seprona por vertidos ilegales, además de una recusación que fue rechazada por la SGT; en 2014 se instaron ante la Inspección General de Servicios, y todo ello se acompañó además de recursos a varios autos judiciales que autorizaban la intervención de la Consejería en el castro. El litigio ahora sobreseído definitivamente por al Audiencia llegó a rechazarse hasta en cuatro ocasiones por parte de los tribunales después de denuncias por recursos de forma en 2014, 2015, 2016 y 2017.

El castro de Chao Samartín es un recinto fortificado con origen la edad del bronce que, según los arqueólogos estuvo habitado hasta el siglo II, y cuenta con particularidades especialmente interesantes como unas contundentes defensas (desde un foso a un muero) además de un recinto sagrado de gran tamaño para la época (de unos 60 metros cuadrados) y también una sauna que da muestra de los usos de baños de las culturas astures antes de la llegada de los romanos.

El conflicto mantenido entre la alcaldía y la Consejería de Cultura llegó a afectar a los trabajos arqueológicos que llegaron a estar paralizados durante varios años. En el año 2012 el alcalde denunció al arqueólogo acusándole de extraer una pieza del yacimiento, después de enquistarse el conflicto, en 2015 el especialista de la Consejería de Cultura tuvo que acceder al castro custodiado por la Guardia Civil después de que el alcalde le negara el acceso.