La Ley de Uso permitirá a la Administración favorecer la implantación de la llingua sin que se pueda exigir oficialmente
11 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma del Estatuto propuesto en la pasada legislatura para implantar la oficialidad del asturiano quedará, previsiblemente, en un cajón los próximos cuatro años. Las cifras no dan de ninguna manera, puesto que la suma de los partidos de izquierda (PSOE, IU, Podemos) es de 23 escaños. Suficiente para la mayoría absoluta, pero lejos de los tres quintos que exige la ley para una reforma, 27 votos, aún en el hipotético caso de sumar el único diputado de Foro. Las otras dos fuerzas en liza, PP y Vox (sumados, 21 escaños) ya se han manifestado por activa y por pasiva en contra.
Sin embargo, si el actual gobierno autonómico tiene voluntad, queda, en opinión de los expertos, mucho margen de aplicación gracias a la Ley de Uso del asturiano. Esta norma especifica un cierto grado de protección como lengua «tradicional» de Asturias y señala algunos ámbitos, desde los ayuntamientos a la toponimia, pasando por la educación, sobre la que se pronuncia. Y no se ha desarrollado plenamente nunca.
Sin oficialidad, hay unos límites infranqueables para el asturiano, pero lo que sí da margen la normativa es para un desarrollo más preciso y extenso. La sentencia más reciente en el Tribunal Constitucional se produjo a raíz de la negativa de Vox y del PP de reconocer que consejeros del Principado usaran el asturiano en la Junta General. El tribunal respaldó al «bable» y señaló que, aunque el asturiano no sea una lengua oficial, la constitución española incluye un reconocimiento al pluralismo lingüístico, a la protección de uso, con unas consecuencias para su utilización en el ámbito público.
Ha habido conflictos y discusión en el ámbito de los ayuntamientos, con ordenanzas aprobadas en concejos, sistemáticamente recurrida por el PP ante los tribunales, o por ciudadanos que se dirigen en asturiano a los consistorios. Una forma de zanjarlo es mediante una clarificación: que se reconoce el derecho de los ciudadanos a usarlo ante las administraciones del Principado y acotar qué corresponde a cada una.
El segundo capítulo es el de los derechos de los ciudadanos en el uso de estas lenguas y sus efectos, por ejemplo, que no se pueda ser discriminado en razón de la lengua, pero siempre teniendo en cuenta que, como el asturiano no es oficial, el castellano es la única que surte efectos jurídicos frente a terceros.
Cualquiera puede dirigirse a la Administración en asturiano, pero una licencia de obra, por ejemplo, tiene que estar escrita en castellano como documento válido. De forma voluntaria, se le podría dar al interesado una copia en asturiano. En el caso del acceso a la función pública, se podrá considerar más como mérito que requisito, salvo para puestos que específicamente requieran conocer el asturiano o el eonaviego.