El informe del Consejo General de Economistas Asesores Fiscales recoge la modificación de sucesiones, gravamen por el que los descendientes pagan «importes simbólicos»
28 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ni frío ni calor. La carga impositiva a la que tienen que hacer frente los asturianos a lo largo del año se sitúa en un término medio en la comparativa con el resto de comunidades autónomas. La clasificación presenta diferencias en función del gravamen, pero en líneas generales, para las rentas medias y bajas, el Principado suele aparecer entre los extremos de Cataluña, Extremadura y Andalucía -donde más se paga- o Madrid -que casi siempre ocupa el último lugar. Eso sí, en los tramos más altos, los que corresponden a los más ricos, Asturias gana posiciones hasta situarse como una de las regiones en las que los que más dinero tienen pagan más impuestos.
El informe del Consejo General de Economistas Asesores Fiscales titulado Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017 recoge todas las modificaciones impositivas de las comunidades autónomas en el último año y establece clasificaciones con supuestos prácticos en función de la región y de la tasa. En esas tablas, el Principado solo aparece como la más cara en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el supuesto que se transmita un inmueble valorado en más de 750.000 euros. La tabla recoge varias opciones:
Como puede comprobarse, en el supuesto en el que el inmueble tiene más valor -750.000 euros-, en Asturias tendría que pagar por ese concepto 75.000 euros. Es la región más cara junto a Cataluña, Galicia y Valencia. Por el contrario, en el caso de importes más modestos, incluye ejemplos desde 150.000 euros, Asturias (12.000 euros) recuperaría esa posición intermedia entre Cataluña (15.000 euros) y Madrid (9.000).
En ese impuesto es en el único en el que el Principado encabeza la tabla, aunque sí que ocupa posiciones delanteras en los tramos más elevados del resto de tasas. Por ejemplo, en el IRPF utilizan un caso sencillo de un contribuyente soltero y sin hijos, con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción estatal o autonómica. Su única renta proviene del trabajo personal, su único gasto es el de la seguridad social y se le aplica la correspondiente reducción por rentas del trabajo. En la gran mayoría de los tramos de ingresos, Asturias está en mitad de la tabla, aunque en el tramo más alto -más de 600.000 euros brutos anuales de ingresos-, gana posiciones hasta situarse solo por debajo de Valencia y Cantabria y prácticamente al mismo nivel que Cantabria y La Rioja.
En cuanto al impuesto de sucesiones, el estudio recoge los cambios normativos introducidos por el acuerdo entre PSOE y PP para aprobar los presupuestos de 2017. Los economistas recuerdan que el cambio más significativo es que ahora el mínimo exento se fija en 200.000 euros y concluyen que los descendientes «solo pagan importes simbólicos» en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, así como en los territorios forales.
A pesar de los cambios y de ese carácter «simbólico» en algunos casos, la casuística cambia si la herencia es elevada. En el ejemplo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000€, de los que 200.000€ corresponden a la vivienda del fallecido, Asturias es la cuarta comunidad más cara, tan solo por detrás de Andalucía, Extremadura y Aragón.
En cuanto a donaciones, el informe incluye el supuesto de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000€ en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad. En ese caso, en Asturias es la segunda comunidad en la que más tendrá que pagar -casi 206.000 euros-. En Canarias solo pagaría 200 euros.
La «teatralidad» de los cambios tributarios
El Consejo General de Economistas y el Registro de Asesores Fiscales (Reaf-Regaf) percibe «cierta teatralidad» en las modificaciones tributarias realizadas a nivel autonómico y cree que la reforma del sistema de financiación autonómica es «muy conveniente», pero «no va a ser fácil» y conllevará también la de algunos impuestos cedidos, en un contexto en el que los impuestos propios solo representan el 2,2% de la recaudación tributaria autonómica.
Así lo ha señalado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, en la presentación de la XVI edición del estudio. «Juegan a bajar y subir impuestos pero en realidad, la incidencia que eso tiene en el presupuesto es mucho menor que la que tiene de cara a los votantes», ha señalado Pich, que considera que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica porque el actual «no es transparente» y los resultados de financiación que arroja son «arbitrarios, manteniendo unas diferencias que no se explican por las necesidades de gasto».
En este sentido, ha tachado de «espeso e incomprensible» el actual sistema, que a su juicio «fomenta debates territoriales e institucionales estériles», por lo que ve «muy conveniente» la intención del Gobierno de acometer una reforma de la financiación autonómica, aunque cree que «debido a las estrecheces presupuestarias, no va a resultar fácil».
Desde el Consejo General de Economistas y Reaf-Regaf han abogado por la supresión del Impuesto de Patrimonio y por una mayor igualdad en el de Sucesiones. «Hay que hacer tipos mínimos y a partir de ahí que cada uno se espabile», ha apuntado Pich, al tiempo que el presidente del Reaf, Jesús Sanmartín, ha subrayado que «lo que recauda de verdad son los grandes impuestos, tampoco hay que hacer piruetas, ya que Sucesiones recauda relativamente poco». «Los grandes impuestos nutren la gran financiación de estados y autonomías», ha agregado.
El presidente del Consejo General de Economistas ha advertido de que aprobar impuestos «vale mucho dinero» y provoca conflictos a nivel judicial que también conllevan un gasto. Por ello, ante la actual estructura fiscal autonómica, con 79 impuestos propios y el anuncio de nuevos impuestos medioambientales, opina que se requiere una revisión «en profundidad», ya que resulta «excesivamente compleja», si se tienen en cuenta además los 677 cambios normativos realizados en el esquema fiscal autonómico.