La OCU se querella contra la cúpula del Banco Popular

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La Organización defenderá a los miles de pequeños inversores y accionistas minoritarios perjudicados

12 jun 2017 . Actualizado a las 20:11 h.

La OCU ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular. Se trata de la primera de las acciones en defensa de los pequeños inversores y los accionistas minoritarios que emprende la organización, tras la intervención y posterior venta al Banco de Santander

La querella se ha interpuesto contra Ángel Ron, contra el exvicepresidente del Banco Popular Roberto Higuera; el ex consejero delegado Pedro Larena; la empresa que auditó las cuentas de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC); además del socio firmante de esas auditorías. Es decir, la OCU pide responsabilidades a la cúpula que había en el Banco Popular en el 2016 y no la que estaba al mando cuando quebró. «Los miembros del Consejo de Administración han ido tomando sus decisiones menospreciando a los accionistas minoritarios que en ningún caso han podido hacer oír su voz», explica la OCU en un comunicado, en el que aseguran que la información «se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones, según documentos registrados en la CNMV». La organización de consumidores recuerda que el Banco Popular estaba supervisado por el Banco de España y sus cuentas auditadas de forma independiente.

La querella se ha presentado en representación de más de 305.000 clientes del Banco Popular que resultaron afectados en la última ampliación de capital, en la que se aportaron unas cuentas que «no eran reales», motivo por el cual los consumidores invirtieron, ha explicado la portavoz de la asociación, Ileana Izverniceanu. En su opinión, los responsables de esto serían los directivos del banco en la etapa anterior a la entrada de Emilio Saracho, quien se puso al frente de la entidad en diciembre del 2016 y estuvo hasta la quiebra el pasado 7 de junio.

Además, Izverniceanu señala a los organismos reguladores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y «por supuesto el Ministerio de Economía; habrá que preguntarle al señor Luis de Guindos, que decía que el Banco Popular era solvente, qué ha ocurrido en dos semanas».

Ante esta situación, la OCU ve preciso «garantizar y defender los intereses de los miles de inversores y accionistas minoritarios» del Popular que se han visto gravemente perjudicados por la completa pérdida de valor de los títulos y depurar las responsabilidades, si las hubiera, de todos los que han intervenido de una u otra manera en esta operación. 

Con esta querella, la primera que se presenta desde la compra del Banco Popular, la OCU manifiesta su intención de llevar a cabo todas las acciones necesarias para intentar recuperar el dinero de los afectados y estudia otras vías posibles, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los miles de accionistas minoritarios obtener una compensación por el perjuicio sufrido.