Vivimos una situación internacional convulsa, con dos guerras simultáneas en Ucrania y Palestina, y el anuncio de una agudización de los recortes a partir de 2024. El proyecto principal del hegemonismo estadounidense para nuestro país es intensificar el saqueo, bajo la inflación, y la subida de hipotecas y préstamos.
Ante esta situación, lo que se corresponde con la defensa de los intereses populares, en este momento y durante toda la legislatura, es apoyar ahora que se forme un gobierno PSOE-Sumar, evitando uno de PP y Vox. No rechazar la amnistía, pero denunciar los aspectos donde se blanquee el 1-O y las elites del procés. Defender la unidad del pueblo trabajador en toda España para luchar contra los recortes. E impulsar una alternativa de redistribución de la riqueza, frente al atraco de la inflación y las hipotecas -que es diferente a lo que defienden PSOE y Sumar- dando pasos para conquistar el blindaje constitucional de las pensiones.
El centro de la legislatura no va a ser «la amnistía y las cuestiones territoriales», sino las exigencias de nuevos recortes, exigidos por el hegemonismo estadounidense y las potencias europeas dominantes, que se deben aplicar a partir de 2024 -en pensiones, sanidad, educación, y con draconianos objetivos de reducción de deuda y déficit-; un «ajuste» que tanto PSOE como Sumar acatan y van a gestionar, ofreciendo a cambio concesiones que no detienen el aumento del saqueo.
Los peligros acechan
Bruselas revisará las pensiones públicas cada tres años. Y el FMI insiste en una vieja exigencia, «hay que recortar el gasto en pensiones, ya que todas las medidas que se han tomado hasta ahora han ido por el lado de los ingresos, pero ninguna por esta otra vía que, además, aliviaría la carga que tendrán que sufrir las generaciones más jóvenes». Es decir, recortar y enfrentar generaciones.
Atacan con «que los nuevos jubilados cobran más que el salario más frecuente». En realidad, los nuevos trabajadores sufren precariedad y bajos salarios respecto a lo que reciben los nuevos pensionistas, personas con muchos años de actividad trabajadora. Blindar las pensiones es también un espejo que refleja las condiciones laborales.
Sólo con llenar las arcas de las pensiones mediante la receta más básica y, al mismo tiempo, la más ocultada -empleo de calidad y altas cotizaciones a la Seguridad Social, junto a la imprescindible y postergada reforma fiscal progresiva-, es decir, con más y mejor empleo como factor de sostenibilidad.
Concentraciones de la MERP
La Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ya se concentró ante el Congreso de los Diputados en Madrid durante las sesiones de la fracasada investidura de Feijoó. Por la premura solamente se llevó a cabo en la capital del país. Ahora, en la de Sánchez, estaban previstas concentraciones simultáneas en once capitales de distintas comunidades autónomas, pero debido a la crispación política y en un ejercicio de responsabilidad de todos los miembros de la plataforma, decidió suspender las concentraciones en Madrid y en el resto de España. Sin embargo, mantendrá su reivindicación durante toda la legislatura.
La MERP -integrada por más de 500 organizaciones, con presencia en cada territorio autonómico- es un amplísimo movimiento que aplica los principios «de lo social a lo político’ y de la derecha a la izquierda» y que está fortaleciéndose «de lo autonómico a lo nacional».
De la investidura a la legislatura
El objetivo durante la legislatura será trasladar a los grupos políticos que en la nueva agenda política se debe atender sin demora la reivindicación del blindaje constitucional de las pensiones en la Constitución. Porque no somos 9 millones de pensionistas, sino que somos 47 (ya 48 millones desde el mes de mayo pasado) ahora y en el futuro. E independientemente de cualquier otro debate, las amenazas justifican que es cada vez más necesario y más urgente blindar las pensiones públicas en la Constitución durante el periodo legislativo por iniciar.
Todo el empeño de la campaña «Somos 47 millones» se expresa en la frase, porque las pensiones son cosa de todo el mundo, no solo de los pensionistas del presente, sino también de los del futuro, y la riqueza se manifiesta en las 500 organizaciones que componen la MERP y en su pluralidad.
Se llaman públicos, pero son privados
Los planes de pensiones de promoción pública son un sistema complementario al sistema público y solidario de pensiones. Se trata de un fondo público, pero con gestión privada. Es una competencia desleal al propio sistema público de pensiones y a los fondos de pensiones privados, voluntarios e individuales, porque debilitan el sistema público, dividen las aportaciones y mercantilizan las pensiones. Estos fondos «públicos pero privados» quiebran el principio de solidaridad de las pensiones públicas y lo convierten en un fondo privado enmascarado, adulterando ambas vías.
El Gobierno en funciones acaba de nombrar, en la víspera de la investidura, el consejo supervisor de los planes de pensiones de promoción pública. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha nombrado oficialmente a los 13 miembros que compondrán el órgano de supervisión de los fondos de pensiones de promoción pública. Con este último paso, tras la aprobación del reglamento del fondo, se da por constituido prácticamente un Consejo de Administración de una entidad privada.