Rara, muy rara, la ocurrencia de Junts de imponer al Gobierno de España la presencia de un verificador en las negociaciones derivadas del acuerdo de investidura. De todos modos, viendo cómo se gestó dicho acuerdo y el resultado final, no deben extrañarnos semejantes absurdeces. Jurídicamente es un tema no regulado en nuestro país, al menos en lo referente a esos tipos de negociaciones. Por lo tanto, el análisis debe hacerse desde otros puntos de vista, sobre todo el politológico.
Un verificador es una persona que aporta garantías en una negociación para comprobar que la misma se ajusta a los términos preestablecidos. Así podrá difundir ante la opinión pública que tal negociación fue correcta o incorrecta. Algo de esta índole solo tiene sentido en situaciones de excepcionalidad, de fin de una guerra civil o de un largo proceso subversivo y terrorista. Estamos pensando en Colombia o en Irlanda del Norte. Lo extraordinario de esos acontecimientos podía justificar reforzar la certeza de los planteamientos expuestos por las partes. Pero ese no es el caso actual.
Estamos convencidos de que Junts se fía del PSOE, que le ha demostrado una inusitada pleitesía. Entonces, lo que ha pretendido con la exigencia del verificador es dañar la imagen de España: se transmite a la escena internacional que no somos un país serio y que, por lo tanto, es preciso un tercero imparcial que dé fe de lo que se negocie y alerte de los posibles engaños. O sea, que España no es una democracia consolidada, por lo que se hace necesario aportar elementos adicionales que contrarresten ese déficit. Lamentable en cuanto a la imagen que se proyecta. Lamentable y difícilmente entendible, puesto que el acuerdo de investidura ya contemplaba cuestiones de amplio calado (amnistía y hablar de referendo), que de por sí seguro que eran suficientes para el grupo catalán. Entonces resulta incomprensible que esta exigencia añadida haya sido aceptada por el PSOE. ¿Era tan irrefrenable el deseo de Sánchez de volver a ser presidente? Pues parece que sí, lo que a la postre ha sido negativo para España.
Y por si fuera poco con lo dicho, estos encuentros están presididos por la opacidad y el secretismo, lo que se ubica en una lógica contraria a la propia de la democracia, siempre proclive a la transparencia y a la verdad. Ni sabemos cómo se gestiona la elección de los verificadores, ni cuántos serán finalmente, ni los puntos exactos que se están tratando. En fin, un cúmulo de despropósitos que nos perjudican claramente y que no solo acepta parte de la opinión pública, sino que también aplaude. Ello nos sirve de ejemplo para comprobar la gran fuerza de adoctrinamiento del poder, que convence de lo inconvencible y que recompensa a los serviles.