Gracias a la presión y a la capacidad de negociación y propuesta de nuestra organización sindical, el país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en la lucha contra la siniestralidad y en defensa de la salud laboral para la clase trabajadora: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el año que viene cumplirá treinta años.
En Asturias nos hemos dotado además de herramientas tan importantes como el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (organismo encargado de desarrollar las políticas de los Gobiernos central y regional en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral), y los delegados y delegadas territoriales de prevención en las empresas, figura clave en la lucha en favor de la prevención de riesgos laborales efectiva en la pequeña y mediana empresa, fruto de un acuerdo en la concertación regional entre el Gobierno y las organizaciones sociales y económicas más representativas.
Pero no es suficiente, y la situación de la seguridad y la salud en el trabajo lo hacen palpable. Hay que extender y hacer cumplir la normativa (que pretende actualizar la Mesa de Diálogo Social en materia de salud y seguridad que inició su andadura el 12 de febrero) y para ello es necesario destinar más recursos tanto a nivel regional como en la Inspección de Trabajo. A su vez, desde CCOO llevamos tiempo reivindicando la creación de juzgados especializados para los delitos contra la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, así como la especialización y exclusividad de las fiscalías de siniestralidad laboral, y que la prevención se convierta en una de las prioridades en la acción de los Gobiernos. Pero lo que de verdad es imprescindible son mejores condiciones laborales para que acudir al trabajo no nos cueste la salud, y mucho menos, la vida.
Porque los datos son preocupantes. El año pasado se registraron en Asturias 12.095 accidentes laborales, frente a los 13.561 de 2023, lo que representa un descenso del 10,88%. De ellos, 10.820 se produjeron durante la jornada: 10.747 fueron leves (-12,95% que un año antes), 58 graves (+1,75%) y 15 mortales (+25,00%). En total, un descenso del -12,85%. El resto de los accidentes tuvieron lugar in itinere: 1.265, de los cuales 1.249 resultaron leves (+9,85%), 112 graves (+37,50%) y 5 mortales (+400,00%). En conjunto, una subida del +10,38%.
¿Qué nos dicen estos datos y qué valoración podemos hacer desde CCOO? Aunque 2023 cerró con un descenso global de los accidentes laborales, lo cual es positivo, en realidad solo se han reducido los leves, que siempre son los más fáciles de ocultar y los que menos se declaran por parte de las empresas, mientras que aumentan los graves y, sobre todo, los mortales, que pasan de 12 a 15 en jornada y de 1 a 5 in itinere, y esto sí que provoca la alarma.
Si nos fijamos en el informe estadístico del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, observamos que los accidentes leves se registran sobre todo en sectores precarizados: servicios de restauración y comercio, así como en las áreas de salud y cuidado de personas, afectando en mucha mayor medida a las mujeres. La mayoría de los accidentes graves y buena parte de los mortales ocurren a hombres en la construcción y entre conductores y operadores de maquinaria, por cuestiones y situaciones tan simples y repetitivas que con la normativa vigente debían haber quedado atrás hace muchos años.
Hay un hecho que llama poderosamente la atención: de los 15 accidentes mortales en jornada de trabajo, más de la mitad (8) corresponden a patologías no traumáticas, es decir, a infartos y similares. Es sin duda alarmante. Y una de las explicaciones es que en las evaluaciones de riesgos (obligatorias desde 1995) el escenario menos analizado es el de los riesgos psicosociales.
La presión y la sobrecarga en el trabajo, la incertidumbre laboral, la precariedad generalizada y los ambientes tóxicos suelen estar en el origen de muchas problemáticas de salud mental de las personas trabajadoras.
Tampoco podemos permitir que un modelo de relaciones basado en la reducción de costes laborales y el aumento de beneficios a corto plazo y sin límite de las empresas se anteponga al bienestar y la salud de las personas trabajadoras. La mejor prevención es la inversión. Además, los recortes de personal, el incremento del ritmo y cantidad de trabajo, el estímulo de la competitividad, el aumento de la exigencia de disponibilidad… obstaculizan la posibilidad de combatir en origen esos riesgos psicosociales, que no son inherentes a los trabajos: la mayor parte de las condiciones que los originan pueden ser cambiadas, simplemente con una buena organización del trabajo.
Como ha señalado el informe encargado por el Ministerio de Trabajo sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, muchas personas trabajadoras se ven obligadas a aceptar en ocasiones salarios míseros y condiciones laborales nocivas que acaban generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales. Y para combatirlo es imprescindible promover un modelo laboral más democrático, saludable y sostenible.
CCOO lleva décadas luchando contra la siniestralidad y defendiendo entornos laborales seguros. Porque la salud laboral es un derecho de la clase trabajadora. Y porque nuestra sociedad y clase trabajadora necesitan empleos sanos y una vida mejor.