El Principado ingresará 8 millones al año por el impuesto de las grandes superficies

Es solo una estimación media. Pero la ratificación del Tribunal Supremo del impuesto autonómico del Principado sobre las grandes superficies supondrá unos ingresos anuales ligeramente superiores a los 8 millones de euros al año. Durante los tres últimos años las empresas estaban abonando en total algo más de cinco millones de euros. No ingresaban la cuantía total porque estaban pendientes del litigio judicial que habían emprendido contra la decisión del Gobierno asturiano de grabarles con una tasa propia. La diferencia la dejaban por medio de avales bancarios que ahora la administración podrá ejecutar. Esto implica dos cosas. La primera que, una vez que la sentencia sea firme, el importe total ascenderá a esos 8 millones. Pero también que podrá ejecutar esos avales bancarios que tiene pendientes. Solo de los tres últimos ejercicios, la cuantía ronda los 10 millones de euros.

Estas son algunas de las consecuencias prácticas de la decisión de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de desestimado el recurso que había interpuesto la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). Esta patronal pretendía que se dejara sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), de 23 de septiembre de 2014, que declaraba conforme a derecho el impuesto asturiano de las grandes superficies. El Gobierno del Principado adoptó esta tasa autonómica en el año 2009. En concreto, está en vigor gracias al decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 139/2009, de 11 de noviembre, por el que se regula el Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. 

El Principado ha ido ganado en todas las instancias judiciales. El TSJA le dio la razón en 2015. La patronal recurrió al Tribunal Supremo que, a su vez, reclamó un informe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Este organismo internacional también dictaminó que los impuestos autonómicos que graban a los grandes establecimientos comerciales para compensar el impacto que ejercen sobre el territorio y el medio ambiente son legales en base al derecho comunitario ya que «ni la libertad de establecimiento ni el derecho en materia de ayudas de Estado se oponen» a estas tasas. Asturias no es la única beneficiada. En total son tres comunidades las que aplican este gravamen.  Dicho impuesto existía en Canarias, que nunca lo llegó a aplicar; Navarra y La Rioja, que anunciaron su eliminación; y en Cataluña, Aragón y Asturias, que son las que se mantienen.

Con este pronunciamiento tan contundente parecía clara la postura que iba a adoptar el Supremo. La sala de lo Contencioso-Administrativo se ha limitado ha desestimar.

No parece que la patronal tenga mucho más margen. Anged, que engloba a compañías como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, siempre ha asegurado que el impuesto a las grandes superficies es «insostenible» en la sociedad digital y que les resta competitividad frente a las plataformas de comercio electrónico. Ese es el argumento con el que en su día respondieron al pronunciamiento del tribunal de la UE.  Ha asegurado que al grabar sólo a las grandes superficies, resta competitividad frente a otros formatos comerciales, en especial las plataformas digitales, como Amazon o Alibaba, «que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones ni impuestos».