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La Junta reclama una solución para Alu Ibérica sin descartar la intervención estatal

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Protesta de los trabajadores de Alu Ibérica ante las puertas del parlamento asturiano

Los trabajadores de la antigua factoría de Alcoa en Avilés denuncian que la multinacional llevó a cabo una estafa en la su venta

04 Jun 2020. Actualizado a las 17:16 h.

La Junta General ha aprobado este jueves instar al Gobierno de España a buscar soluciones, sin descartar ningún instrumento en el marco normativo existente incluida la posibilidad de acudir a la intervención pública, a la situación creada en la planta de Alu Ibérica en Gozón y Avilés con el objetivo de que se cumplan los compromisos suscritos por Alcoa y se desarrolle un proyecto industrial viable que garantice el mantenimiento del empleo, las condiciones laborales pactadas y el futuro de la factoría.

Lo ha hecho tras aprobarse una moción de Podemos enmendada por los socialistas, ya que el partido morado pedía inicialmente que se instase al Gobierno central a llevar a cabo la intervención pública de la fábrica sin estudiar otras opciones.

En su defensa de la moción, la diputada de Podemos, Lorena Gil, ha manifestado que a día de hoy la intervención pública de la empresa es la única salida viable, algo que ha destacado ya consideraban hace un año pero una idea que ahora se refuerza.

«La planta de Alu Ibérica no puede caer, en algún momento hemos de trazar una línea roja y decir hasta aquí llegamos», ha manifestado Gil, que ha indicado que están en juego, no sólo miles de puestos de trabajo sino la soberanía política asturiana. Por ello la diputada de Podemos ha reclamado una respuesta rotunda y unánime del Parlamento asturiano para garantizar el futuro de la empresa y de todos los puestos de trabajo.

Gil, que ha hecho un repaso de todo lo ocurrido hasta llegar a la situación actual, ha incidido en que la fiabilidad empresarial del Grupo Industrial Riesgo está en entredicho debido a su controvertida trayectoria empresarial, a los varios impagos ya denunciados por proveedores, así como al hecho de no haber aportado hasta la fecha la documentación necesaria que justifique su solvencia técnica y económica para mantener la actividad industrial.

Desde el PSOE, la diputada Dolores Carcedo, ha incidido en la «inaceptable opacidad» con la que ha actuado el Grupo Parter Capital y el nuevo inversor, Grupo Riesgo. «La desconfianza va aumentando cada día y más en este momento de incertidumbre generada por la pandemia sanitaria», ha manifestado Carcedo, que ha indicado que el Ministerio de Industria trabaja ya para explorar todas las posibilidades.

«Ese es el objetivo y para ello no se puede descartar ninguna medida, tampoco la intervención pública», ha manifestado la diputada del PSOE, que ha añadido que el Gobierno central debe analizar todas las opciones sin centrarse en una sola.

Soluciones en el Consejo de Ministros

El diputado del PP, Pablo Álvarez Pire, ha indicado que el PSOE, Podemos e IU parece que se olvidan permanentemente que donde se pueden tomar soluciones es en el Consejo de Ministros y ha aludido que el grave problema de la industria asturiana es la falta de competitividad.

Ha recordado que ese problema se soluciona con la aprobación de un estatuto de las industrias electrointensivas. «Dónde está el Gobierno de España para ofrecer esa garantía en la venta de la empresa, ustedes no están en ningún lado», ha dicho el popular, que ha añadido que el PP no puede apoyar una iniciativa que viene a tapar la inacción del Gobierno, tanto el regional como el central.

Ha añadido que su grupo está dispuesto a hablar e incluso no descartan una intervención parcial para poner una solución al futuro de la empresa pero están aún esperando a que el Gobierno regional les llame para hablar de esas posibles soluciones.

Por su parte el diputado de IU, Ovidio Zapico, ha manifestado que es necesario echar la vista atrás para recordar como los trabajadores y algún grupo parlamentario --el suyo-- se opusieron a la venta al grupo Parter.

«A su propuesta se hizo oídos sordos y ahora ven esta verdadera barbaridad que es poner en manos de del grupo Riesgo esta empresa», ha indicado Zapico, que ha lamentado que haya grupos parlamentarios que tienen miedo de ver los mecanismos legítimos de nuestro marco jurídico para asegurar una salida satisfactoria que de seguridad y estabilidad a los trabajadores, a la industria asturiana y que no suponga una burla.

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho ha indicado que su grupo se abstiene a la propuesta de Podemos porque consideran que aun no ha llegado el momento de asumir una solución tan drástica como la que sugiere el grupo parlamentario morado.

«Creemos que aún no se ha agotado el camino y que el gobierno socialista no puede evadir sus responsabilidades en esta operación», ha manifestado Pérez Macho, que ha indicado que la solución primera «está en intentar revertir la venta de Alu Ibérica a Grupo Riesgo».

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado compartir la posición de Podemos de la necesidad de garantizar el futuro de Alu Ibérica, pero no comparte la propuesta del grupo parlamentario morado de solicitar su intervención pública.

Desde Vox, Ignacio Blanco, ha manifestado que las nacionalizaciones no son la solución y eso es lo que plantea Podemos. «No creemos que sea la solución ni lo es actualmente», ha manifestado Blanco, según informó Europa Press.

Los trabajadores piden la intervención estatal

Por otra parte, Los trabajadores de Alu Ibérica -antigua Alcoa- de Avilés han protagonizado este jueves una protesta a las puertas del parlamento asturiano para reivindicar como única solución la intervención del Gobierno central en la plantas de Asturias y de A Coruña tras llegada del Grupo Riesgo, nuevo propietario, que «no tiene un plan de negocio».

En estos términos se ha expresado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, que ha encabezado una concentración, minutos antes de la celebración del pleno de la Junta General, con consignas en las que se podía leer «Si no hay solución, Maroto dimisión».

Según ha señalado, Alcoa perpetró una «estafa» al vender ambas factorías a Parter Capital en junio de 2019, un «fondo buitre carroñero» que solo «quería liquidar» a los trabajadores y que, a su vez, las traspasó al Grupo Riesgo el pasado mes de abril sin previo aviso a la plantilla ni a los Gobiernos de Galicia y Asturias y el Ministerio, lo que generó el malestar de las administraciones.

«La única solución es que el Gobierno intervenga las plantas y Alcoa se haga cargo de los trabajadores», ha apuntado antes de pedir al Ejecutivo autonómico que apoye esta reivindicación.

El Gobierno del Principado de Asturias advirtió ayer de que el Grupo Riesgo, nuevo propietario de las antiguas plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, carece de una hoja de ruta viable para garantizar la actividad productiva y el empleo a largo plazo, recogió EFE.


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