Asturias no decretará el confinamiento por su cuenta

La segunda oleada de la pandemia ha testado los límites del sistema sanitario asturiano, con un auge contagios que amenaza con desbordar camas y UCIs; pero también los del autogobierno de la comunidad. El pasado lunes, después de que la incidencia acumulada de la comunidad llegara 421 casos por 100.000 habitantes (la cifra de esa fecha), el presidente asturiano, Adrián Barbón, anunció nuevas restricciones y la petición de un confinamiento domiciliario de 15 días que le fue denegado por el Ministerio de Sanidad casi de forma inmediata. Con el paso de los días han sido varios los gobiernos, desde Melilla al País Vasco, que también han planteado esta nueva clausura pero el Ejecutivo central ha insistido en esperar dos semanas más. No habrá, de momento, una reforma del estado de alarma vigente en este sentido y, aún más, desde Moncloa se ha instado a las autonomías a que, si consideran el confinamiento domiciliario, lo hagan por su cuenta, basándose en la Ley General de Sanidad de 1986. Asturias lo ha descartado.

Fuentes del Gobierno asturiano explicaron que darían ese paso ya que sus servicios jurídicos les han resaltado que un confinamiento domiciliario precisaría la declaración de un nuevo estado de alarma. Según informó Eldiario.es, que cita a su vez fuentes del Ejecutivo central, «el Gobierno invita a las autonomías a decretar los confinamientos domiciliarios al margen de ese paraguas legal y la solución que les da es la legislación sanitaria ordinaria. Los Gobiernos autonómicos que pretendan llevar a cabo ese tipo de restricciones tendrán que dictar la correspondiente orden y recibir el aval de la justicia».

Un salto jurídico de este calibre podría encontrarse con varios problemas, muchos de los cuales se vieron precisamente en las semanas previas a la declaración del actual estado de alarma. Fue cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid mantuvo un pulso con el Central respecto a varios cierres perimetrales y finalmente terminó llevando las medidas impuestas desde Moncloa a los tribunales que le dieron la razón. De forma simultánea, en otras comunidades donde ya se habían empezado a implementar cierres en núcleos concretos, sí que fueron aceptados por los jueces.

Fue esta incertidumbre la que llevó a tratar de unificar criterios con un nuevo estado de alarma pero que, entre sus medidas, no incluía el confinamiento domiciliario. Desde Asturias, el lunes se indicó que su iniciativa no pretendía volver a una clausura estricta como en marzo y abril, sino más similar a la denominada Fase 1 ya que el Principado quería mantener la presencialidad en la mayor parte de los ciclos educativos (sólo se ha suprimido en la Universidad) y este jueves anunció la recomendación (ya que no tiene competencias para hacerla obligatoria) de franjas horarias para las salidas al exterior por tramos de edad, con el objetivo de proteger a la población más vulnerables, los mayores de 65 años.

El estado de alarma vigente incluye en su decreto la limitación de las reuniones sociales a un máximo de seis personas, el toque de queda y el cierre perimetral de las autonomías o de una parte de ellas. Todas estas medidas pueden ser aplicadas por los gobiernos autonómicos durante seis meses.

Actualmente Asturias mantiene toda una serie de restricciones severas, el cierre de la actividad económica no esencial, que apareja bajar la persiana en los sectores de la hostelería y el comercio, un toque de queda que empieza a las 22.00 horas y también los cierres perimetrales, que ya anunció el Principado que serán prorrogados, del conjunto de la comunidad, y de forma simultánea de los tres mayores núcleos urbanos de la comunidad: Oviedo, Gijón y Avilés, por lo que sólo se puede entrar o salir del concejo por una serie de justificaciones tasadas.

Estas medidas ya han sido en sí muy contestadas en los últimas días ha habido protestas de los sectores más afectados, sobre todo en la hostelería, y también en el ámbito político. Los partidos del espectro conservador en la Junta General han reclamado que se levante la restricción a los negocios y de forma expresa en el PP, tanto su presidenta, Teresa Mallada, como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, han pedido que no se aplique el mismo cierre a la capital que a Gijón ya que sus datos de contagios son mucho menores.

Esta petición mereció un reproche por parte de la portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez quien pidió al primer edil de Oviedo que tuviera en cuenta que «ninguna de las medidas adoptadas por el Principado es caprichosa o gratuita».

Todas las decisiones, ha añadido, se aplican con «criterios sanitarios bien fundados» y, según la consejera de Derechos Sociales, el cese de actividad y los cierres perimetrales acordados en el Principado tampoco son una excepción ni se toman «por capricho o para fastidiar»; citó Efe.

Ante circunstancias «difíciles para todos» como las que se están viviendo, conviene mirar más allá de los límites del cada concejo y aplicar «generosidad y solidaridad a la hora de hablar de la protección imprescindible de la salud de todos los asturianos.

Con todo, Álvarez se abrió a estudiar la posibilidad de una reapertura del comercio que, dijo, podría considerarse la proxima semana. La portavoz del Ejecutivo ha señalado que es una cuestión que «está sobre la mesa» y que será objeto de análisis también el próximo lunes. «El Gobierno escucha y las próxima semana se reunirá el Comité de Crisis, se analizará esta situación y se valorará la posibilidad de flexibilizar la reaperatura y sus condiciones para el comercio minorista», ha subrayado.

Si Asturias ha llegado a plantear la medida más restrictiva, la del confinamiento domiciliario, ha sido por el tremendo impacto de la segunda ola en el sistema asistencial. La comunidad tiene una tasa de incidencia notablemente superior a la de los meses de la primavera pero todavía más baja que la de otras comunidades y, sin embargo, las consecuencias de estos contagios en los hospitales son mucho más fuertes y los ingresos se han disparado de forma radical en apenas dos semanas.

Con los datos del último balance ofrecido por la Consejería de Salud, actualmente hay 680 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de covid-19. Además, otras 111 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Actualmente, Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de ingresos hospitalarios por covid-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCIs), solo superada por La Rioja. Con 10,46 hospitalizados por 100.000 habitantes, el Principado casi duplica la media española, que es de 5,52 pacientes críticos por 100.000 habitantes, y está por encima de comunidades como Madrid (7,07), Cataluña (6,38) o Navarra (9,32).