Piden cuatro años de prisión al acusado de estafar a un hombre en la venta de un negocio de turismo rural en Tazones

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de estafar a una persona que respondió a su anuncio de venta de negocio de turismo rural y vivienda en Tazones (Villaviciosa). La vista oral está señalada mañana, 13 de enero, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en el año 2014, el acusado publicó un anuncio en internet en el que ofertaba el alquiler, para negocio, de un alojamiento rural con vivienda, anuncio por el que se interesó la persona presuntamente estafada, a quien el acusado confirmó que el negocio estaba en activo y lo explotaba él mismo.

Tras entablar las oportunas negociaciones, el 22 de enero de 2015, el interesado en el negocio rural firmó un contrato de arrendamiento de tres apartamentos vacaciones rurales y una vivienda, con opción a compra, en Tazones. El acusado actuó en concepto de propietario-arrendado y, por el arrendamiento, el arrendatario entregó una fianza de 5.100 euros y se estipuló una renta mensual de 1.700 euros.

Según informa la Fiscalía, en el contrato se especificaba que la finalidad del arrendamiento era la actividad de alquiler de viviendas vacacionales rurales y vivienda y que dicha actividad se encontraba en funcionamiento y dada de alta, siendo de cuenta del acusado el cambio de titularidad y las autorizaciones y permisos necesarios para la continuación de la actividad. No obstante, «el acusado conocía que el negocio carecía de la preceptiva licencia municipal para la actividad, así como que no era factible que se le otorgara por no existir licencias o informes que avalasen la transformación de la vivienda original en las existentes, así como por ser la calificación del suelo no urbanizable de protección de paisaje».

En el mismo contrato, se pactó igualmente la compraventa por parte del arrendatario  del equipamiento y ajuar interior y exterior existente en el conjunto de apartamentos, necesario para realizar la actividad de alojamientos de turismo rural, por un importe de 40.000 euros.

El acusado, conocedor de la imposibilidad de cumplir el contrato suscrito, solicitó meses más tarde, el 4 de junio de 2015, licencia municipal ante el ayuntamiento de Villaviciosa a nombre del arrendatario, tras lo que fue incoado un expediente en el que el informe técnico determinó que no constaban licencias o documentos que avalasen la transformación de la vivienda original en las actuales (casa y tres apartamentos) y que la calificación del suelo es no urbanizable y de protección del paisaje. Esto dio lugar a su vez a la incoación de un expediente municipal de disciplina urbanística, de reposición de la legalidad frente al acusado.

El arrendatario reclama las rentas abonadas, que ascienden a 18.755 euros, y 40.000 euros abonados conforme al contrato, así como las cantidades invertidas en adaptar la vivienda particular, que ascienden a 15.000 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248.1, 249 y 250.5º del Código Penal y solicita que se condene al acusado a cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago las costas causadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al arrendatario con 40.000 euros por el contrato suscrito y no realizado, 18.755 euros por las cantidades abonadas en contrato y 15.000 euros y las invertidas en adaptar la vivienda particular. Todo ello, más los intereres legales correspondientes.