La Voz de Asturias

Los repartidores protestan contra la nueva ley: «No somos falsos autónomos»

Asturias

La Voz Oviedo
Manifestación de los riders asturianos

El colectivo se manifiesta en Oviedo al considerar que si se aprueba la normativa se convertirían en «unos asalariados con sueldos bastante precarios y unas condiciones laborables bastante lamentables»

04 Feb 2021. Actualizado a las 14:17 h.

Repartidores de las plataformas digitales que operan en Asturias, los denominados «riders», se han manifestado ante la Junta General del Principado en contra de la negociación para regular por ley su laboralidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que son falsos autónomos.

Conduciendo sus motos de reparto, portando en sus espaldas sus llamativas mochilas amarillas y acompañados de numerosos coches, unos 200 de estos trabajadores han recorrido las calles del centro de Oviedo haciendo sonar las bocinas de sus vehículos para protestar contra una ley que el Gobierno está negociando con la patronal y los sindicatos sin contar con los trabajadores, que se consideran autónomos y no asalariados por cuenta ajena.

El portavoz de estos trabajadores, José María Arias Copín, ha precisado que la posición del Gobierno, que los trata como «falsos autónomos» es «mentira», ya que ellos se consideran como autónomos, al pagar sus cuotas e impuestos. Una ley, que de aprobarse, según Arias, supondría reducir a la mitad los 25.000 autónomos que ahora operan como repartidores para convertirlos en «unos asalariados con sueldos bastante precarios y unas condiciones laborables bastante lamentables».

Un sector que «crea mucho empleo, que es lo que hace falta en España», ha subrayado el portavoz de cerca de los seiscientos trabajadores autónomos que operan en Asturias. La protesta se ha producido el día en que el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo ha acogido la vista oral para dirimir sobre la relación de trabajo de los 150 repartidores de Glovo que prestaron servicios en Asturias entre octubre de 2017 y junio de 2018.

Este proceso se inició tras la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que califica la relación de trabajo como laboral, y por tanto sometida al Estatuto de los Trabajadores, informa Efe. 


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