Unas cien personas anuales pedirán la eutanasia en Asturias, afirman desde Derecho a una Muerte Digna

El procedimiento para gestionar las solicitudes de aplicación de la eutanasia en el Principado y el resto de España está regulado por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo. Es efectivo desde el pasado 24 de junio pero, al igual que con otros muchos parámetros y cuestiones que dependen de la administración, la pandemia lo ha trastocado.

Fernanda del Castillo, presidenta de Derecho a una Muerte Digna en Asturias, destaca que en los primeros años de vigencia en el Principado las solicitudes para una muerte digna representarán en torno al «1% del total de las defunciones», si bien esas cifras no se alcanzarán «ni este año ni el que viene». Insiste en que «en los primeros años unas cien personas anuales» pedirán la aplicación de la eutanasia, si bien «ahora por la situación en la que estamos no hay difusión aún». Y es que, a su juicio,  «muchas personas no conocen este derecho», algo que se irá logrando, poco a poco, «según se vaya normalizando y los profesionales sanitarios no lo vean como algo terrorífico».

Desde Derecho a una Muerte Digna en Asturias reconocen que «están aumentando las llamadas para pedir información», por parte de «personas en final de vida que quieren tener más datos, disponer de un ‘plan b’ y conocer cuáles son los pasos». También responden a «muchas llamadas para conocer más sobre el testamento vital». En torno a esta cuestión sí que admite que se está generando «algún problema».

Fernanda del Castillo adelanta que «este otoño se va a plantear como prioridad» promover el testamento vital. La presidenta de Derecho a una Muerte Digna en el Principado considera que «hay que dar un paso más» a este respecto y que los profesionales sanitarios «incorporen como un hábito» informar a ciertos pacientes de la existencia de esta opción. «Yo creo que los profesionales saben que hay la posibilidad de hacer testamento vital, pero no es un hábito preguntar a los pacientes si lo tienen hecho», admite. Ve esencial «hacer más sencillo el proceso para la ciudadanía y que los profesionales lo incorporen a su práctica cotidiana».

También es motivo de preocupación para la entidad «el tema del Observatorio de la Muerte Digna». Resalta que cuando se aprobó la ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida «ya se hablaba del observatorio y un año más tarde se creó». Pese a que reconoce que la pandemia ha causado una redirección de las prioridades en el segmento sanitario, Fernanda del Castillo apunta que este organismo «aún no se ha reunido».

«Ahora, de cara a la implantación de la eutanasia, el observatorio y el comité de garantías han de estar perfectamente conectados», insiste. Cree que el ente debe «cuantificar las peticiones que hay, los motivos que se aducen, las negativas y por qué se deniegan, aparte de otras muchas cosas».