La revisión de las torturas y el trabajo esclavo: la ley de memoria abre puertas en Asturias

Todavía no han llegado a discutirse las enmiendas presentadas a la futura Ley de Memoria Histórica y las reacciones al debate se han disparado, incluso en el propio seno del Gobierno. Uno de los puntos clave es lo que atañe a la Ley de Amnistía de 1977 y el principio de irretroctividad, es decir a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a su promulgación. Para buena parte de los colectivos memorialistas este principio ha significado en la práctica la impunidad de los crímenes franquistas. En Asturias, se ha valorado la posibilidad de que la reforma ayude al camino de uno de los procesos que está en marcha: el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo por el rechazo del Constitucional español a amparar como presuntos delitos de lesa humanidad las torturas sufridas durante la dictadura. Grupos como la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) esperan que se pudiera abrir un abanico de investigaciones en la que entraría también la clarificación del uso de trabajo esclavo en empresas asturianas (como Duro Felguera o Carbones Asturianos) en la posguerra.

«Nos puede parecer un paso adelante respecto a lo que llegó al parlamento pero queremos mantener la prudencia a la hora de posicionarnos», destaca Francisco Javier Rodríguez Amorín, miembro de La Comuna d'Asturies que, a su ve, forma parte de CeAQUA, la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo. En ella estaba la querella de Gerardo Iglesias, junto al histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, presentada en 2018 contra un funcionario policial al que le imputaba la comisión de delitos de lesa humanidad en los años 70, en el marco de la persecución por el Estado de los disidentes políticos. Esa querella fue inadmitida primero por Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, rechazada también por la Audiencia Provincial y luego por el Tribunal Constitucional. El camino ahora era la elaboración de un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

«Los que tienen que hablar ahora son los grupos parlamentarios y nosotros estamos a la expectativa; la música nos suena bien pero no sabemos si eso resuelve los problemas de impunidad que teníamos hasta ahora», insistió Rodríguez Amorín para recalcar que «de momento las declaraciones del ministro de la Presidencia van en contra de que se elimine la impunidad y se mantiene la Ley de Amnistía como una ley de punto y final».

¿Por qué? Por las palabras de Felix Bolaños remarcando que las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos no pretenden derogar esa amnistía sino clarificar su interpretación conforme a los acuerdos internacionales ratificados por España. Los partidos de la coalición de Gobierno acordaron modificar el artículo 2 de la norma que preparan, que quedaría con la siguiente redacción: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Para el presidente de FAMYR, Juan Manuel Cigarria en la practica el estado debería haber interpretado ya así sus leyes desde el momento en que firmó los tratados internacionales. «No entendemos por qué no se quiere declarar la nulidad de ese párrafo ¿qué es lo que se pretende ocultar o tapar? Porque si vamos a volver a dejar a manos de la interpretación de los jueces la aplicación de los convenios internacionales seguiremos igual que hasta ahora y ya sabemos lo que está pasando que simplemente los jueces dicen que tururú corneta, que no toca».

Cigarria señaló que, por el momento, la propuesta les parece «un parche». Y abogó porque se permitan las investigaciones, si resulta procedente, de ámbito penal por casos de represión y torturas «el hecho de que los presuntos criminales estén muertos o no, eso viene después de la investigación ¿está muertos, pero quiénes son?», señaló para indicar además que debería investigarse «el trabajo esclavo de las empresas asturianas que lo utilizaron, desde duro Felguera a Carbones asturianos, el papel de la propia iglesia católica; hay un serie de responsabilidades que habría que dirimir cuáles son».

A juicio del presidente de FAMYR, «no es tanto una reivindicación económica de las víctimas, porque eso siempre estuvo en segundo plano, sino que se aplique el derecho internacional ¿por qué las víctimas del franquismo no existen para el estado español?». Y abogó porque se tomara como modelo la ley de víctimas del terrorismo aprobada en 2011 «que afecta sobre todo a víctimas de ETA y se retrotrae hasta 1960; recoge perfectamente todas nuestras reivindicaciones: desde apoyo psicológico a compensaciones económicas, pero al final es lo siempre, se trata de derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Y es lo que esta propuesta de memoria histórica no recoge claramente».