La revisión de las torturas y el trabajo esclavo: la ley de memoria abre puertas en Asturias

ASTURIAS

La reforma podría impulsar el recurso de la querella de Gerardo Iglesias por torturas en la dictadura ante el Tribunal de Estrasburgo

18 nov 2021 . Actualizado a las 21:42 h.

Todavía no han llegado a discutirse las enmiendas presentadas a la futura Ley de Memoria Histórica y las reacciones al debate se han disparado, incluso en el propio seno del Gobierno. Uno de los puntos clave es lo que atañe a la Ley de Amnistía de 1977 y el principio de irretroctividad, es decir a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a su promulgación. Para buena parte de los colectivos memorialistas este principio ha significado en la práctica la impunidad de los crímenes franquistas. En Asturias, se ha valorado la posibilidad de que la reforma ayude al camino de uno de los procesos que está en marcha: el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo por el rechazo del Constitucional español a amparar como presuntos delitos de lesa humanidad las torturas sufridas durante la dictadura. Grupos como la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) esperan que se pudiera abrir un abanico de investigaciones en la que entraría también la clarificación del uso de trabajo esclavo en empresas asturianas (como Duro Felguera o Carbones Asturianos) en la posguerra.

«Nos puede parecer un paso adelante respecto a lo que llegó al parlamento pero queremos mantener la prudencia a la hora de posicionarnos», destaca Francisco Javier Rodríguez Amorín, miembro de La Comuna d'Asturies que, a su ve, forma parte de CeAQUA, la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo. En ella estaba la querella de Gerardo Iglesias, junto al histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, presentada en 2018 contra un funcionario policial al que le imputaba la comisión de delitos de lesa humanidad en los años 70, en el marco de la persecución por el Estado de los disidentes políticos. Esa querella fue inadmitida primero por Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, rechazada también por la Audiencia Provincial y luego por el Tribunal Constitucional. El camino ahora era la elaboración de un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

«Los que tienen que hablar ahora son los grupos parlamentarios y nosotros estamos a la expectativa; la música nos suena bien pero no sabemos si eso resuelve los problemas de impunidad que teníamos hasta ahora», insistió Rodríguez Amorín para recalcar que «de momento las declaraciones del ministro de la Presidencia van en contra de que se elimine la impunidad y se mantiene la Ley de Amnistía como una ley de punto y final».