El Gobierno admite que la nueva ley de memoria democrática no cambia «nada»

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. M. Fernández | Europa Press

Bolaños plantea investigar hasta el año 1982 las «inercias de la dictadura», pero el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos provoca críticas de dirigentes socialistas

18 nov 2021 . Actualizado a las 19:38 h.

«No se cambia nada». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió este jueves con esa contundencia que las modificaciones en la ley de memoria democrática pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos no tendrán, en caso de aprobarse, ninguna repercusión judicial respecto a la situación actual. Aunque el partido morado considera que se abre la vía para juzgar los crímenes del franquismo e impedir que los jueces se acojan a la Ley de Amnistía para no investigar esos delitos, el Ejecutivo sostiene que lo pactado «no implica cambios» en la actual legislación penal porque no se puede «establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72» y porque desde el año 2002, cuando España ratificó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad, ya se permite investigar los crímenes de la dictadura.

«Reparación moral»

Bolaños restó también trascendencia jurídica al hecho de que el PSOE haya aceptado extender hasta el año 1982 el período de investigación de los delitos de la dictadura. Algo que, según dijo, tiene un interés «historiográfico» más que jurídico. Pero admitió que se pretende crear «un comité de expertos que estudie vulneraciones de derechos fundamentales de personas que intentaron consolidar la democracia y que llega hasta el 82», a pesar de que en ese año ya se había aprobado la Constitución y se habían celebrado bajo su amparo unas elecciones generales en 1979.

Según el ministro, los historiadores «consideran que «tras la entrada en vigor de la Constitución todavía hubo un tiempo en el que existió alguna inercia de la dictadura y alguna vulneración de valores democráticos y derechos fundamentales». Ese estudio se contempla, sin embargo, como «una reparación moral a esas personas», aunque no sea posible condenar a los supuestos culpables. En todo caso, el Gobierno dejó claro que el período de aplicación de la futura ley de memoria democrática «termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78».