El no de Asturias al plan de financiación del Gobierno fortalece el frente común del noroeste

La imagen de la soledad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles se acentuó por la posición contraria de Asturias, gobernada por el PSOE, al modelo de financiación que se presentó a los responsables de todas las haciendas autonómicas salvo el País Vasco y Navarra, territorios que están fuera del régimen general.

Era fácil anticipar que Castilla-La Mancha y su presidente, Emiliano García Page, se lanzaría a la crítica si la propuesta surge de un pacto con el independentismo catalán, aunque sea para mantener vivo al Gobierno del PSC en Cataluña, el único de la órbita socialista que defiende la propuesta cocinada por el Ministerio de Hacienda y ERC. Pero es menos habitual que un sanchista como Adrián Barbón se alinee con el sector tradicionalmente más crítico con Pedro Sánchez.

La posición asturiana es muy crítica con un modelo de financiación basado en la ordinalidad, consistente en que las comunidades ricas mantienen su posición en el ránking sin que la solidaridad interterritorial lo amenace. Esta resistencia de un territorio histórico del PSOE fortalece la posición del frente del noroeste, una alianza que se impulsó en el 2023 para reivindicar el corredor atlántico frente al mediterráneo y que tal vez ahora deba reconducirse para defender unas necesidades de financiación que, a grandes rasgos, son comunes en Galicia, Asturias y Castilla y León. Y que en el plan del Gobierno quedan devaluadas frente a otros condicionantes. Es el caso del factor del envejecimiento, la dispersión poblacional —menor en el caso de Castilla y León— y la crisis demográfica, condicionantes que elevan exponencialmente el coste de los servicios públicos.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que asistió a la reunión del miércoles en representación del Principado, confirmó ayer que, si el Ministerio de Hacienda mantiene el principio de ordinalidad en la reforma del modelo de financiación autonómica, Asturias «no lo va a apoyar». «Este Gobierno no va a apoyar nada que no sea bueno para Asturias», añadió, sin recurrir al dramatismo que suele deslizar García Page en sus declaraciones críticas con el Gobierno. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no asistió a la reunión del consejo, lo que suscitó críticas de la oposición. Llamedo, no obstante, manifestó que el documento presentado a las comunidades autónomas no es el definitivo y que, si el modelo que se someta a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no satisface las aspiraciones de Asturias, «el Gobierno se mantendrá firme en su posición».

En este sentido, recordó que las líneas rojas de Asturias al respecto están recogidas en el acuerdo de la mesa de financiación de la Junta del Principado y en la Declaración de Santiago, impulsada en noviembre del 2021 por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y construida sobre una premisa clave: la financiación debe tener en cuenta el coste real de la prestación de los servicios con criterios que disparan su coste, como el envejecimiento, la dispersión o la orografía.

El presidente Adrián Barbón guarda silencio sobre el nuevo modelo de financiación pactado por el Gobierno con ERC. En los últimos meses no le ha temblado la mano en varios pulsos con compañeros socialistas del Gobierno. El último, a raíz de que el Principado pidiera la supresión de los peajes del AP-66, la autopista que comunica Asturias con León que, como la AP-9, Bruselas cree que su concesión se amplió ilegalmente. Los choques dialécticos con Óscar Puente encontraron respuesta en el consejero asturiano del ramo, pero Barbón prefirió no darse por aludido cuando el ministro de Transportes dijo: «Igual la agenda de los políticos asturianos está desenfocada. Igual creen que esto es un asunto muy importante». Otras diferencias surgieron por la protección del lobo o el mal funcionamiento de los trenes Avril. La supervivencia política ante las elecciones autonómicas de mayo del 2027 y el sanchismo pragmático de Barbón también juegan su papel.

Mientras, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, insistía ayer en unas premisas que son compartidas por Asturias y Castilla y León. El modelo dejaría a Galicia con una financiación «moi por debaixo da media». No se puede articular un modelo para todos los territorios negociado bilateralmente y en exclusiva con uno de esos territorios. Y, sobre todo, no se puede eludir la realidad de los costes de los servicios. «Temos unha porcentaxe de maiores superior a moitas comunidades e unha dispersión moi superior ao resto», zanjó.

Junts y ERC

Por otra parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, redobló ayer los llamamientos a ERC para unir fuerzas e intentar «mejorar» el nuevo modelo de financiación durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. «Sería absurdo que Junts y ERC no agotasen todas las posibilidades de mejora», dijo.

Montero descarta que Feijoo plantee una alternativa «porque no la tiene»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó ayer que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijoo, pueda plantear el lunes en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una propuesta alternativa de financiación autonómica, porque, a su juicio, «no la tiene». En declaraciones a los periodistas tras comparecer ante el pleno del Senado, la vicepresidenta argumentó que, si a Feijoo no le gusta el modelo planteado por el Gobierno, debería proponer uno alternativo, «porque los ciudadanos tienen derecho a elegir».

A su juicio, «la trampa de este debate» es que el Partido Popular «no tiene modelo», y por eso anticipa que el líder de la oposición utilizará su próxima reunión con el presidente del Gobierno para «descalificar, que es lo que siempre hace». Montero cree que, si el sistema no se reforma ahora, las comunidades autónomas «no van a contar con un nuevo modelo de financiación en los próximos cinco o diez años, y esto es un drama para los servicios públicos».