Asturias es la quinta comunidad con mayor incidencia de pobreza energética del país

La vulnerabilidad energética se ha convertido de forma progresiva en un problema relevante en los sectores más pobres de la sociedad asturiana. Según el reciente informe elaborado por Papernest, basado en los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) a cierre de 2025, la comunidad autónoma presenta indicadores de necesidad que sitúan al Principado significativamente por encima de la media nacional; y de este modo en la actualidad, 1 de cada 23 habitantes de Asturias tiene que recurrir al Bono Social para poder afrontar sus facturas eléctricas y mantener condiciones mínimas de bienestar en la vivienda.

Según el balance de este informe, Asturias se sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor incidencia del Bono Social en España en 2025. Con una ratio de 428 beneficiarios por cada 10.000 habitantes, el Principado supera ampliamente el promedio del país, que se sitúa en 354. En el ranking de necesidad, Asturias solo es precedida por Extremadura, con una ratio de 836; Castilla-La Mancha, con 547; Castilla y León, con 479; y la Región de Murcia, con 449.

En términos absolutos, un total de 43.418 personas en el territorio dependen de este descuento regulado en la factura de la luz. Cabe recordar que el reconocimiento de esta ayuda conlleva automáticamente la concesión del Bono Social Térmico, una prestación anual complementaria destinada a compensar los gastos derivados de la calefacción, el agua caliente y la cocina, todos ellos elementos que pueden ser críticos en función de las variaciones del clima.

Vulnerabilidad severa

El dato más alarmante del informe no reside solo en la cantidad de beneficiarios, sino en la intensidad de su precariedad económica. El 61,4% de los perceptores en Asturias, lo que equivale a 26.675 personas, están catalogados oficialmente como «Vulnerables Severos».

Esto significa que más de seis de cada diez hogares acogidos a esta ayuda se encuentran en el nivel más crítico de necesidad económica. Esta tasa de intensidad de pobreza es especialmente elevada, superando incluso la gravedad de los casos registrados en la Región de Murcia. El resto de los beneficiarios se divide entre un 38,4% considerados «Vulnerables» y un residual 0,1% que se encuentra en situación de riesgo de exclusión social. Esta alta concentración en el nivel severo invita a analizar si la ayuda está llegando con la misma eficacia a hogares con dificultades menos extremas que también podrían requerir apoyo.

El análisis por tipología de acceso revela que la insuficiencia de ingresos es el factor determinante en el Principado, por encima de la composición del hogar. El 78% de los bonos sociales en Asturias se conceden bajo el criterio de renta, lo que evidencia una fragilidad económica latente que afecta a 33.886 beneficiarios.

Por el contrario, otros factores como el de familia numerosa representan solo el 14,19% de los casos (6.159 personas), una cifra que los analistas vinculan con la baja natalidad de la región. Asimismo, los pensionistas con pensión mínima suponen el 4,86% de los beneficiarios (2.112 personas), un dato relevante en una sociedad especialmente envejecida. Finalmente, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital representan el 2,9% del total, sumando 1.261 beneficiarios.

Dos décadas de crisis encadenadas

Asturias registra un aumento sostenido de la desigualdad y la exclusión social tras más de dos décadas marcadas por «crisis encadenadas», según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por Cáritas. El estudio señala un proceso de fragmentación social en el que la clase media se reduce y parte de la población desciende hacia situaciones de mayor vulnerabilidad. En la actualidad, alrededor de una quinta parte de los asturianos se encuentra en situación de exclusión social, unos 10.000 más que en 2018. Aunque la tasa de pobreza ha bajado del 20,9% al 15,6% entre 2018 y 2024, el informe considera que este descenso no refleja una recuperación estructural suficiente.

La vivienda se identifica como uno de los principales factores de riesgo. El 29% de la población presenta algún rasgo de exclusión residencial, en un contexto de encarecimiento de precios que obliga a muchas familias a destinar una parte elevada de sus ingresos al pago del alquiler, la hipoteca y los suministros. Unas 120.000 personas viven en condiciones de inseguridad residencial y otras 50.000 lo hacen en viviendas inadecuadas, con hacinamiento o deficiencias graves. A ello se suma la precariedad laboral, que afecta al 17,1% de los trabajadores asturianos. Más de la mitad de quienes tienen jornada parcial se encuentran en exclusión laboral, mientras que un 5,7% de la población sufre carencia material y social severa y casi tres de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos.

El informe advierte además de un impacto más intenso en determinados colectivos. El 60% de la población extranjera, uno de cada tres menores y el 33% de los hogares sustentados por mujeres se hallan en situación de exclusión, cifra que asciende al 38% en los hogares monoparentales. También se detectan dificultades crecientes en el acceso a la salud y a una alimentación adecuada. En el caso de las personas con diagnóstico de enfermedad mental, la tasa de exclusión alcanza el 47,8% en Asturias, frente al 32,2% de media nacional. Ante estos datos, el estudio plantea la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a la cohesión social y la reducción de la desigualdad.