Dos décadas de «crisis encadenadas» dejan Asturias con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa

Asturias atraviesa un proceso de fractura social que ya no es una percepción difusa, sino una realidad medida y documentada. Tras más de veinte años de «crisis encadenadas», la comunidad presenta hoy una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa y niveles de exclusión grave superiores incluso a los de antes de la crisis financiera de 2008. Así lo constata el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por Cáritas. El estudio, centrado en los datos regionales, advierte de un fenómeno «inédito» de fragmentación social: la clase media se reduce y empuja a miles de familias hacia estratos inferiores. Las fases de recuperación económica no han logrado cerrar la brecha por completo y, en muchos casos, han dejado fuera a una parte creciente de la población.

En la actualidad, alrededor de una quinta parte de los asturianos vive en situación de exclusión social, unos 10.000 más que en 2018. Todo ello, a pesar de que la tasa de pobreza se ha reducido en la comunidad del 20,9% al 15,6% entre 2018 y 2024, un dato que el informe considera insuficiente para hablar de una recuperación real. La vivienda se sitúa como uno de los principales factores de exclusión. El 29% de la población presenta algún rasgo de exclusión residencial debido al fuerte encarecimiento de los precios. Según el informe, muchas familias destinan tantos recursos al pago del alquiler, la hipoteca y los suministros que, una vez cubiertos, quedan por debajo del umbral de la pobreza. En este contexto, unas 120.000 personas residen en viviendas inseguras por la inestabilidad en la tenencia o por problemas legales, mientras que otras 50.000 lo hacen en espacios inadecuados, con hacinamiento o graves deficiencias constructivas.

El empleo, aunque crece en términos globales, tampoco actúa como red de seguridad. La precariedad laboral afecta al 17,1% de los trabajadores asturianos, una proporción superior a la media estatal. El informe subraya que más de la mitad de quienes tienen jornada parcial se encuentran en situación de exclusión laboral, marcada por la inestabilidad grave, el desempleo de larga duración o la falta total de ingresos en el hogar. La fragilidad económica persiste incluso entre quienes no figuran estadísticamente como pobres. Un 5,7% de la población sufre carencia material y social severa; casi tres de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos; el 14% no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 8% de los hogares acumula retrasos en pagos vinculados a la vivienda o compras a plazos.

La exclusión social golpea con mayor intensidad a determinados colectivos. El 60% de la población extranjera, uno de cada tres menores y el 33% de los hogares sustentados por mujeres se encuentran en situación de exclusión. La situación es especialmente grave en los hogares monoparentales, donde la combinación de ingresos insuficientes y cargas de cuidados eleva la tasa al 38%. El informe también alerta sobre el deterioro en el acceso a la salud. Casi dos de cada diez personas tienen dificultades para acceder a productos o tratamientos sanitarios, principalmente por su coste, y se constata un empeoramiento de la alimentación desde 2018.

La exclusión afecta, además, a casi la mitad de las personas con diagnóstico de enfermedad mental en Asturias, un 47,8%, frente al 32,2% del conjunto de España. Ante este escenario, Cáritas y la Fundación FOESSA reclaman un «cambio radical» en las políticas públicas y un nuevo pacto social que sitúe en el centro la interdependencia, el cuidado y la cohesión social, como única vía para frenar una desigualdad que ya se ha cronificado.

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