La asociación de viviendas turísticas lleva a los tribunales la nueva normativa asturiana
Asturias
La organización asegura que la nueva regulación puede provocar pérdidas anuales de 115 millones de euros y dejar fuera del sector a casi 4.000 viviendas
13 Apr 2026. Actualizado a las 15:08 h.
La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que el Gobierno asturiano aprobó el pasado febrero para regular el funcionamiento de las viviendas de uso turístico y ha solicitado que se adopten medidas cautelares por el «grave perjuicio» que podría ocasionar a miles de propietarios.
Según esta organización, la nueva regulación puede provocar pérdidas anuales de 115 millones de euros y dejar fuera del sector a 3.942 viviendas, el 67% de todos los pisos de uso turístico que hay en Asturias y la pérdida de 19.748 plazas, el 73%.
Entre otros requisitos, la norma establece que este tipo de viviendas cuenten con un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela, por lo que no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública.
La normativa establece estándares de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, como contar con un baño por cada cuatro plazas, disponer de sistema de monitorización de ruido, de un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior, de conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura, de extintor de 6 kilogramos de polvo ABC por planta, de un botiquín y de límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas.
La norma estipula que los alojamientos ofertarán servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días y deberán ofrecer información turística sobre el entorno en el que se ubican. Para Casocia, la nueva regulación «castiga a quienes ya venían ejerciendo su actividad de forma legal» ya que introduce una «retroactividad encubierta, posibles invasiones competenciales y un elevado grado de incertidumbre para los casi 6.000 propietarios afectados».
En su opinión, se carga sobre viviendas ya existentes un «cambio normativo desproporcionado, carente de justificación técnica suficiente y con consecuencias devastadoras para familias, pequeños propietarios y negocios vinculados al turismo de corta estancia».
Los informes periciales encargados por CASOCIA alertan también que decenas de millones de euros en ingresos directos se verán comprometidos, que habrá pérdida de pernoctaciones, destrucción de empleo y daño a la economía de proximidad, especialmente en municipios rurales y del interior, informa Efe.