Separados o sin plaza: conflicto en la escolarización en Asturias de dos hermanos adoptados

El proceso de escolarización de un menor no debería convertirse en una fuente de estrés para las familias, puesto que el acceso a la educación es un derecho fundamental. Sin embargo, en ocasiones, por las trabas burocráticas u otras razones, este simple trámite acaba convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza. Es el caso de Juan Antonio Noguera y Verónica Peña. Este matrimonio, que planea mudarse a Asturias, se ha visto obligado a denunciar públicamente su situación al considerar que «no se están garantizando las mismas oportunidades educativas» para sus dos hijos adoptados.

Explican que la Consejería de Educación de Asturias pretende escolarizar a los hermanos en centros distintos. Un hecho que, a su juicio, vulnera los derechos de dos menores adoptados y supone, además, «una separación forzosa» de ambos. «No podemos permitir que envíen a mi hija a un sitio y a mi hijo a otro porque esto es algo que les perjudica», aseguran, antes de señalar, que, debido a sus circunstancias personales y al proceso de adaptación que han vivido desde su adopción, resulta «fundamental» que permanezcan juntos, ya que el vínculo entre ambos constituye un importante apoyo emocional para su desarrollo y bienestar.

Hasta la fecha, el matrimonio, afincado en Ibiza, no había tenido grandes problemas a la hora de escolarizar a sus hijos, de cinco y siete años. «Desde que empezaron el colegio, van siempre al mismo centro. La niña cursa ahora Primero de Primaria y el niño el último curso de Educación Infantil. Comparten patio y también alguna que otra actividad extraescolar porque les viene muy bien estar juntos», apunta Juan Antonio. Una dinámica que la familia considera esencial y que ahora teme perder con el traslado a Asturias, la comunidad de la que es originaria Verónica, la madre de esta familia.

La decisión de fijar su residencia en el Principado, concretamente en Lugones, responde a las recomendaciones de los servicios sociales, los psicólogos y los demás especialistas que trabajan con sus hijos. «Debido a las experiencias adversas que han vivido, presentan problemas de conducta y contar aquí con sus abuelos, tíos y primos les beneficia mucho», asegura Juan Antonio, quien no dudó en solicitar el traslado de su puesto como maestro de educación especial al considerar que este cambio supondría una mejora significativa para el bienestar de las dos personas más importantes de su vida.

Con ilusión, la familia comenzó a planificar la mudanza, que prevé completar a principios de julio, sin imaginar que este cambio de residencia iba a generarles, por primera vez, dificultades para garantizar el derecho a la educación de sus hijos. «Cuando comenzó el proceso de escolarización hicimos la preescripción para el CP Santa Bárbara de Lugones, pero en el momento que salieron las listas vimos que no figuraban en ninguna. Así que nos pusimos en contacto con la Consejería de Educación para ver cual era el motivo. Nos explicaron que eran alumnos con necesidades educativas especiales y que, por tanto, antes de asignarles un colegio tenían que valorarlos», cuenta.

«Evidentemente se trató de un error porque aunque mi hijo sufre un trastorno del apego por trauma de abandono y un trastorno simple del lenguaje, lo que se traduce en graves dificultades a nivel social, emocional y de adaptación a los cambios, no tiene ninguna necesidad de apoyo o medida extraordinaria. Tampoco me hija necesita este apoyo educativo, aunque tenga también problemas de conducta. Fue adoptada por vía de urgencia debido a una situación de riesgo extremo y violencia doméstica en su entorno biológico, de hecho a día de hoy se trata de una menor con medida de protección», explica.

La Consejería rectificó, pero el nuevo cambio no convenció a la familia. «Cuando se publicaron de nuevo las listas, el pasado 28 de mayo, solo en una de ellas salía mi hijo. Aparecía admitido en el colegio público de Santa Bárbara, que es donde queremos que estudie, porque ahí está matriculada su prima, una niña con la que se lleva muy bien y además que le ayuda a desenvolverse en el entorno. Sin embargo, mi hija no figura porque, según nos dicen, no hay plazas suficientes», cuenta.

Ante esta situación, volvió a ponerse en contacto con Educación en busca de una alternativa. «La solución que nos ofrece la Administración es demoledora: o separamos a los dos hermanos en colegios distintos, o renunciamos a la plaza del mayor, enviando a ambos a un centro alejado que rompe por completo el plan terapéutico de arraigo familiar. Y nosotros queremos que vayan a este centro porque la presencia de su prima es el estímulo positivo que los terapeutas prescriben para que ambos puedan afrontar este traumático cambio de residencia», asegura, antes de señalar que, los informes de estos especialistas que tratan a sus dos hijos en la isla balear fueron aportados junto con la solicitud de matrícula. 

Denuncian, por tanto, que la Consejería de Educación de Asturias no aplique la normativa vigente que, a su juicio, ampara a los menores. «La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y los tratados internacionales ratificados por España obligan a los poderes públicos a garantizar el interés superior del menor y a evitar la separación de los hermanos, especialmente en casos de adopción, en los que el vínculo familiar constituye su principal referencia.

Asimismo, señalan que «la normativa educativa permite incrementar de forma puntual la ratio de alumnos por aula hasta un 10% para atender necesidades de escolarización sobrevenida o reagrupación familiar». En este caso, el aula a la que podría incorporarse la menor cuenta con 23 alumnos, por lo que, según defienden, su admisión sería posible dentro del marco legal. Añaden además la opción de crear una doble línea en el centro. «Al disponer de infraestructura y demanda suficiente, la Consejería tiene la competencia para desdoblar el grupo, una petición histórica del propio CP Santa Bárbara que sigue sin ejecutarse», apuntan.

«No podemos, por tanto, permitir que la Consejería trate a niños con situaciones tan complejas como simples números de una lista de Excel. Separar a estos hermanos o alejarlos de su red de apoyo en Lugones supondría una negligencia institucional que atenta directamente contra su salud mental y su desarrollo evolutivo, sostienen los padres, que insisten en su negativa a que sus hijos sean escolarizados en centros distintos. «No podemos permitir que envíen a mi hija a un sitio y a mi hijo a otro porque esto es algo que les perjudica», dicen, confiados en que solucione la situación, antes de que finalice el periodo de matriculación.

Desde la Consejería de Educación aseguran que el caso está en manos de la Comisión de Escolarización, que es el órgano encargado de analizar y resolver este tipo de situaciones, y que se están valorando las distintas opciones disponibles conforme a la normativa vigente.