Asturias frente al reto de un país que crece: viejos déficits para una España que se renueva

El notable incremento de la población en España, que ya roza los 50 millones de habitantes, unido al envejecimiento y falta de mantenimiento de muchas de sus infraestructuras esenciales (que todavía están pagando las consecuencias de los años de recortes de la Gran Recesión), ha abierto un intenso debate sobre cómo se le empiezan a ver 'las costuras' al país. Esta nueva realidad demográfica y de movilidad obligará al Estado a adaptar a corto y medio plazo tanto sus servicios públicos como sus redes de transporte, energía y agua. Sin embargo, el noroeste peninsular no puede dejar de mirar con cierta suspicacia el rumbo de estos planes de renovación, toda vez que sus comunidades han sido las grandes olvidadas desde la Transición y existe el temor fundado a volver a quedar relegados con la priorización de otros ejes.

El caso de Asturias es singular. Es una de los territorios más envejecidos del mundo y, pese a todo, ha logrado mantener su millón de habitantes gracias a la entrada de cohortes jóvenes de inmigrantes. Pese a que no hay una variación relevante de población, muchos problemas se cronifican: los precios de la vivienda están disparados, el turismo plantea nuevos retos que antes eran inimaginables (como que en Llanes la hostelería tiene serios problemas para que los trabajadores de temporada estival encuentren vivienda) y las conexiones de transporte también cargan con muchos déficits acumulados.

El servicio ferroviario de Cercanías en Asturias representa uno de los puntos de mayor fricción social y también política. La red convencional ha visto incrementado su uso de manera notable por las medidas de gratuidad, pasando de 6 a 10,5 millones de usuarios entre 2021 y 2025, pero la infraestructura física se encuentra al límite. Los informes estadísticos mensuales constatan que casi la mitad de los trenes de cercanías acumulan retrasos, y las cancelaciones puntuales merman la regularidad del servicio. A este escenario se suma el polémico historial de la renovación de la flota de ancho métrico, bloqueada durante años tras un grave error de diseño por el cual los convoyes proyectados superaban el gálibo de los túneles del Principado, lo que ha vuelto a demorar, una vez más, las entregas previstas. Ante este panorama, el Ejecutivo asturiano ha llegado a valorar fórmulas para asumir parcialmente estas competencias ferroviarias o avanzar en esquemas de cogestión similares al modelo vasco, con el propósito de articular una malla única de transporte coordinada, según recalcó el consejero Alejandro Calvo.

Esta sensación de agravio se extiende al desarrollo de las grandes redes europeas de mercancías. El desarrollo del Corredor Atlántico arrastra una evidente demora acumulada respecto al Corredor Mediterráneo en dotación presupuestaria y plazos de ejecución. Aunque el Principado logró su histórica conexión de alta velocidad tras la apertura de la Variante de Pajares, este hito requirió de años de presión y lobby compartido entre Asturias y Galicia, dado que los trazados originales del Ministerio ni siquiera incluían conexiones con las comunidades. Los problemas se agravan en el presente por las reticencias de Francia a agilizar las conexiones por los Pirineos, sugiriendo posponer los enlaces clave de la red básica hasta el año 2040, lo que podría estrangular el flujo logístico asturiano hacia Europa.

Pero es que la conectividad por carretera también arrastra problemas enquistados y que reciben muy escasa por no decir ninguna, empatía y comprensión por parte de la Administración central; y es el caso del peaje del Huerna, la única autopista entre Asturias con la meseta. La prórroga de esta concesión privada hasta el año 2050, aprobada en el año 2000, constituye un lastre para la competitividad de la comunidad según han denunciado todos los agentes sociales y partidos con representación en el parlamento asturiano. El conflicto ha escalado a la vía judicial tras la negativa del Ministerio de Transportes a revisar de oficio dicha prolongación después de que la Comisión Europea declarara que la prórroga fue irregular porque se concedió 'a dedo'. 

El paso del Huerna no sólo da quebraderos de cabeza a los usuarios por el pago sino que la vía acumula además importantes obras de mantenimiento, y la resolucion inacabada del argayo que la corta en la subida desde Asturias, que hacen que su uso esté sometido a cortes y restricciones sin dejar de cobrar el precio actualizado cada mes de enero. 

Y, si bien es cierto que Asturias está muy lejos de padecer una presión demográfica por aumento de población, sí es un fenómeno que puede darse localmente y en períodos puntuales, porque hay concejos que multiplican sus habitantes en verano y así ha llegado el debate sobre una tasa turística.

El anteproyecto del Principado plantea un recargo municipal voluntario de entre 0,5 y 2,5 euros por noche, cuya recaudación centralizará la administración autonómica para transferirla trimestralmente a los ayuntamientos. Esta medida busca dotar de recursos económicos finalistas a los pequeños municipios asturianos, especialmente los litorales y los de las alas, cuyos servicios públicos de recogida de residuos, abastecimiento de agua y seguridad se multiplican y saturan durante los meses de verano, obligando a los residentes locales a costear los gastos extraordinarios que genera el auge del turismo estival. La medida ha sido acogida con recelo por parte de algunos grupos, pero el Principado ha recaldado su carácter voluntario para los ayuntamientos.