Asturias, Galicia y Castilla y León sellan su alianza para que la UE obligue al Gobierno a liberalizar la AP66 y la AP9

Representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León y de las principales asociaciones patronales en esos territorios han anunciado este jueves que pedirán a la Comisión Europea (CE) que presione a España con un procedimiento de sanción para que cumpla el dictamen motivado sobre las autopistas de peaje AP-9 y AP-66. Para este fin se han reunido en Santiago de Compostela, donde han constituido la Alianza del Noroeste, en la que también participa el movimiento En-Colectivo, que inició la denuncia en el año 2019 contra la ampliación de estas concesiones.

Fruto de esta denuncia, admitida a trámite en el año 2021, comenzó un expediente que culminó en julio de 2025 con la emisión de un dictamen motivado que califica como ilegales las ampliaciones de las concesiones de estas vías decididas a principios de los años 2000.

Según han denunciado en conferencia de prensa, el Gobierno no ha hecho nada desde la emisión del dictamen «de obligado cumplimiento», por lo que los ciudadanos y los transportistas de estos territorios del noroeste peninsular siguen pagando las consecuencias.

Por este motivo, tras la firma del documento que constituye esta alianza entre administraciones, organizaciones patronales y sociedad civil, una de las primeras medidas será pedir por carta una reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

De este modo, según ha explicado el consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo Rodríguez, los firmantes de la Alianza pretenden que la Comisión Europea presione a España e incluso la «amenace» con sanciones si continúa con el incumplimiento del dictamen motivado emitido el pasado mes de julio, hace casi un año.

El procedimiento en el TJUE demoraría el proceso hasta ocho o nueve años

La vía elegida es un paso «intermedio» para aumentar la presión sobre España, ha dicho Calvo, ya que el asunto terminará por acabar en la justicia europea, un procedimiento que dilataría el proceso y continuaría perjudicando durante años a transportistas y ciudadanos en general.

De hecho, el promotor del colectivo que inició la denuncia ante las autoridades europeas, Diego Maraña, ha asegurado que la llegada del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo al que tendría que remitirlo la Comisión, «dilataría el proceso entre ocho y nueve años».

Maraña ha destacado que la Alianza nace con los objetivos de exigir que se cumpla la legalidad; impulsar la anulación de la ampliación de las concesiones de ambas vías y que sean gratis para todos los usuarios. «Es una gran oportunidad para que en julio de 2027 estas demandas sean una realidad para todos los ciudadanos de estas tres regiones», ha asegurado.

Factor de competitividad, crecimiento y cohesión

Tanto los representantes políticos como los empresariales han destacado que la demanda no solo es justa y legal, sino que además contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas situadas en el noroeste; mejoraría su crecimiento, la movilidad de sus ciudadanos y cohesionaría los territorios.

Todos han incidido en que esta alianza persigue hacer ver al Gobierno que independientemente del color político de los ejecutivos de cada comunidad o de los intereses empresariales en uno u otro territorio existe «unidad de acción» y una demanda conjunta de toda la sociedad sobre esta cuestión.

Tanto la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue, como la secretaria general de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez Loranca y el propio Alejandro Calvo (Principado) han lamentado que hayan tenido que acudir a los tribunales para el Gobierno les deje acceder a la documentación del expediente abierto por Bruselas y también al posicionamiento de España.

Allegue, además, ha insistido en que el Parlamento gallego pidió por unanimidad al Gobierno el rescate y la transferencia de la AP-9 a Galicia y con la «financiación correspondiente»; es decir, sin costes para las arcas autonómicas, ha dicho.

El caso asturiano: una «salvaguarda» para que la justicia se pronuncie sobre el fondo

El consejero asturiano, Alejandro Calvo, ha destacado, además, que en el caso de su comunidad hay una «salvaguarda», que es el recurso ante el Tribunal Supremo. Asturias, ha explicado, parte de una situación previa, y es que ya había solicitado la revisión del expediente de la ampliación de la concesión de la AP-66, que les fue denegado por «razones temporales» sin entrar en el fondo de la cuestión.

Por eso ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo con el fin de que en caso de que la vía de la justicia europea se dilate en el tiempo sea el tribunal español el que entre en el fondo de la cuestión en un plazo más breve. «El Gobierno no está dando una respuesta satisfactoria», ha zanjado el consejero asturiano.

A la reunión de este jueves en Santiago han asistido también Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); Juan María Vallejo Fernández, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios; y María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios.