La Asturias que integra

Asturias necesita inmigración y además sabe integrar. Esta breve reflexión permite resumir la manera en que nuestra tierra, que reivindica con orgullo una larga tradición migratoria y una identidad profundamente integradora, afronta el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España. La memoria histórica explica en gran medida que seamos una comunidad solidaria, plural y respetuosa, abierta a facilitar la integración de quienes llegan de fuera a construir junto a nosotros una Asturias mejor. 

Esta regularización debe analizarse desde un doble punto de vista. Por un lado, se trata de una cuestión de justicia social, de fortalecimiento de nuestro modelo de convivencia y de compromiso con el valor de la cohesión social. 

Por otro, no podemos olvidar que España —y de forma particular Asturias— afrontarán en las próximas décadas uno de los mayores retos de la historia reciente: el envejecimiento acelerado de la población y la reducción progresiva de personas en edad de trabajar. Sectores clave de nuestra estructura económica como la agricultura, el turismo o los cuidados no podrían sostener su actividad sin la llegada de trabajadores extranjeros. Sin inmigración, el mercado laboral se debilitaría, el crecimiento económico se reduciría y disminuirían los ingresos públicos necesarios para sostener nuestro apreciado y sólido estado de bienestar. 

La regularización da por tanto respuesta a esos dos enfoques. Es una cuestión de justicia social, y al mismo tiempo contribuye a potenciar nuestro mercado de trabajo, a garantizar la existencia de los suficiente recursos públicos para garantizar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales y nuestras pensiones. 

En Asturias sabemos bien de lo que estamos hablando. Gracias a las políticas demográficas y de retorno que han impulsado los gobiernos socialistas, en nuestra comunidad y en España, y a la llegada de personas procedentes de otros países, estamos consiguiendo revertir el «invierno demográfico» que no hace mucho se pronosticaba y estamos manteniendo e incrementando el nivel de población necesario para que nuestra economía crezca y nuestro estado de bienestar se fortalezca. 

Pensar en la inmigración como un problema, como de forma tan lamentable y torticera hacen las fuerzas de la derecha, supone, además de atentar contra el valor de la justicia social, ignorar una evidencia incuestionable: sin personas que trabajen, que coticen y que cuiden, no hay bienestar ni futuro. Necesitamos una inmigración regulada que contribuya al progreso social y económico de nuestra tierra, y eso es precisamente lo que persigue este proceso de regularización extraordinaria. 

Comenzaba este artículo con una reflexión breve, y concluyo con otra que persigue ese mismo fin: documentar a las personas es de justicia social para la fijación de un marco compartido de derechos y obligaciones que permita avanzar en el impulso de una economía pujante y moderna y en el sostenimiento de un estado de bienestar que atienda las necesidades de todos y todas.